Hoy vivimos un escándalo: la “fascistización” política en forma de radicalismo ideológico. Así, Estados Unidos (EE. UU.) reconfigura Medio Oriente y la extrema derecha se reinventa en el mundo; ambos procesos surgen frente a la crisis capitalista y de hegemonía, donde rebrotan conflictos “congelados” y la oligarquía se adapta para beneficiarse del caos.

Este fenómeno se expresa mediante bombardeos a civiles sobre Gaza e Irán ante la parálisis internacional, el rebrote de conflictos ocultos, la desconfianza en partidos e instituciones y la “desglobalización”, cuya expresión más refinada consiste en el tecno-feudalismo estadounidense.

Hoy se deterioran tan rápido los derechos humanos, que se estima que en diez años ningún país los respetará propiamente. Ello sólo beneficia a la “nueva” derecha que proyecta su racismo, violencia y apatía con viejas prácticas políticas.

Este escenario de “tormenta perfecta” para la extrema derecha se gestó mientras el capitalismo mutaba hacia lo digital-financiero, las socialdemocracias fracasaban ante la expectativa de millones y el Occidente Ampliado exportaba sus crisis a la periferia.

Ese contexto allanó el camino para reposicionar a las oligarquías y su relato político neofascista en sectores pauperizados y clases medias. Así se alentó el golpe de 2014 en Ucrania, la fobia europea a la inmigración, el ascenso de figuras “anti-sistema” y el Lawfare como política de desgaste en América.

El asalto de la extrema derecha al poder político recibió la decisiva ayuda de las tecnológicas comunicativas, que imponen percepciones y subjetividades autoritarias rápida y anónimamente. De ahí la principal tarea del neofascismo: mantener sumisos a los que no le son útiles o a los potenciales adversarios del capitalismo.

Élites y Mafias cooptan Estados con su ideología conservadora social-moralista promoviendo el antiintelectualismo y anticomunismo en favor de la fuerza. Así se logró lo insólito: la adhesión de las masas a un proyecto contra las masas.

Tentación neofascista

Ese fantasma neofascista se pavonea por América Latina, donde su autoritarismo, cuotas de terror y barbarie han sido y son determinantes para la vida política. La historia regional de esa derecha se vincula con la extracción de recursos y materias primas, siempre subordinada a las potencias.

Detrás de ese auge radical está el hecho de que vivimos un “momento de estupor colectivo y cierta parálisis” de fuerzas sociales y progresismos que “no aportan proyectos del mundo”, según el teórico boliviano Álvaro García Linera.

La falta de estrategias efectivas antiautoritarias permitió el reposicionamiento de oligarquías y élites en todos los frentes y la absorción de amplios sectores de las clases trabajadoras. Para justificar su violencia, esa ideología critica al “Estado ineficiente” y la “endémica” corrupción de la izquierda.

Hoy que se rearticula la derecha latinoamericana, retorna a la tendencia por militarizar todo, esencia de la “securitización” para arropar los mecanismos de acumulación. De ahí sus estrategias de inestabilidad política y despolitización.

La tendencia neofascista, desde El Salvador a Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay, establece valores individualistas y religiosos en los servicios de salud, lo educativo y laboral para exacerbar la discriminación, desinformación, marginación y acoso a opositores.

El catálogo de agravios resulta inmenso sólo de cara a este siglo. En 2009, en Honduras con el Golpe a Manuel Zelaya; en 2012, contra Fernando Lugo en Paraguay; en 2016, en Brasil con el despojo a Dilma Rousseff; en 2018, la prisión a Luiz Inácio Lula da Silva; en 2019, el golpe en Bolivia contra Evo Morales; en 2020, la condena a Rafael Correa y en 2022 el sabotaje parlamentario y arresto del peruano Pedro Castillo.

Ya en el poder, la extrema derecha se ensaña contra la población. La Argentina de Mauricio Macri perfeccionó el uso de la justicia como herramienta; la derecha “moderada” hizo el trabajo sucio al polarizar la política; no solamente oxigenó el proceso judicial contra Cristina Fernández, sino que no se deslindó y hoy disfruta al verla inhabilitada de por vida y en arresto domiciliario.

Ese extremismo abrió paso a figuras “antisistema” como Javier Milei, en tanto que avanza en la privatización, borra conquistas progresistas y entrega el país a trasnacionales, aunque aún tema al peronismo.

