En Estados Unidos (EE.UU.), el “país de la democracia”, se espía al presidente quien a su vez incita a un líder extranjero para que dañe a su virtual rival en la elección de 2020 y presione a otro para que desaliente las pesquisas en su contra. Por ese abuso de poder, los demócratas exigen juicio político (impeachment) contra el Ejecutivo.

Más allá del futuro político de Donald John Trump, los escándalos por los “casos” Ucrania y Australia exhiben la sistemática política exterior de presión imperial. Demócratas y republicanos dirimen sus diferencias frente otros países a cambio de jugosos negocios y logros geopolíticos. México es y ha sido escenario de esas pugnas con muy malos resultados, y sus autoridades deben mantenerse al margen de ese juego de poder.

La cúpula demócrata liderada por Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes jugó su mejor carta para expulsar al presidente estadounidense de la Casa Blanca, Donald John Trump. Entre ese deseo y la posibilidad de lograrlo, está el impeachment contra el magnate, acusado por solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020. Ahora el destino del mandatario depende del Senado con mayoría republicana.

El juicio contra el presidente de EE. UU. se gestionó con fundamento en la denuncia de “un informante”. La solicitud acusa a Donald Trump de romper la ley por presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que reabra una investigación judicial relacionada con el hijo del ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr., a quien las encuestas perfilan como su potencial adversario demócrata en la elección presidencial de noviembre de 2020.

Para algunos analistas, el proceso iniciado por los demócratas está condenado a la derrota, como el “Rusiagate”, el intento de acusar a Trump por ganar de forma ilícita la presidencia con supuesto apoyo encubierto de Rusia. Otros señalan que a los estadounidenses les incomoda mucho la notoria disposición de Donald Trump para usar el juego sucio contra sus oponentes.

La combativa idiosincrasia del magnate se evidenció el 12 de junio cuando el periodista de NBC News, George Stephanopoulos, le preguntó qué haría si Rusia, China u otro país le ofreciera información de algún adversario político: “¿La aceptaría o los denunciaría ante la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)?

Sonriente, Trump respondió: “Si alguien llama de un país –Noruega– y dice ‘tenemos información sobre su oponente’, pienso que querría escucharla”. Hoy se sabe que mientras respondía a Stephanopoulos, Trump y su abogado personal el exalcalde de Nueva York, Ruldoph Giuliani– persuadían al gobierno de Ucrania para enlodar judicialmente a Joe Biden.

Antes de la llamada telefónica del 25 de julio para presionar a Selensky, Trump ordenó a su jefe de gabinete, Mick Mulvaney, bloquear 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Según el funcionario, el recurso se liberó posteriormente.

Manos libres en Ucrania

Este escándalo ha puesto de nuevo a Ucrania en un primer plano, pues descubrió una maraña de conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción ominosa, tejida por corporaciones de EE.UU. y figuras políticas en el país eslavo.

Es paradójico que ese caos beneficiara al abogado Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden en la gestión de Barack Obama. Desde entonces, el asesor se relacionó con los oligarcas de Ucrania, y en abril pasado aceptó un alto y lucrativo cargo (50 mil dólares mensuales) en el gigante gasero Burisma Holdings, que controla el magnate Mykola Zlochevsky.

Sin que se precisara la razón, en 2015 la firma fue investigada por la fiscalía a cargo de Viktor Shokin, quien no encontró evidencia de mal comportamiento. Meses después Joe Biden llegó a Kiev y ofreció préstamos de EE.UU. a cambio de mantener al fiscal.

Por razones desconocidas, el fiscal Shokin dejó el cargo en marzo de 2016 en medio de críticas del embajador de Trump, Geoffrey Pyal, de quien señaló que no combatió a la corrupción. Para los observadores, el hecho de que Hunter Biden aceptara el cargo en la gasera resultó cuestionable porque la crisis ucraniana permanece como objeto de la atención internacional.

Giuliani, el abogado de Trump, presionó a Ucrania para investigar si Shokin eximió a Burisma – y por tanto a Hunter Biden–  de corrupción. El exfiscal ucraniano Vitaly Kasko mencionó a Bloomberg que “no hubo presión de EE.UU.” (con Obama) para cerrar el caso de la gasera entre 2014 y 2015.

Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump desde mayo de 2016, también se benefició de la situación en Ucrania. En agosto de ese año, Manafort asesoró a una unidad jurídica del aún presidente Yanukovych y cobró 12.7 millones de dólares. En 2017 Manafort se entregó al FBI acusado por conspiración y lavado de dinero.

A Trump tampoco le agradan los políticos de Ucrania. Según The New York Times, en mayo precisó en privado: “Son gente terrible. Todos son corruptos y trataron de tirarme”. Eso no lo detuvo para intentar usarlos contra Joe Biden. 

Denuncia y juicio

El escándalo aumentó entre el 23 y el 27 de septiembre cuando salieron a la luz dos explosivos documentos. Uno es el registro de la conversación entre Trump y Zelensky y el otro es la denuncia del 12 de agosto de un informante. Según el Times, éste es un oficial de inteligencia, de seguridad nacional o política exterior.

El segundo párrafo de la denuncia expone: “He recibido información de varios funcionarios de que el presidente de EE.UU. está usando el poder de su cargo para solicitar interferencia extranjera en las elecciones de 2020”.

En nueve páginas, con narrativa clara y lúcida, el informante escribe: “Era evidente que el registro oficial de la conversación dañaría al interés presidencial”. Añade que algunos funcionarios participaron en un encubrimiento para cambiar del sitio usual esa transcripción hacia una computadora mediante el uso de un sistema muy restringido.

Altos miembros de la Casa Blanca “bloquearon todos los rastros de esa conversación, en especial la versión oficial que habitualmente realiza la Sala de Situación de la residencia presidencial. Ese conjunto de acciones me indicó que los funcionarios comprendieron la gravedad de lo sucedido en esa llamada”, aclaró.

Detrás de la nueva ofensiva demócrata contra el republicano Trump está Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, la tercera persona más poderosa del país. Al leer la denuncia del informante, preparó el juicio de destitución. El 23 de septiembre, a bordo del avión que la conducía de Nueva York a Washington, redactó el borrador de la solicitud, aunque olvidó el documento en la aeronave.  

Sin embargo, al día siguiente anunció el inicio de la investigación previa al juicio político. Dos días después los estadounidenses conocían la denuncia anónima, la mejor herramienta de los demócratas en la Cámara de Representantes.