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Este miércoles, 4 de septiembre, los trabajadores y el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta cerraron la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La decisión se tomó horas después de que ocho magistrados y magistradas del máximo tribunal del país se unieran al paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en protesta contra la aprobación de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en la madrugada del mismo día.
Rosalba Rodríguez Mireles, secretaria de Estudio y Cuenta de la Corte, aclaró que el cierre no significa la clausura de la justicia. Explicó que, aunque se cierre la SCJN, “no estamos clausurando la justicia constitucional. La Suprema Corte continuará tramitando cualquier asunto considerado urgente. No estamos en huelga, tampoco estamos de brazos cruzados. Nosotros destinamos nuestro tiempo, conocimiento y voluntad a acompañar las manifestaciones a nivel nacional contra esta reforma, así como a informar sobre los riesgos que representa para la sociedad mexicana.”
Rodríguez Mireles subrayó que el cierre de las instalaciones de la Corte es un acto de apoyo al paro de actividades en el poder judicial. Añadió que la suspensión no es ilegal, a pesar de las afirmaciones de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz.
Por otro lado, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentarán su postura respecto a la aprobación de la Reforma Judicial. A pesar de la situación, las actividades en la Facultad de Derecho de Acatlán, parte de la máxima casa de estudios, se desarrollaron con normalidad durante el día.
De acuerdo con el análisis de México, Cómo Vamos (MCV), sobre el inicio del sexto año de gobierno de AMLO, al cierre de este 2023 se registran 48.3 millones de mexicanos que no tienen los ingresos suficientes para alimentar a sus familias.
La movilización busca manifestar el rechazo al cobro de piso, exigir justicia por el homicidio de un conductor y frenar la creciente inseguridad que afecta al sector.
La conferencia que impartirá el Ing. Aquiles Córdova, destacará la vigencia del pensamiento del líder de los bolcheviques que, a 100 años de su muerte, su pensamiento aún resuena en millones de hombres y mujeres que buscan una sociedad más justa para todos.
Con vallas en pasillos y escalinatas, los manifestantes portaron pancartas donde se leía: “silencio por la justicia” y “somos tres poderes, el Judicial es el que protege”.
En fecha reciente, sobre todo cuando se celebró el Día Internacional de la Salud Mental, se presumió que próximamente se brindará este servicio a los trabajadores para que gocen de mayor bienestar.
Las presiones se atribuyeron a José Carlos Acosta, exalcalde de Xochimilco y actual coordinador general de Capital Humano del gobierno capitalino.
Dicha acción podría dificultar una eventual defensa en caso de que los empleados sean sancionados por las autoridades, aseguró el sindicato.
Para los 10 millones que trabajan en microempresas, y muy probablemente también para los cuatro millones de las pequeñas, la Ley Federal del Trabajo (LFT) es letra muerta.
La SCJN desechó la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.
El líder sindical explicó que las prestaciones plasmadas en el Contrato Colectivo de Trabajo y la Reforma Judicial no afectarán esas condiciones laborales e insistió en que los fideicomisos no deben generar preocupación.
La economía de México es enfermiza, distorsionada y dependiente; maquiladora, vendedora de fuerza de trabajo barata y en condiciones precarias, que basa su relativo éxito en el empobrecimiento de sus trabajadores.
La OCDE reveló que el promedio de trabajo anual de México es de 2,137 horas, cuando el promedio del organismo internación es de 1,730 horas. Según el INEGI, 8 millones de mexicanos trabajan más de 56 horas semanales.
Desde abril, la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen para disminuir la jornada laboral; pero, no logró pasar al pleno.
La SCJN invalidó el cinco de abril la facultad que los legisladores de Morena otorgaron en 2019 a López Obrador para que decidiera por decreto el destino de los ahorros generados por su “política de austeridad”.
Alrededor de 1.7 millones de personas dependen exclusivamente de propinas.
Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera