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La República Islámica de Irán externó su preocupación por “la creciente injerencia extranjera en asuntos internos del país y en las recientes protestas”, las cuales se han registrado en distintas ciudades, principalmente en el Bazar de Teherán.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, tras el aumento de las tasas de cambio de divisas, lo que afectó las actividades comerciales, el poder adquisitivo y la estabilidad económica de algunos sectores, especialmente comerciantes del bazar. Los manifestantes exigieron “el restablecimiento de la estabilidad del mercado y la adopción de medidas eficaces para frenar la volatilidad en este sector”.

El país islámico sostiene que las movilizaciones tuvieron un carácter pacífico y profesional desde el inicio, asimismo, orientado al establecimiento de demandas sin alterar el orden público, dentro de un marco de respeto y protección al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) con relación a la libertad de expresión y de reunión pacífica, mismos que están garantizados por la Constitución de la República Islámica de Irán y por el marco jurídico interno.

No obstante, el gobierno iraní reconoció que algunos episodios derivaron en enfrentamientos violentos, los cuales atribuye a la acción de un grupo muy reducido que se aprovechó de las protestas para cometer actos violentos, incluidos ataques contra comisarías, el uso de artefactos incendiarios y armas de fuego. Las autoridades subrayaron que estos hechos no representan a la mayoría de los manifestantes y quedaron fuera de la protección del derecho a la protesta pacífica.

“Tales acciones constituyen delitos graves que implican violencia contra las personas y la destrucción de bienes públicos y quedan fuera del ámbito de protección de las reuniones pacíficas conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Ningún Estado puede tolerar este tipo de conductas”, aseguró. 

Destacó que las fuerzas del orden actuaron conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con el objetivo de preservar la seguridad pública sin comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Denuncia de intervención extranjera

De igual manera, la República Islámica de Irán condenó las “declaraciones intervencionistas” del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, quien dijo “estamos armados y listos para actuar”, lo cual incita a la violencia y al desorden interno.

“Estas posturas coercitivas e ilegales constituyen una flagrante violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, en particular de los principios de soberanía y no intervención y, de hecho, constituyen un estímulo a la violencia y el terrorismo contra los ciudadanos iraníes”.

Además, Irán afirmó que estas posturas forman parte de un patrón histórico de presión política, sanciones económicas y acciones hostiles, las cuales han agravado las dificultades económicas del país y afectado el bienestar de la población.

Medidas gubernamentales

Tras las movilizaciones, el Ministerio del Interior tomó como medidas: realizar una revisión exhaustiva de todos los incidentes relacionados con las protestas, con el objetivo de garantizar la transparencia, esclarecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de prevención. De manera paralela, el Ejecutivo anunció la adopción de acciones económicas y sociales destinadas a atender las preocupaciones que dieron origen a las protestas de algunos comerciantes. 

Entre las medidas económicas adoptadas destacan los paquetes de apoyo inmediato para los grupos más vulnerables, así como la implementación de acciones orientadas a mitigar los efectos de las fluctuaciones cambiarias sobre el comercio y el poder adquisitivo de la población, con el propósito de reducir las tensiones en los mercados.

Por último, el gobierno indicó que se llevaron a cabo reuniones con representantes del gremio, sindicatos del bazar y comunidades empresariales en las principales ciudades para escuchar directamente las demandas de los manifestantes, promover el diálogo institucional y avanzar en medidas correctivas de carácter económico.