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Este miércoles, 4 de septiembre, los trabajadores y el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta cerraron la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La decisión se tomó horas después de que ocho magistrados y magistradas del máximo tribunal del país se unieran al paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en protesta contra la aprobación de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en la madrugada del mismo día.
Rosalba Rodríguez Mireles, secretaria de Estudio y Cuenta de la Corte, aclaró que el cierre no significa la clausura de la justicia. Explicó que, aunque se cierre la SCJN, “no estamos clausurando la justicia constitucional. La Suprema Corte continuará tramitando cualquier asunto considerado urgente. No estamos en huelga, tampoco estamos de brazos cruzados. Nosotros destinamos nuestro tiempo, conocimiento y voluntad a acompañar las manifestaciones a nivel nacional contra esta reforma, así como a informar sobre los riesgos que representa para la sociedad mexicana.”
Rodríguez Mireles subrayó que el cierre de las instalaciones de la Corte es un acto de apoyo al paro de actividades en el poder judicial. Añadió que la suspensión no es ilegal, a pesar de las afirmaciones de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz.
Por otro lado, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentarán su postura respecto a la aprobación de la Reforma Judicial. A pesar de la situación, las actividades en la Facultad de Derecho de Acatlán, parte de la máxima casa de estudios, se desarrollaron con normalidad durante el día.
Con vallas en pasillos y escalinatas, los manifestantes portaron pancartas donde se leía: “silencio por la justicia” y “somos tres poderes, el Judicial es el que protege”.
El gobierno de la ciudad registró 19 convocatorias de organizaciones de trabajadores que tendrán como puntos de concentración diferentes sitios.
La falta de mantenimiento en el sistema de aguas, ocasionó que esa tarde, una de las bombas fallara en la marcha.
Especialistas de México, Argentina, Perú y Colombia, exhortaron a los ministros de la SCJN a negar el amparo contra el etiquetado frontal a empresas que cuestionan su constitucionalidad.
La anterior sumisión del exministro Arturo Zaldívar y su actual filiación morenista evidencian los intentos del Presidente de debilitar y controlar al Poder Judicial.
El paro parcial se realiza en las entradas a la capital mexicana, en las casetas México-Puebla y México-Pachuca.
La Jufed confirmó que el 50 por ciento de estos dimitieron a sus cargos
Para los 10 millones que trabajan en microempresas, y muy probablemente también para los cuatro millones de las pequeñas, la Ley Federal del Trabajo (LFT) es letra muerta.
Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
Un informe del Observatorio de Trabajo Digno revela que de 21.4 millones de mexicanos que pertenecen al trabajo formal, sólo 4.6 millones cuentan con un salario superior a los 20 mil pesos mensuales.
Son 4 mil 768 personas contratadas bajo el régimen de honorarios los que podrían perder su empleo.
Los colectivos Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos, en apoyo con la ONG Nosotrxs plantearon a las diversas plataformas mejores condiciones de trabajo.
Al declarar inconstitucional el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la criminalización absoluta del aborto, se pone a la SCJN a la par de los tribunales constitucionales de avanzada en el mundo.
La Judicatura federal instó a los empleados a regresar a sus áreas de trabajo, advirtiendo que no existe una normativa que justifique la prolongación del paro.
Mario Aburto fue condenado por el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera