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La Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con información del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), reveló que, a 45 días de paro de actividades en juzgados y tribunales del país, se han impedido la realización de unas 9 mil audiencias en todas las materias del ámbito federal y ha ocasionado un daño económico de cerca de 8 mil 307 millones 834 mil 216 pesos.
El organismo también detalló que la afectación ha sido en todos los ámbitos: audiencias en juicios penales, administrativos, laborales, de amparo, de cambio de medidas cautelares, de sentencia, de extradición, de extinción de dominio y de autorizaciones para intervención de comunicaciones.
Hay que recordar que el paro estalló el 19 de agosto, luego de que los trabajadores rechazaran la reforma al Poder Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal aseguró que hasta la fecha los trabajadores siguen recibiendo salarios y prestaciones de los trabajadores, por lo que operación resulta en una erogación del gasto público de 188 millones 814 mil 414 pesos.
Ese recurso es el presupuesto destinado a los 430 juzgados de distrito, 260 tribunales colegiados, 132 tribunales laborales federales, los cuatro plenos regionales, 39 tribunales de apelación y el Centro de Justicia Penal Federal.
Los trabajadores también piden un pago de un mes de salario integrado por gastos extraordinarios en el paro.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2021 el Poder Judicial de la Federación estaba integrado por 53 mil 160 empleados, de los cuales 3 mil 725 adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mil 830 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 47 mil 605 al Consejo de la Judicatura Federal.
Casos relevantes
El organismo señala que, entre los casos notables de reducción de diligencias, incluso con atención a casos urgentes, está Almoloya de Juárez, por donde pasa la mayoría de asuntos de delincuencia organizada de alto impacto, donde se realizaban 6.96 audiencias y a partir del paro son 3.69.
Un segundo sitio en el que se desahogan casos relevantes, Puente Grande, de 14.71 audiencias pasó a 6.23 y de cinco causas penales por día quedó en 1.5.
El INE explicó que los trabajos logísticos, administrativos y las licitaciones de servicios no pudieron avanzar durante este tiempo.
Los manifestantes también rechazaron la reforma judicial que impulsa el presidente, Andrés Manuel López Obrador
Esta aprobación se produce en medio de un paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial y diversas manifestaciones en contra de la propuesta.
Dos sujetos llegaron previo a la apertura de la casilla 1768 ubicada en la calle Churubusco y sustrajeron las boletas.
Esta es la mayor reforma al sistema desde la llevada a cabo por el presidente Ernesto Zedillo en 1994, la cual resultó en la formación del Consejo de la Judicatura Federal y la reestructuración de la Corte.
Los principales riesgos del Proceso Judicial son la falta de certeza jurídica; así como de transparencia y los recortes presupuestales.
Los ministros que n queden electos en las votaciones, serán acreedores al pago de tres meses de salario integrado.
Especialistas aseguran que se han dejado de atender cerca de 9 mil audiencias
La ministra Yasmín Esquivel Mossa dio a conocer que su propuesta fue rechazada por lo que el Comité no puede retomar las labores.
La solicitud de Yunes Márquez se dio durante la sesión en la que se prevé la primera lectura del dictamen de la reforma al Poder Judicial.
La configuración que ahora se propone en la reforma al poder judicial no es un esquema nuevo.
Permanecerán en paro hasta que se cumplan sus demandas, entre ellas, detener la reforma al Poder Judicial impulsada por AMLO
Carso buscó revertir fallo que calificó como injusto el acuerdo con víctimas del colapso.
Larry Diamond criticó la propuesta de AMLO de elegir a integrantes del Poder Judicial por voto popular, argumentando que pondría en riesgo la imparcialidad y la capacidad del sistema judicial.
Dicha acción podría dificultar una eventual defensa en caso de que los empleados sean sancionados por las autoridades, aseguró el sindicato.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera