De un lado del Estadio Ciudad de México, una madre se acerca a un granadero de la CDMX y pega la fotografía de su hijo desaparecido sobre el escudo, mientras le suplica que deje avanzar la marcha que exige al Estado mexicano localizar a miles de personas desaparecidas. Pero el contingente de granaderos, casi como autómata, no responde a peticiones ni súplicas: sólo obedece órdenes. Al otro lado del estadio, un adulto mayor reparte pequeños volantes con la fotografía de su familiar desaparecido entre los aficionados. Son dos escenas distintas unidas por el mismo problema: la crisis de desapariciones que atraviesa México y que ha alcanzado cifras alarmantes. Ante esto, el mensaje del gobierno ha resultado frío: para ellas, no hay citas en Palacio Nacional ni canales reales de diálogo; hay silencio institucional cuando su dolor incomoda la imagen oficial.

La situación cruzó una línea incluso más grave cuando el Gobierno Federal insinuó la necesidad de investigar el supuesto “financiamiento” de las madres buscadoras. El mensaje político es brutal: antes que escuchar a quienes escarban la tierra para encontrar a sus hijos, el poder decidió ponerlas bajo sospecha. No se trata de la duda administrativa ni de una simple indagatoria, sino de una operación de descrédito. Al sugerir que alguien podría estar detrás de sus movilizaciones para golpear la imagen presidencial, el gobierno invierte perversamente la realidad: convierte a las víctimas en sospechosas y al Estado en víctima de una conspiración.

Esa frialdad también aparece en la forma de medir la gravedad de la tragedia. El gobierno plantea alrededor de 130 mil personas desaparecidas; los colectivos señalan que podrían ser más de 200 mil. La diferencia no es menor, pero tampoco nace de la nada. Durante años, las propias familias han encontrado fosas, restos, pistas y cuerpos que las instituciones no buscaron o no quisieron encontrar. Por eso, cuando las madres buscadoras desconfían de las cifras oficiales, hablan desde la experiencia. Saben que detrás de cada expediente mal hecho, de cada denuncia archivada y de cada búsqueda abandonada puede haber una vida que el Estado no quiso contar. En el fondo, lo que se disputa no es una diferencia entre registros, sino una pregunta mucho más grave: ¿cuántas desapariciones necesita reconocer la 4T antes de aceptar que la tragedia la rebasó?

A esto se suma un punto del que poco se conoce: la tragedia no golpea a todos por igual. Las desapariciones no caen con el mismo peso sobre todas las clases sociales. Quienes llenan los registros no son, ni de lejos, los hijos de las élites económicas, sino jóvenes de colonias populares, estudiantes de escuelas públicas, campesinos, jornaleros, obreros, repartidores, migrantes y trabajadores desempleados. Muchas veces son personas engañadas con falsas ofertas de empleo o empujadas por la pobreza a buscar cualquier ingreso posible, incluso en territorios controlados por redes criminales. Por eso, la demanda de las madres buscadoras toca una fibra tan sensible en el pueblo mexicano: expresa el miedo de que un hijo salga a trabajar, estudiar o buscarse la vida y no vuelva jamás.

También es cierto que la crisis de desapariciones no empezó con Morena; y sería políticamente deshonesto afirmar lo contrario. Fue incubada durante décadas por gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que militarizaron territorios, toleraron redes criminales y construyeron instituciones incapaces de garantizar verdad y justicia. Pero precisamente porque la 4T se comprometió a presentar algo distinto, su distancia frente a las madres buscadoras adquiere otro peso. El problema con Morena, lejos de reducirse a la crítica oportunista de los partidos de siempre, radica en la contradicción entre su discurso “popular” y su respuesta ante las víctimas. Su problema no consiste en haber heredado la tragedia, sino en haberse convertido en aquello que juró superar.

La reciente visita del “pato Merlín” a “la mañanera” terminó por desnudar esa contradicción. Mientras las madres buscadoras siguen sin ser recibidas, Claudia Sheinbaum sí encontró espacio para atender una anécdota que se ha “viralizado” en redes sociales. El reproche de las madres buscadores es absolutamente justificado: en Palacio hubo más disposición para escuchar a un pato que a quienes buscan a sus desaparecidos. No es una torpeza de comunicación; es un retrato del poder. Al dolor popular se le cierra la puerta; al espectáculo frívolo se le ofrece micrófono.

Por eso, no basta con reconocer que la crisis fue heredada del PRI y del PAN; el gobierno debe demostrar, en los hechos, que está actuando de manera distinta. Mientras las personas desaparecidas pertenezcan, principalmente, a las clases trabajadoras, la exigencia de las madres buscadoras permanecerá como una demanda profundamente popular. Y mientras tal queja no encuentre respuesta, la imagen de una madre pegando la fotografía de su hijo en el escudo de un granadero dirá más sobre la realidad mexicana que cualquier ceremonia, discurso, celebración mundialista o espectáculo en “las mañaneras”.