Nadie esperaba un golpe fallido en Corea del Sur a pesar de que se ubica en una región donde miden sus fuerzas Estados Unidos (EE. UU.) y la República Popular China (RPCh); pero el martes tres de diciembre, a las 11:00, el presidente Yoon Suk-Yeol conmocionó al mundo al decretar la Ley Marcial, que horas después retiró.

El presidente surcoreano justificó el sobresalto político que representa la declaratoria de Ley Marcial con la acusación –que hasta ahora no ha demostrado– de que el opositor Partido Demócrata (PD) simpatiza con la República Popular Democrática de Corea (Norcorea) y que participa en “actividades anti-estatales”.

Con este decreto, el presidente entregó el control del país a los militares; este grave aspecto, sin embargo, no fue reseñado con la dimensión requerida por la prensa corporativa; ya que implicó la ocupación de la Asamblea Nacional por tropas y policías y su despliegue en la capital, Seúl, y otras ciudades del país.

El presidente invocó el Artículo 77 de la Constitución, que lo faculta para imponer la Ley Marcial, sin que hubiese razón para ello. La aplicación de esta norma únicamente se justifica cuando existe alguna situación de emergencia, como una amenaza militar; ya que autoriza que los mandos militares asuman temporalmente el gobierno.

También faculta al Ejecutivo a limitar las libertades de prensa, reunión y asociación. Por ello, todos los medios de información quedaron bajo control militar, incluido el personal médico, que se encontraba en huelga y al que se ordenó reanudar su trabajo en 24 horas.

Pero Yoon nunca justificó la acusación de que Norcorea estuviera amenazando militarmente a Corea del Sur; por ello, minutos después de conocer la decisión del presidente, de forma novedosa e inesperada, los partidos surcoreanos condenaron el decreto de Ley Marcial y lo calificaron de inconstitucional.

No obstante, todo ciudadano y político del país tuvo bien claro que, detrás de la decisión presidencial se hallaba su insistencia por lograr que la Asamblea Nacional aprobara su presupuesto de 2025. Esa cuestión ha confrontado a la oposición –mayoría– con su Partido del Poder Popular (PPP), sobre el que pesan serias sospechas de corrupción.

Al argumentar las razones del decreto, el presidente criticó las 22 mociones de juicio político contra funcionarios de su gobierno solicitadas por la oposición. En represalia, y sin sustentar sus argumentos, acusó a Norcorea de amenazar militarmente la seguridad del territorio nacional.

En cuanto la Ley Marcial fue aplicada, el líder del PD, Lee Jae-Myung, instó a sus colegas de otros partidos en la Asamblea Nacional para votar en contra. Al conocer la decisión del presidente, miles de ciudadanos salieron a las calles para rechazarla porque limitaba el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Miles de agentes de la policía y miembros de las fuerzas armadas coartaron esas manifestaciones en las principales ciudades del país. Entretanto, preocupados porque la Ley Marcial podría prolongarse, los ciudadanos empezaron las compras de pánico.

El presidente apareció a las 23:00 en la televisión para leer el decreto; y en la medianoche el precio de los productos enlatados ya había aumentado 300 por ciento, los fideos instantáneos 200 por ciento, así como el arroz, el agua embotellada y las pilas.

Dos horas después, pese a las barricadas militares, los legisladores de oposición y oficialistas se abrieron paso hasta llegar a la asamblea; convocaron a sus colegas y votaban en sesión nocturna por unanimidad contra el decreto. Éste había sido aprobado por 190 de los 300 miembros de la Asamblea Nacional.

Hacia las 4:30 de la madrugada, enterado del resultado de la votación unánime en el parlamento, “un vencido” presidente Yoon anunció que revocaría su decisión. En un comunicado confirmó el retiro de las tropas enviadas por él a zonas estratégicas, aunque reiteró su convicción de que había sido una medida correcta. Y aunque en la mañana su equipo había ofrecido dimitir en masa, el presidente retrasó la orden para que las fuerzas armadas se retiraran a sus cuarteles; pero entonces, los ciudadanos presionaron más frente al Parlamento. Por ello, la calma volvió muy lentamente a los hogares y las instituciones.

Desde hace décadas, en este país aliado de EE. UU. en esa región de Asia, permean las tensiones políticas debido a graves problemas como el de la corrupción gubernamental. La crisis de gobernabilidad detonada por el presidente Yoon anticipa que Surcorea será uno de los grandes riesgos para la estabilidad en el Extremo Oriente en 2025.

Caída inminente

La crisis-relámpago innecesariamente atizada por Yoon Suk-Yeol lo llevó a perder la escasa confianza político-social que tenía, que era de solamente 25 por ciento de la población surcoreana. Su caída se prevé inminente. Los seis partidos opositores, encabezados por el PD, han pedido su destitución, para la que se requiere un juicio político que sólo duraría unos días.

