Organizaciones civiles sostienen que ningún beneficio económico justifica esta práctica
Nacional
Posponen sentencia de García Luna
Genaro García Luna está en espera de que le sea dictada una sentencia de 20 años como mínimo en prisión o hasta recibir cadena perpetua.
El juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, pospuso para el próximo 9 de octubre de 2024, la sentencia del exsecretario mexicano de seguridad, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable en 2023 de cinco delitos relacionados con corrupción, narcotráfico de cocaína; así como prestar falso testimonio a las autoridades de Estados Unidos al solicitar la nacionalidad.
El exsecretario de Seguridad de México fue declarado culpable en febrero de 2023; sin embargo, fue el pasado 31 de mayo, cuando el abogado César de Castro presentó la solicitud a Cogan con el fin de retrasar la fecha de la sentencia, la cual se tenía prevista para el 24 de junio próximo; misma que quedó para el 9 de octubre.
Cabe destacar que el abogado del exsecretario solicitó cambiar a la semana del 16 o del 23 de septiembre, porque está pendiente la “moción presentada por la defensa para solicitar un nuevo juicio a García Luna debido a la existencia de nuevas pruebas que lo exculparían después de que fuera declarado culpable en febrero de 2023 de delitos de corrupción y narcotráfico”.
Asimismo, porque “el reporte de presentecia no ha sido dado a conocer aún y que, cuando salga a la luz, la defensa necesitará tiempo para revisarlo y poder responder” y finalmente porque “la defensa de García Luna no tiene tiempo suficiente para prepararse adecuadamente frente a la sentencia”. Este último punto se refiere a que De Castro es el representante legal del empresario Fred Daibes, coacusado en el juicio por corrupción contra el senador demócrata Bob Menéndez, que se está llevando a cabo en la corte del Distrito Sur de Nueva York.
A sus 55 años de edad, Genaro García Luna está en espera de que le sea dictada una sentencia de 20 años como mínimo en prisión o hasta recibir cadena perpetua por los delitos que cometió como secretario de Seguridad en el periodo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, entre los años 2006 y 2012.
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