Mediante un típico “albazo priista”, la mayoría conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron previamente el conjunto de reformas en la Cámara de Diputados; y casi a la medianoche del ocho de septiembre, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado revisaron en lo general la reforma judicial con 25 votos a favor y 12 en contra, provenientes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Dieciocho de las 20 iniciativas promovidas por AMLO se aplicarán a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dos a leyes reglamentarias. Inicialmente fueron presentadas el cinco de febrero de este año, pero como fueron rechazadas o anuladas por la oposición y el Poder Judicial de la Federación (PJF) porque violan la Carta Magna, el Presidente las promovió nuevamente con algunos cambios de contenido.

En los cambios fue eliminada definitivamente la repetición de derechos sociales que ya figuran en la Constitución y subrayan el supuesto contenido “popular”; aunque los especialistas en economía las han exhibido como financieramente inviables y como una estrategia para que Morena y sus aliados empresariales acumulen más atribuciones en el Poder Ejecutivo.

Entre las iniciativas con las que AMLO pretendía promover “nuevos” derechos que ya están establecidos en la Carta Magna, destaca el reconocimiento legal de los pueblos indígenas y afromexicanos, la pensión para adultos mayores y la atención médica integral y gratuita para toda la población.

También la promoción de vivienda para los trabajadores; el salario mínimo suficiente, el acceso a una educación de calidad y el respeto a los derechos laborales, que ya figuran en la Constitución, pero que no se cumplen, como lo han indicado expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los cambios a las leyes reglamentarias, figura la prohibición del maltrato animal, el comercio de vapeadores (cigarros electrónicos) y el consumo de drogas químicas como el fentanilo, para lo que ya está facultada la Secretaría de Salud.

AMLO propone eliminar la participación de las financieras privadas del Sistema de Ahorro para el Retiro (Afores), cuya presencia fue autorizada en 1997 y 2007 mediante cambios a la Constitución, cuando el Gobierno Federal se declaró incapaz de sostener en el largo plazo las pensiones.

Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), difundido el pasado seis de febrero, revela que el gobierno tendría que efectuar cambios fiscales igualmente radicales a las pensiones para alcanzar este ambicioso objetivo.

La asociación civil México ¿Cómo vamos? explicó que, para hacer viable esta reforma pensionaria, se requeriría la creación de miles de empleos formales, es decir, reducir la informalidad laboral en la que actualmente se encuentra más de la mitad de la Población Económicamente Activa.

La inclusión de los mexicanos con 65 años o más entre los adultos mayores que hoy acceden a una pensión constitucional y la repartición de becas a estudiantes de todos los niveles escolares requieren un plan de financiamiento viable a largo plazo, explica el estudio.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) recordó  en un texto publicado el siete de febrero, que “el Artículo 18° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que el Ejecutivo Federal debe realizar una evaluación de impacto presupuestario de las iniciativas que presente al Congreso. No se encontraron dichos análisis en las iniciativas presentadas el cinco de febrero”.