Vecinos de la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), denuncian que el proyecto Reforma-Colón carece de permisos oficiales, está provocando daños estructurales a las viviendas cercanas, al tiempo en que amenaza inmuebles históricos y culturales.

El proyecto Reforma-Colón incluye la construcción de cinco torres, una de ellas planeada como la más alta de América Latina. Las obras avanzan en el polígono formado por Bucareli, Paseo de la Reforma, Avenida Morelos y calle Atenas, en la colonia Juárez, incluye gimnasios, hoteles, viviendas y un centro comercial.

Vecinos de la colonia Juárez denunciaron que este desarrollo avanza sin los permisos correspondientes, entre ellos la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); además, está financiado por CIBanco, una institución que actualmente es investigada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

“El rotomartillo causa mucho ruido y los golpes provocan que las paredes se cimbren. Un arquitecto nos informó que realizaría una reunión con los vecinos, que habría un proyecto de mitigación y apoyos para conservar los inmuebles, pero no han cumplido. Lo único que sí llevaron a cabo, de forma irregular, fue traer un notario. No cuentan con los permisos adecuados para las obras”, señalaron los afectados.

Los vecinos también alertaron sobre el riesgo que enfrenta el inmueble ubicado en Bucareli 53, contiguo al histórico Café La Habana. Solicitan la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sin embargo, hasta el momento no han sido atendidos por las mandatarias.

Según los habitantes, existe un intento por tomar control del predio, el cual cuenta con protección por parte del INAH, al igual que otros edificios cercanos. En total, más de un centenar de familias podrían perder sus hogares.

 “Hemos sufrido daños directos a causa de las demoliciones, las cuales se ejecutaron sin los documentos correspondientes del INAH ni de otras autoridades. Este predio cuenta con protección del INAH. Al consultar con ellos, nos indicaron que desconocían la magnitud del proyecto. Todo esto se originó en 2008, durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno”, detallaron los vecinos.

Por último, expresaron preocupación por las consecuencias ambientales que podrían extenderse a todo el Centro Histórico, al aumentar el tráfico vehicular, generar desplazamiento poblacional y sobrecargar los servicios públicos y sanitarios.