A pesar del discurso plagado recurrentemente de falsedades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para convencernos de que la pandemia está controlada, nadie en su sano juicio puede dejar de ver que México vive ahora una verdadera tragedia. Solo por dar algunos elementos: hasta el 28 de enero sumaban más de 1.8 millones los contagiados por Covid-19 y se reportaban más de 150 mil muertes, cifra oficial puesta en duda por la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); el sistema de salud está colapsado y no hay hospitales dónde atender a los enfermos; más de 15 mil pacientes habían fallecido afuera de los nosocomios mientras esperaban atención médica; México era ya calificado como el peor lugar para sobrevivir a la pandemia; el mismo Presidente se había contagiado de Covid-19 y, como si todo el anterior desastre no hubiera sido suficiente, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) había confirmado nuevamente que le importa más su futuro electoral que salvaguardar la vida de los mexicanos, pues se aprestaba a usar la campaña de vacunación para hacer propaganda política con la vista puesta en los comicios de junio próximo.

Como se sabe, fueron varias las declaraciones del Presidente y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en las que afirmaron que el Gobierno Federal debía ser el único en el país que pudiera comprar, distribuir y aplicar la vacuna contra el Covid-19 para salvaguardar el interés de todos, excluyendo de esta responsabilidad a los gobiernos de las 32 entidades, pues afirmó que éstas carecían de facultades para adquirir vacunas y aplicarlas, y si lo hacían, podrían afectar los resultados del Plan Nacional de Vacunación. Después de reiterados señalamientos en torno a que el gobierno morenista pretende monopolizar el control de las vacunas con objetivos electorales –propósito evidenciado por la controvertida presencia de los llamados Servidores de la Nación, activistas de Morena, junto al personal médico que vacunará a los ciudadanos–; del retraso en el suministro de las vacunas ya comprometidas con el país y de la insistencia de algunos gobernadores por colaborar en la vacunación, el Presidente aseguró que sí permitiría a los gobiernos estatales y a la iniciativa privada adquirir la vacuna contra el Covid-19.

La Secretaría de Salud (SS) estableció los siguientes lineamientos para quienes deseen comprar, distribuir y comercializar vacunas en México: presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas para adquirir las vacunas; informar la cantidad de dosis compradas y aplicadas a la población; respetar el calendario de vacunación; dar prioridad a los grupos de población definidos como más vulnerables e informar puntualmente sus acciones para “evitar duplicidades”, entre otros requisitos.

Algunos analistas calificaron como humana y oportuna la autorización del Presidente, pero nosotros no creemos que esta actitud haya sido solo tardía, ya que cambió de opinión cuando observó que la escasez y el acaparamiento de vacunas impedirían que los gobiernos estatales las obtengan hasta noviembre. No podemos afirmar que AMLO tomó esta decisión premeditadamente para evitar que los mandatarios estatales le quitaran al Gobierno Federal el monopolio de la vacunación antes de la elección de junio, o para responsabilizarlos ante el posible fracaso de su estrategia de vacunación contra el Covid-19. Pero sí podemos asegurar que ninguna razón justifica jugar así con la vida y la salud de los mexicanos después de muchos meses de sobrevivir en luto permanente por la muerte de miles de compatriotas, cuya falta pudo evitarse si, desde el principio, el Gobierno Federal hubiera controlado de manera eficiente, responsable y humana la pandemia.