La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
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Foto: Internacional
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a que la revocación de mandato se realice en 2027, presentándola como un mecanismo de participación ciudadana impulsado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que la consulta de revocación anterior alcanzó los 16 millones de participantes y subrayó que la decisión final corresponde exclusivamente a la ciudadanía.
Sheinbaum defendió el derecho del Poder Ejecutivo a referirse al proceso, cuestionando restricciones previas que impedían incluso informar sobre la fecha o el propósito del ejercicio. Argumentó que comunicar estos aspectos básicos no constituye propaganda política ni otorga una ventaja indebida a su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que la ley sólo prohíbe la promoción partidista explícita.
Sin embargo, esta postura ha recibido fuertes críticas de la oposición, que la interpreta como una estrategia para consolidar poder y obtener una ventaja electoral indebida.
En ese sentido, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, acusó que el “Plan B” de la reforma electoral utiliza la revocación como pretexto para que Sheinbaum realice campaña a su favor durante el proceso, mientras los partidos opositores quedan impedidos de participar, lo que genera un trato desigual y un retroceso democrático.
Además, apuntó que, al coincidir con las elecciones intermedias de 2027, podría beneficiar a Morena mediante el uso del aparato estatal.
Expertos electorales y exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han advertido que la propuesta del Plan B, que incluye modificaciones para adelantar la revocación, permitiría a la presidenta difundir activamente el proceso e incluso promover la participación a su favor, rompiendo el principio de neutralidad que deben observar las autoridades en periodos electorales.
Al empalmarse con las elecciones intermedias de 2027, los especialistas señalan que esto constitucionalizaría la intervención del Ejecutivo en los comicios, generando inequidad al utilizar recursos públicos y la figura presidencial para influir en el voto, especialmente en un contexto de oposición fragmentada.
Por último, especialistas como Arturo Espinosa Silis, del Laboratorio Electoral, han señalado que, aunque se presenta como un avance en democracia participativa, en la práctica no empodera realmente a la ciudadanía, sino que favorece al partido en el poder y vulnera la imparcialidad histórica en los procesos electorales mexicanos.
La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.