Bolivia vive el pulso entre progresismo y la más reaccionaria derecha. En Boston, EE. UU., las oligarquías santacruceñas ofrecieron entregar el litio a la tecnopolítica. Por ello, un entusiasta Marco Rubio ya pidió millón y medio de dólares –con la fachada de la Fundación para la Democracia (NED)– y alentar la subversión contra el Movimiento al Socialismo (MAS).

Bolivia jamás conoció una etapa distinta a la oligárquica, recuerda Lorgio Orellana. Hoy, la racista oligarquía de Santa Cruz y aliados paceños juegan sucio frente a los comicios del 17 de agosto; con espíritu golpista ya dibujan tres escenarios postelectorales:

El Plan A consiste en gritar “Fraude”. El empresario Marcelo Claure, respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) alegará irregularidades (como la venezolana María Corina Machado), usará el fuego amigo del MAS para judicializar el proceso con actas alternas y falta de legitimidad del padrón, describe Helena Paz.

El Plan B será impedir la elección. Se exigiría la dimisión del presidente Luis Arce alegando que no se dejó participar a Evo y usará protestas del evismo para convencer de que es una pelea “entre el MAS y la izquierda”.

El Plan C es militar, el preferido y más usado en la historia de la derecha. Sólo esperan a que el Pentágono lo apruebe para suspender elecciones; aprovecharán el descontento de las Fuerzas Armadas –tras la intentona del 26 de junio de 2024– para mandar a los militares a la calle.

En Chile, la extrema derecha se renueva y pactó para las elecciones legislativas, donde se decidirá entre un proceso democrático o un proyecto regresivo. Los tres postulantes: Johanes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, coinciden en reducir el Estado, privarlo de su responsabilidad social, abrirse al mercado y orientar la política nacional en favor de EE. UU.

Va al alza Kast, líder de la extrema derecha local, aunque fue repudiado en la segunda vuelta de 2021. La ultraderecha “institucional” capitaliza la máscara democrática de la derecha ambigua, que no sabe si votar por él o por Matthei, la exalcaldesa de la coalición de derecha Chile Vamos.

Ahí aumenta el crimen organizado (trata, narcotráfico, explotación infantil) y corrupción de fuerzas armadas con financiamiento ilegal de entes privados. Esto se desarrolla ante la regresión autoritaria de referencia dictatorial por el odio a Trump, Bukele, Milei y Le Pen, alerta el periodista chileno Libio Pérez.

Sierra argentina

Con Javier Milei, la derecha pasó a último plano al ser humano, el trabajo y la solidaridad. Hoy la sierra libertaria arrasa con históricos derechos laborales al obstaculizar el pacto democrático; mientras la ultraderecha confía en avanzar más en los comicios legislativos.

Como paradoja, Argentina con Milei representa todo lo que la derecha mundial espera lograr, aunque sus medidas convirtieron a la segunda economía suramericana en el peor ejemplo a seguir. Recortó 30 por ciento el gasto público; cerró nueve de 18 ministerios y despidió a miles de empleados públicos, frenó obras públicas, rechazó aumento a pensiones, recortó presupuesto a universidades, redujo subsidios a energía y transporte.

Pese al nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la inflación bajó a tres por ciento mensual, pero aumentó la pobreza a 53 por ciento al primer semestre de 2024 (contra 42 por ciento de 2023). Es un Estado que ya no emplea y cada vez resuelve menos, cuya fragilidad económica sólo defiende el descalabro, estima el economista argentino Juan Graña.

Milei, el autoproclamado anarcocapitalista llamó a la derecha internacional a unirse y establecer relaciones de cooperación global. Pretende crear una red de apoyo mutuo “por los interesados en difundir las ideas de libertad en el mundo”.

Racismo y acoso

En Centroamérica, el asalto electoral del autoritarismo suma dos décadas, con la expansión de oligarquías y escasas reformas democráticas. En Guatemala chocan el gobierno semi-progresista y la derecha extrema. 

La Fiscalía ordenó capturar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el colombiano y embajador ante el Vaticano Iván Velázquez, y a la exjefa de investigaciones y actual fiscal colombiana Luz Adriana Camargo.

El Fiscal de Guatemala, Rafael Curruchiche, acusa a Velázquez por permitir “acuerdos irregulares” con la constructora brasileña Oderbrecht en 2017. Curruchiche detalló los cargos a Velázquez y Camargo por redes sociales: asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión.

