Por posible desvió de recursos en favor de la precandidatura de la morenista Clara Marina Brugada, diputadas de Acción Nacional pidieron investigar al alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chigüil.

Shanery “N” implicada en el atentado de Diana Sánchez Barrios, permanecerá en Santa Martha Acatitla.

Alejandro Moreno llamó a los priistas a cerrar filas y definirse, ya que existe la voluntad y convicción de apoyar a los mejores perfiles, los más competitivos; además de sumar y evitar fracturas.

El presidente de la Fecoppres, Raúl Arturo Pérez, quien representa a mil 500 vagoneros, denunció que esta administración ha sido la más violenta y sangrienta hacia los vendedores ambulantes del Metro.

La alarma también se escuchó en Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Morelos, por mencionar algunas entidades.

A pesar de que diversos grupos, y víctimas de Fiscalía capitalina, se han mostrado interesados por participar en el proceso de ratificación o no de Ernestina Godoy como Fiscal, Morena rechazó tal iniciativa propuesta por el PRI.

Se espera la llegada de más de dos millones de visitantes.

Clara Brugada organizará el proceso de transición con cada Secretaría en el gobierno de la Ciudad.

En contubernio con Martí Batres, organizaciones como el FPFV han ejecutado obras de vivienda sobre terrenos en suelo de conservación para luego hacer negocio con las necesidades de sus agremiados, denunció el legislador Luis Chávez.

Estas son las colonias más peligrosas de la CDMX.

Los inconformes adelantaron este lunes que en el transcurso de la semana presentarán una demanda colectiva contra el gobierno capitalino y para ello se estarán abocando a recolectar firmas que acompañen la queja ante las autoridades capitalinas, correspondientes.

Los alcaldes de oposición revelaron que la autorización de las licencias de construcción está a cargo de la Seduvi y Sacmex.

“Ya basta de este clima de violencia e inseguridad, el país merece paz, los mexicanos no pueden vivir a merced del crimen”, reclamó el dirigente nacional del PRI.

Podrían ser ejecutados en un periodo máximo de tres años.

La iniciativa busca impulsar políticas públicas de adaptación al cambio climático, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y de convivencia más sana y respetuosa con la naturaleza.