El PD tiene 192 escaños, ocho menos que los 200 necesarios para destituirlo. De forma inédita, el PPP, del mandatario en el poder, también rechazó la Ley marcial, por lo que resulta muy probable que los nueve miembros del Tribunal Constitucional sancionen su mala conducta.

Un día después del suceso, los analistas políticos coreanos evaluaron su actitud como “extraña”, “políticamente perjudicial para el presidente” y “vergonzosa”. Algunos han atribuido a sus asesores doble intención en la toma de sus decisiones. 

El mandatario, como sus antecesores en el gobierno, está bajo la lente de la Justicia por escándalos que involucran a su esposa y altos funcionarios. Sin embargo, se ha opuesto a investigaciones independientes que confirmen o desestimen esas sospechas. No es probable que Yoon dimita, y si es llevado a juicio, sería relevado por el primer ministro Han Duck-soo hasta las nuevas elecciones.

Futuro oscuro

Ante la inminente salida del presidente y el ascenso de las fuerzas de oposición (progresistas) al poder, se oscurecerán las perspectivas políticas futuras de EE. UU. y Japón en esa región, estima el experto regional Euan Graham.

El suceso del tres de diciembre midió la capacidad de reacción del presidente estadounidense Joseph Biden, quien está con un pie fuera de la Casa Blanca y dibuja escenarios muy complejos para el futuro del imperialismo yanqui en una región estratégica donde se desempeña con toda su fuerza para frenar a China.

El presidente Suk-Yeol diseñó su política exterior con base en tres premisas: endurecer su relación con Norcorea, abrazar a EE. UU. y confirmar sus relaciones con Japón en materia de defensa y de reactivación del intercambio de inteligencia. 

Detrás de ambas se encuentra la estrategia de seguridad imperial estadounidense que en Surcorea y Japón tiene a sus aliados más firmes en esa región, donde compite con China y Rusia. Sin embargo, esa cercanía no agrada a gran parte de la sociedad surcoreana que mantiene vivo el recuerdo de las heridas dejadas por la ocupación nipona de 1910 a 1940.

Después de esta crisis está en juego algo fundamental: su relación con EE. UU. Oficiosamente, el agonizante gobierno de Joseph Biden se apresuró a declarar que en Seúl se mantenían la paz y el orden. “Seguimos esperando que los desacuerdos políticos se resuelvan de forma pacífica y conforme con el Estado de derecho”, declaró Antony Blinken, el Secretario de Estado.

EE. UU. proyecta su poder en ese espacio con 30 mil tropas con el alegato de un “posible ataque” de Pyongyang, que no ha llegado en más de 60 años. Entretanto, Seúl ha acatado la solicitud de Washington para dotar de municiones a Ucrania.

Además de este apoyo militar, Washington alardea frente a Norcorea que su protegido pasó de ser nación agrícola a un enclave tecnológico con una economía desarrollada, cuyo valor es de dos billones de dólares.

Ante el conflicto político suscitado en Seúl, Beijing manifestó que espera que el gobierno fallido de Yoon tome precauciones para garantizar efectivamente la seguridad de las instituciones y los ciudadanos chinos. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, advirtió que no comentaría los sucesos y se limitaba a mantener su postura “inmutable” sobre la cuestión de la Península Coreana.

El futuro de ese Estado depende de quién suceda a Yoon como próximo líder. Pero queda claro que comenzará su gestión a la defensiva, ante otro mandato de Donald Trump en EE. UU., de quien se espera que evite otra crisis similar.

Para las élites surcoreanas, el escenario más difícil se vislumbra precisamente en el escepticismo de Trump hacia el mantenimiento de la alianza con Seúl en los términos fijados por Biden. Después del desliz de Yoon, nadie espera que el magnate dispense un trato amable a Surcorea; y expertos de la poderosa corporación Northron Grumman incluso presumen que podría borrar la alianza.

En cuanto a Japón, la oposición liberal pretende revertir los avances estratégicos, como el Acuerdo General de Seguridad de la Información Militar. Se trata de un sistema de intercambio de inteligencia pactado en 2016 interrumpido en 2019 y que se reinició en 2023.

La suspensión de este pacto sería una medida antijaponesa fácil para el sucesor de Yoon, aunque Tokio respondería con una campaña de críticas contra el nuevo liderazgo surcoreano, estima Leonid Petrov, de la Universidad Nacional Australiana.

Para frenar los vínculos con Japón y justificar el juicio político, la oposición citó la cercanía de Yoon con esta nación. El documento presentado en la asamblea cita que “se adhirió a una peculiar política exterior centrada en Japón”.

