La mayoría de las 32 entidades de la República enfrentan severos problemas financieros debido a las reducciones presupuestales de la Federación —de la que dependen hasta en el 80 o 90 por ciento— y los gobernadores están solicitando créditos bancarios para solventar sus gastos administrativos y productivos más urgentes.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2022 –cuya aprobación final sin cambios estaba por concretarse en el Congreso de la Unión al cierre de esta edición– las transferencias federales a las entidades aumentarán 4.7 por ciento con respecto a las de 2020 y quedarán en 2.11 billones de pesos.

Aunque este incremento es el mayor aplicado por la actual administración Federal, el monto destinado a las entidades federativas solo implicará una vuelta a los niveles presupuestales que tenían en 2019; pero no les permitirá superar los rezagos financieros acumulados, comentaron especialistas consultados por buzos.

En el Análisis de los recursos federales identificados para las entidades federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, del Instituto Belisario Domínguez (IBD), divulgado por el Senado, se informa sobre un recorte del 5.5 por ciento a los estados, el más significativo en 10 años, según denunció la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en noviembre de 2020.

El IBD afirma, además: “En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, la Cámara de Diputados aprobó un gasto federalizado de un billón 867 mil 376.7 millones de pesos (mdp), lo que equivale a una caída del 5.5 por ciento en términos reales, en relación con lo aprobado en el presupuesto del año anterior”.

Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas en el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (Imco), advirtió: “vemos que la estructura de los recursos con que cuentan los estados financia el gasto entre un 80, y a veces, en algunas entidades, cerca del 90 por ciento, provienen de estas participaciones y aportaciones de la Federación. Entonces, estas disminuciones que se han detectado en 2020 y 2021, obviamente terminan impactando a las entidades”.

Guadarrama indicó que, a pesar del ligero incremento en las aportaciones y participaciones federales en 2022, con el que volverán a los niveles de 2019, los recursos “no van a ser suficientes para que los estados hagan frente a todas sus responsabilidades.

“En este sentido –abundó– algo que llamó mucho la atención es que, a pesar de no tener suficientes recursos, no se habían registrado, al menos al corte final de diciembre de 2020, grandes contrataciones de deuda pública; llama la atención que no hubiera una escalada más grande en materia de contratación de deuda pública ante el escenario de menores transferencias de la Federación”, precisó Guadarrama.

El especialista del Centro de Investigación en Política Pública del Imco explicó así la razón por la que el endeudamiento ha sido controlado hasta ahora: “Esto se debe a todo el entramado jurídico que existe en materia de disciplina financiera. Justamente después de los grandes endeudamientos de la década pasada, sobre todo en los estados del norte, se da esta ola de regulación en materia de disciplina financiera, de contabilidad gubernamental y de deuda pública”.

Esta regulación estableció “candados” en la contratación de deuda y una nueva disciplina financiera que, entre otros aspectos, prohíbe totalmente los endeudamientos en el último año de una administración y en el primero de la siguiente, para no comprometer financieramente a las administraciones futuras.

Pero “seguramente lo que ahora sí veremos –reveló Guadarrama– es que a partir de la entrada de los nuevos gobernadores (15), accederán a nuevo financiamiento, a nuevos techos de endeudamiento (límites) que se están aprobando ahorita también en los congresos locales; y entonces es cuando veremos un crecimiento importante de la deuda pública por parte de los estados”.

Créditos, salida de emergencia

El crédito representa una opción que apenas ha ayudado a subsanar algunas necesidades de las administraciones locales, como se evidenció después de las elecciones del seis de junio de 2021, en las que se definieron mandatarios en 15 entidades: Tlaxcala, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Zacatecas, Sonora, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Colima y Querétaro.

Al tomar posesión del gobierno de Chihuahua, el pasado ocho de septiembre, la panista María Eugenia Campos Galván informó haber obtenido un crédito bancario por 800 mdp que utilizará para el pago de nómina, pensiones y facturas de proveedores que dejó pendientes el gobernador Javier Corral Jurado, también panista.

“Las finanzas del estado están profundamente comprometidas, por eso pido tu paciencia y de todos los chihuahuenses; pero quiero aclarar que ya estamos en un intenso trabajo de reingeniería financiera para poner orden en la casa y darle viabilidad a los proyectos”, declaró la gobernadora entrante.