La acción del Poder Judicial desafía al presidente Bernardo Arévalo, quien denuncia un evidente objetivo político en la “seguidilla de actuaciones” del Ministerio Público, la Fiscal General y jueces que tergiversan el sentido de la justicia.

La oligarquía guatemalteca está detrás para socavar al gobierno de Arévalo, cuyo triunfo intentó impedir. Para algunos, su elección fue “un error de cálculo” de la corrupta élite, que no contaba con la movilización social y los resabios del Estado de derecho. Aún así, la derecha controla a varios congresistas, como la Fiscal General, María Consuelo Porras.

El caso CICIG impactó en Colombia cuando el presidente Gustavo Petro vive una gran tensión tras alertar sobre un complot en su contra organizado por “nazis colombianos y nazis estadounidenses”. Él calificó la acción de la fiscalía guatemalteca como “muerte moral” y acusó a la extrema derecha de ese país por mostrarse “nazi y genocida, profundamente narco”.

En El Salvador, la derecha está de plácemes a seis años de Nayib Bukele quien, reelecto pese a estar prohibido en la Constitución, impuso un régimen de excepción, acalla voces críticas –arresta a periodistas y opositores– y viola los derechos humanos.

Europa de mano dura

La extrema derecha dio un giro súbito en Europa con su porfiado avance. En 2022 escaló con el asalto de los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni al poder (única gobernante europea invitada a la toma de posesión de Trump). Hoy, las reaccionarias Liga Antiinmigrante de Matteo Salvini y Forza Italia se pavonean por la península.

El neofascismo encubierto de Meloni precarizó los salarios –los más bajos de Europa–, redujo la protección a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y restringió el derecho a la ciudadanía italiana al ius sanguinis (por vía paternal). En contraste, la Confederación General Italiana reunió cinco millones de votos por una ciudadanía plena y un trabajo digno y seguro con la campaña “Il voto è la nostra rivolta”.

Las alarmas se encienden en Alemania por el retorno al ultranacionalismo. Igual que en 1933, cuando emergió el nazismo, hoy ese país se entrega al radicalismo del Partido Alternativa para Alemania (AfD), que impone su visión supremacista a la población. El conservador Friedrich Merz, como Canciller, liderará una coalición con ese partido.

Aunque los partidos radicales celebraron el triunfo de su aliado, el riesgo de su radicalización es tal que, en mayo pasado, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Verfassungsschutz) designó a AfD como “organización incompatible con la democracia” por proclamar una nación étnica.

La ola radical alcanzó a Portugal, que abandonó su bipartidismo desde 1974 con la Revolución de los Claveles y se inclinó por el radicalismo al incluir a la extrema derecha Chega (“Basta”) en su coalición.

Hace días, Polonia cedió al extremismo del Partido Ley y Justicia. Aunque en 2024 logró mantener al centrista Donald Tusk, en mayo otorgó el triunfo al historiador, euroescéptico y feroz antirruso, Karol Nawrocki. De inmediato, la bolsa polaca se desplomó hasta dos por ciento, refiere la periodista Pascale Juilliard.

Nawrocki repite el lema de Trump (Make America Great Again: MAGA) y sostiene que la “invasión” de inmigrantes aniquila la sensación de bienestar de su país. Sin embargo, Polonia sólo tiene 1.5 por ciento de extranjeros, contra 25.9 de Alemania o 12.9 de España.

Se anticipan roces internos en Polonia, donde sus 36 millones de habitantes viven aún de concesiones socialistas. Entre 1945 y 1989, ese modelo ayudó a la comunidad con sus bares de leche basados en la producción comunitaria y cuyo rastro perdura, recuerda Owen Hatherley. 

Rumania está bajo acoso de la derecha extrema. Aunque el electorado optó por el mal menor, con el proeuropeísta Nicusor Dan contra el populista George Simion; en el antiguo país socialista hoy chocan dos proyectos que poco o nada benefician a la población.

Todo indica que el electorado de Hungría aún respalda al nacionalista y euroescéptico Viktor Orbán, en el poder desde 2010 y reelecto a su cuarto mandato. Con su partido, Fidesz, va por las parlamentarias de 2026, mientras el mundo ve con temor cómo crece la ola radical.