Estado cooptado

La corrupción cuestiona la potencia industrial-tecnológica. La meritocracia surcoreana se ha sustentado durante décadas en la tradición confuciana Yangbang contra la población. En el índice de corrupción de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Surcorea ocupa el sitio 31, apenas seis lugares debajo del Estado más corrupto.

Resulta paradójico que el presidente Suk-Yeol haya liderado la cruzada anticorrupción en 2018. Corea del Sur “tiene un problema grave de corrupción al más alto poder”, revela un diagnóstico de la escuela de Estudios Asiáticos de la Universidad de Toronto, Canadá.

Sus más altas autoridades han protagonizado escándalos de corrupción, a pesar de ser un país con “buena calificación en términos democráticos”. Por ello, protestan los ciudadanos y éstos lograron la destitución de la presidenta Park Geun-hye, finalmente ordenada por la Corte Constitucional.

Hoy, ese descontento se expresa en la huelga de miles de médicos, que estalló el 20 de febrero; protestan contra el plan del gobierno de incrementar dos mil plazas estudiantiles en las facultades de medicina hasta cinco mil 50. 

Para el Ministerio de Salud, es una medida para satisfacer la demanda de médicos, especialmente destinadas a las zonas rurales, donde faltan pediatras, especialistas en cirugía cardiotorácica y obstetricia. Los huelguistas alegan que se trata de una decisión unilateral y que deben aumentarse sólo 350 plazas para no afectar la calidad educativa.

Afirman también que la inversión debe encaminarse hacia sectores determinados y piden reforzar la protección legal de los médicos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Surcorea no ha aumentado el número de profesionales de la salud desde hace 27 años y tiene menos médicos por cada 100 habitantes que México, Polonia, Colombia y Turquía.

Con la huelga, más de 70 por ciento de los médicos abandonaron sus puestos en hospitales, aunque se les amenazara con suspender sus licencias y procesarlos judicialmente, porque el paro ya causó la cancelación de tres cuartas partes de las cirugías programadas. Sin embargo, la Asociación de Médicos anunció que se mantendría y éstos han ganado fuerza. 

Norcorea, clave en la ecuación

Es muy poco probable que la República Popular Democrática de Corea actúe si prospera un juicio político contra el presidente surcoreano. Son muchos los analistas prooccidentales que insisten en que Pyongyang fraguará una provocación: “no se descartaría que Norcorea utilice el desorden político-militar de Seúl con fines propagandísticos en favor de su gobierno”, afirma Leonid Petrov.

Hoy, Norcorea está centrada en sus propios desafíos y no dejará de atenderlos por lo que suceda en el sur, aunque un cambio le favorecería, porque Surcorea ya no sería una amenaza.

La nación coreana, aunque dividida políticamente, siempre ha favorecido el diálogo y su reunificación. Tal fue el histórico encuentro de 2019 con el que se creó la zona desmilitarizada en su frontera común, con la participación de Donald Trump y Kim Jong-Un. Éste fue el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un líder norcoreano en esa región estratégica.

La diplomacia fue tan atinada que, por un momento, Kim cruzó con Trump hacia el lado surcoreano. No se descarta que después del 20 de enero el mundo pueda atestiguar una imagen similar, pues Norcorea resulta fundamental en la ecuación Occidente-Oriente.

Las Coreas: botín estratégico

La capitalista República de Corea (Surcorea) comparte la estratégica Península con la socialista República Popular Democrática de Corea (Norcorea). En 1945, ambas integraban un solo país hasta su escisión, producto de la Guerra Fría. Desde entonces, estas naciones viven separadas por una frontera de mil 100 kilómetros.

Desde una visión geoestratégica, las Coreas comparten con Japón y China un entorno territorial de 99 mil 720 kilómetros cuadrados. Ése es el espacio de encuentro –y crispación– de tres dominios estratégicos: el oriental, que domina China; el euroasiático, dominado por Rusia; y el marítimo, perteneciente a EE. UU.

Este dominio hizo de Surcorea su instrumento regional. De ser una nación subdesarrollada y agraria en la década de 1970, se convirtió en un centro de exportación tecnológica por el impulso de sus políticas industriales que aprovecharon la tecnología extranjera, principalmente estadounidense

Sus élites, en coordinación con EE. UU., alentaron una economía basada en el conocimiento de la electrónica y el uso de las telecomunicaciones. De ahí su despegue económico. La reunificación de la península únicamente será posible cuando concurran estos poderosos intereses y las tres potencias encuentren una fórmula eficaz para crear un puente de diálogo y cooperación que permita su desmilitarización y libre apertura.