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Austeridad y órganos autónomos
Lo hasta ahora planteado por el Presidente es una peligrosa regresión autoritaria, contraria a la Constitución y tendiente a crear una dictadura en el país.
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Una de las políticas más enunciadas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la supuesta austeridad republicana que, desde el inicio de su administración, ha aplicado mediante recortes y más recortes al gasto de distintas áreas gubernamentales. En su II Informe de Gobierno, el Presidente presumió que el resultado de dicha política ha sido el ahorro de 1.3 billones de pesos (mdp) en el gasto público, aunque hasta hoy no se ha tomado la molestia de aclarar de dónde y cómo rescató ese dinero, ni en qué lo ha gastado y dónde puede verse reflejado ya que, como hemos visto, hay escasez de medicamentos e insumos médicos, entre otras necesidades.  

En los primeros días del año, so pretexto de la famosa austeridad, el Presidente afirmó que en la estructura gubernamental existe una serie de órganos autónomos superfluos (según él) que deberían desaparecer, señalando de manera directa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a los que atribuye gastos de mdp que pueden ahorrarse, porque asegura que las actividades de estos órganos pueden efectuarse por algunas secretarías como las de la Función Pública (SFP) y Comunicaciones y Transportes (SCT), subordinadas y a sus órdenes.

Además de remarcar lo engañoso del argumento de la famosa austeridad republicana con el que pretende desaparecer a los órganos autónomos, es necesario advertir que la razón de fondo en su propuesta no es otra que desmantelar las instituciones que sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo y acumular todo el poder del Estado mexicano en sus manos, aunque esto signifique un gran retroceso para la democracia y el Estado de Derecho. Decimos esto a propósito de la creación de los órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, el IFT, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras instancias, tienen su explicación en la necesidad de sujetar a la Constitución los actos del “presidencialismo todopoderoso” que existía, que gozaba de amplios márgenes de maniobra y discrecionalidad, y cuyo funcionamiento no era compatible, de ningún modo, con el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional del país. Por ello, la aparición de los órganos autónomos trajo consigo la disminución o la eliminación de algunas facultades presidenciales, como es el caso de la organización de las elecciones; el surgimiento de procesos de fiscalización externos al propio Poder Ejecutivo y varias obligaciones impuestas al Presidente para que rinda cuentas a la nación, entre las que se halla la de entregar información pública solicitada por la ciudadanía sobre contratos, licitaciones, actos relevantes de gobierno, etc., que tienden a garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia en el gasto gubernamental, tarea que realiza el INAI.

Por todo esto, lo hasta ahora planteado por el Presidente es una peligrosa regresión autoritaria, contraria a la Constitución y tendiente a crear una dictadura en el país, que no conviene a nadie y que, por muchos años y a través de distintos mecanismos, se ha intentado evitar en México. Veamos este peligro y actuemos en consecuencia de cara a los próximos. 


Escrito por Maribel Rodríguez

Colaboradora


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