Tras asumir el 12 de septiembre el gobierno de Zacatecas, David Monreal Ávila, aspirante apoyado por los partidos del Trabajo (PT), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Verde Ecologista de México (PVEM), alertó sobre la precaria situación de las finanzas estatales y aseguró que el mandatario priista saliente, Alejandro Tello Cristerna, dejó pendiente el pago de nómina al magisterio local.

Según Monreal, entre 2014 y 2015, la administración de Tello no integró la entidad al Fondo de la Nómina Educativa (FNE) y por esa razón el Gobierno Federal se quedó con el dinero, por lo que ahora necesita unos dos mmdp para el pago de pensionados y jubilados, trabajadores y profesores.

La morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien asumirá como gobernadora de Baja California el 1° de noviembre de este año, enfrentará una deuda acumulada por anteriores administraciones, que pasó de 17.4 mmdp a 20.9 mmdp al final del gobierno saliente del también morenista Jaime Bonilla García, quien contrató créditos con la banca comercial (el 56 por ciento), la de Desarrollo o gubernamental (41 por ciento) e instrumentos financieros, como los valores en bolsa (tres por ciento).

Alfonso Durazo Montaño, también de Morena, inició su gestión en Sonora el 13 de septiembre y prometió estabilizar las finanzas de la entidad que recibió en bancarrota, con una deuda que pasó de 22.7 mmdp a 28 mmdp durante la pasada administración de la priista Claudia Pavlovich Arellano.

En Nuevo León, el mandatario local entrante, militante de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, rindió protesta el tres de octubre de 2021 y denunció que había asumido una administración estatal en quiebra. La deuda de Nuevo León corresponde a 83.3 mmdp, 63.8 mdp adquiridos por el gobierno del priista Rodrigo Medina de la Cruz y 19.5 mmdp, por el saliente gobierno del independiente Jaime Rodríguez El Bronco.

En el caso de Colima, la morenista Indira Vizcaíno Silva, quien rendirá protesta el 1° de noviembre como nueva gobernadora, ha dicho que enfrentará una deuda de 8.5 mmdp alcanzados por la administración saliente del priista José Ignacio Peralta Sánchez.

En Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla asumió la gubernatura el 1° de octubre de 2021 y reveló que su administración requiere cinco mmdp para cubrir gastos administrativos de fin de año; y que recibió una deuda acumulada que pasó de 17.5 mmdp a 20.4 mmdp durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles (2015-2021).

Presiones y controles

Según especialistas, las reducciones en las participaciones de la Federación están acorralando a los mandatarios locales hacia una eventual creación de nuevos o más altos impuestos locales o a incrementar el costo de los servicios, lo que en principio han rechazado porque, con tantas cargas fiscales, la población de sus entidades se vería muy perjudicada.

Consultado por buzos, Kristobal Meléndez Aguilar, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), opinó sobre este tema: “Es complicado porque la situación de la economía no da como para que los ciudadanos estén pagando más impuestos. No es el momento para hacer una reforma fiscal”.

Explicó que debido a la rigidez de la Ley de Coordinación Fiscal, las administraciones estatales no disponen de los recursos que en sus territorios generan los impuestos federales, los cuales son enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y posteriormente se distribuyen a las entidades en forma de partidas específicas, calculadas según varios factores, como la recaudación obtenida cada año y el número de habitantes de cada entidad, mismas que aparecen en el PEF aprobado cada año por el Congreso de la Unión.

Por ello, los gobiernos locales se ven presionados y contratan créditos con la banca privada o con la oficial –Banca de Desarrollo– para financiar proyectos específicos. También suelen recurrir al uso de instrumentos financieros como los valores en la Bolsa.

Meléndez explicó que, por regla general, el dinero proveniente del crédito debe ser aplicado solo a la inversión productiva (para obtener beneficios financieros y/o sociales); y que los recursos enviados por la Federación son destinados al pago de nóminas y otros conceptos.

En el diagnóstico Hablemos de Deuda en los Estados (2021), elaborado por el Imco, se explica que, si bien los créditos se convirtieron en una creciente opción financiera para las “presionadas” administraciones locales, también aumentaron los controles para los endeudamientos con reglas y límites específicos, con el objetivo de impedir su incremento a niveles inmanejables.

“El endeudamiento de los estados y municipios ha cambiado sustantivamente en los últimos 30 años. El acceso a más y mejores créditos ha permitido mayores capacidades para los estados y municipios. Los cambios legales de la última década han establecido un marco más claro para su uso y bases mínimas en materia de disciplina financiera”, indica el análisis del Imco.

