La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Foto: Internet
Habitantes del municipio Felipe Carrillo Puerto y la colonia Pescadores de Punta Allen se oponen a la construcción del complejo “Puerta al Mar”, el cual provocará la destrucción de selva y manglares, ya que se adentra a la reserva de Sian Ka’an, en Quintana Roo.
Como parte de la denuncia, el pasado 15 de octubre exigieron detener las obras y advirtieron que el proyecto pone en riesgo una de las zonas con mayor protección ambiental del país.
El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo impulsan “Puerta al Mar” como parte de un plan turístico vinculado al Tren Maya. El proyecto incluye la ampliación de un camino que conectará la selva con la costa del Caribe y contempla camastros, palapas y una playa artificial en un terreno de seis mil metros cuadrados. Su costo estimado asciende a 175 millones de pesos provenientes del erario público.
Durante una sesión informativa con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 10 de octubre, los pobladores manifestaron su rechazo y acusaron al gobierno de iniciar la obra sin permisos ambientales ni Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Por último, ambientalistas y residentes insistieron en el temor de que el complejo “Puerta al Mar” abra paso a desarrollos turísticos masivos dentro de Sian Ka’an, declarada Área Natural Protegida en la década de 1980 por su riqueza ecológica.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
La subdirectora señaló que los tres alumnos implicados ya fueron canalizados al DIF de Chalco para recibir atención psicológica.
El operativo concluyó con la detención de cuatro presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.
Pese a la destitución, el funcionario se negó a dejar su cargo.
Si el problema continúa, podría superar las 25 mil muertes anuales en 2030, un 279% por encima de lo proyectado por ONU.
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Tijuana tiene una tasa de 138 homicidios por cada 100 mil habitantes, razón por la que ocupa el primer lugar del ranking mundial.
Este plan contempla un fondo de dos mil 223 millones de pesos para remediación ambiental, sin embargo, los afectados contemplan 20 mil millones.
Especialistas señalaron que la molestia principal radica en la falta de coherencia entre las promesas de combatir privilegios y corrupción.
Aunque se crearon más de un millón de puestos de trabajo, la informalidad laboral también creció.
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Cada unidad tuvo un costo de 1.7 millones, por lo que el gasto fue de más de 15 millones de pesos.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.