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Una de las políticas más enunciadas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la supuesta austeridad republicana que, desde el inicio de su administración, ha aplicado mediante recortes y más recortes al gasto de distintas áreas gubernamentales. En su II Informe de Gobierno, el Presidente presumió que el resultado de dicha política ha sido el ahorro de 1.3 billones de pesos (mdp) en el gasto público, aunque hasta hoy no se ha tomado la molestia de aclarar de dónde y cómo rescató ese dinero, ni en qué lo ha gastado y dónde puede verse reflejado ya que, como hemos visto, hay escasez de medicamentos e insumos médicos, entre otras necesidades.
En los primeros días del año, so pretexto de la famosa austeridad, el Presidente afirmó que en la estructura gubernamental existe una serie de órganos autónomos superfluos (según él) que deberían desaparecer, señalando de manera directa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a los que atribuye gastos de mdp que pueden ahorrarse, porque asegura que las actividades de estos órganos pueden efectuarse por algunas secretarías como las de la Función Pública (SFP) y Comunicaciones y Transportes (SCT), subordinadas y a sus órdenes.
Además de remarcar lo engañoso del argumento de la famosa austeridad republicana con el que pretende desaparecer a los órganos autónomos, es necesario advertir que la razón de fondo en su propuesta no es otra que desmantelar las instituciones que sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo y acumular todo el poder del Estado mexicano en sus manos, aunque esto signifique un gran retroceso para la democracia y el Estado de Derecho. Decimos esto a propósito de la creación de los órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, el IFT, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras instancias, tienen su explicación en la necesidad de sujetar a la Constitución los actos del “presidencialismo todopoderoso” que existía, que gozaba de amplios márgenes de maniobra y discrecionalidad, y cuyo funcionamiento no era compatible, de ningún modo, con el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional del país. Por ello, la aparición de los órganos autónomos trajo consigo la disminución o la eliminación de algunas facultades presidenciales, como es el caso de la organización de las elecciones; el surgimiento de procesos de fiscalización externos al propio Poder Ejecutivo y varias obligaciones impuestas al Presidente para que rinda cuentas a la nación, entre las que se halla la de entregar información pública solicitada por la ciudadanía sobre contratos, licitaciones, actos relevantes de gobierno, etc., que tienden a garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia en el gasto gubernamental, tarea que realiza el INAI.
Por todo esto, lo hasta ahora planteado por el Presidente es una peligrosa regresión autoritaria, contraria a la Constitución y tendiente a crear una dictadura en el país, que no conviene a nadie y que, por muchos años y a través de distintos mecanismos, se ha intentado evitar en México. Veamos este peligro y actuemos en consecuencia de cara a los próximos.
“No sabemos dónde está, no lo hemos visto. Suponemos que permanece en alguna actividad propia de la Coordinación”, expresaron los legisladores de Morena.
La alcaldesa Yolanda Sánchez había denunciado “presiones” en su contra de parte del crimen organizado. Ahora fue privada de su libertad este sábado poco antes de las 19.00 horas en Zapopan.
De acuerdo con el portal Declaranet de la Secretaría de la Función Pública, García Vilchis tiene un ingreso de 698 mil 800 pesos anuales, es decir 58 mil 233 pesos al mes.
El arranque anticipado de la carrera por la sucesión presidencial en 2024 demuestra lo que señala nuestro Reporte Especial: las promesas presidenciales y la campaña electoral permanente tienen el mismo objetivo que en 2018.
No hay duda, por último, de que cuando AMLO habla de moral, lo hace invocando la moral burguesa, la del poder político, la que controla la economía y las leyes, y no la moral humanitaria de las clases trabajadoras del pueblo mexicano.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que las farmacéuticas de Lomelí han obtenido contratos del Gobierno Federal, que encabeza su amigo López Obrador, pese al descrédito de su renuncia obligada como “Superdelegado” en Jalisco en 2019.
En su novela El otoño del patriarca, el escritor Gabriel García Márquez, cuenta la historia de un dictador eternizado en el poder que a medida que lo alcanza la edad aumenta su maltrato a los ciudadanos y se vuelve cada vez más sanguinario.
La llamada “Cuarta Transformación” no ofrece nada. El gobierno lópezobradorista ha cumplido ya su primera mitad y ante sus resultados evidentes el pueblo debe estar consciente de que su suerte no cambiará, que fue víctima de un nuevo engaño.
Kamala Harris aseguró que dejó muy claro tanto a México como a Guatemala que dejen a las ONG’s y a la prensa hacer su trabajo en paz.
Claudia Sheinbaum como Presidenta electa de México para el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.
Ocho de cada 10 contratos que el gobierno de López Obrador suscribe para sus compras, son adjudicación directa (80%), práctica que más propicia actos de corrupción, según los especialistas.
No se avizora solución a la desproporción entre la recaudación federal y los estados y municipios, con la 4T. López Obrador se niega en redondo a modificar el régimen fiscal, protegiendo así a las grandes fortunas y dañando a los pobres.
Antes de concluir la sesión, el diputado Federico Döring Casar criticó la actitud de los legisladores del partido oficial, debido a que al pedir pase de lista se confirmó que no había diputados para seguir con la orden del día.
“84 personas asesinadas al día es una cifra brutal… Estamos en un promedio de 28 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, una cifra fatal”, señaló Xóchitl Gálvez.
¿En esta coyuntura, qué le conviene más o le perjudica menos al pueblo y a su obligada y urgente lucha por un mejor reparto de la riqueza?
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.