El documento resalta que en la contratación de éstos se consideran dos factores: “1) la capacidad de pago de quien la contrae y 2) su destino”. Es decir, se consideran los aspectos financieros de la administración local contratante –por sí mismos complicados– y que tienen la capacidad de pagar intereses y saldar el total de los préstamos; y el objetivo del crédito consiste en que el dinero sea utilizado en inversión productiva, es decir, que genere beneficios financieros o sociales y no sea aplicado a otros fines, como el gasto corriente.

Sin embargo, las urgentes necesidades financieras de las entidades, como lo ha expresado la mayoría de los mandatarios locales entrantes, los lleva a contratar deudas para el pago de débitos pendientes y mantener estables sus finanzas.

En la mayoría de los casos, las partidas presupuestales de la Federación se ofrecen como garantía bancaria, pero como éstas pueden bajar de un año a otro; los bancos conciertan los créditos a corto plazo, preferentemente a un año.

“La deuda es un instrumento, un medio para alcanzar un fin. Cuando este medio es usado para fines productivos y de forma sostenible, permite a los estados y municipios hacer valiosas inversiones que sirvan como catalizadores de mejores condiciones de vida y competitividad. Cuando es usada para fines improductivos y de forma insostenible, se pueden comprometer las finanzas públicas, minar la confianza de inversionistas y limitar el desarrollo futuro”, aclara el informe del Imco.

Créditos manejables

Los controles sobre endeudamiento ponen “techo”, es decir, límites. En el estudio Resultados del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas al segundo trimestre de 2021, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados se informa: “Al 30 de junio de 2021, ninguna entidad federativa presenta un nivel de endeudamiento elevado”.

Se informa también que la mayoría de las entidades federativas (26), que integran el 84 por ciento de las 31 que registran su deuda ante la SHCP, “presenta un nivel de Endeudamiento Sostenible” y se menciona que, por su bajo nivel en “Deuda Pública y Obligaciones sobre ingresos de Libre Disposición”, destacan los estados de Querétaro con cero por ciento, Guerrero, el 10 por ciento; y Sinaloa, el 20.8 por ciento.

Según el análisis Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, primer trimestre de 2021, también del CEFP, la deuda subnacional –es decir, la suma de las deudas estatales y municipales– es de 630 mil 722.5 mdp.

La mayor parte de este débito, 544 mil 847.8 mdp –equivalente al 86.4 por ciento– corresponde a las administraciones estatales y el de los municipios obedece a 39 mil 947.3 mdp (el 6.3 por ciento). Los Entes Públicos Estatales –organismos descentralizados, como los institutos estatales y municipales– registran una deuda de 43 mil 273.4 mdp, es decir, 6.9 por ciento; y los Entes Públicos Municipales, dos mil 654.0 mdp, equivalentes al 0.4 por ciento del total.

La deuda subnacional tuvo un crecimiento paulatino entre 2006 y 2020; en el primer trimestre de 2021 reportó una disminución de 4.6 por ciento, equivalente a seis mil 552.2 mdp, y quedó en 630 mil 722.5 mdp.

En el análisis del CEFP se revela que, a marzo de 2021, las entidades del país con mayores saldos de deuda son: Ciudad de México, con 86 mil 173.4 mdp; Nuevo León, 83 mil 357 mdp; Estado de México, 54 mil 82.9 mdp; Chihuahua, 48 mil 473 mdp y Veracruz con 47 mil 47.3 mdp. Se detalla que la suma de la deuda de estas cinco entidades representa 50.6 por ciento del total subnacional.

Entre el primer trimestre de 2020 y el tercero de 2021, las administraciones estatales con mayor incremento en sus deudas fueron Yucatán, con un aumento de 80.9 por ciento; esto es, de cuatro mil 112.3 a siete mil 714.7 mdp; Guanajuato, con el 38.5 por ciento, que pasó de seis mil 126.6 a ocho mil 801.8 mdp; Jalisco, con el 29.5 por ciento, que pasó de 27 mil 123.4 a 36 mil 432.7 mdp; Aguascalientes, 16 por ciento, que se incrementó de dos mil 939.4 a tres mil 536 mdp; y Durango, con el 11.2 por ciento, que aumentó de ocho mil 260.9 a nueve mil 526.9 mdp.