Ciudad de México.- Desde 1997, los ingresos de los productores del campo se encuentran estancados, así lo revela un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este lapso es casi el mismo en que ha estado en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en funcionamiento en 1994. El estudio ‘México Rural del Siglo XXI’ asegura que los “beneficios de las exportaciones favorecieron principalmente a la agroindustria y a un porcentaje muy reducido de productores”.

El ingreso de los campesinos no ha aumentado, dice la FAO, a pesar de que la exportación de alimentos ha crecido más que las importaciones, con una tasa promedio anual de 7.7 por ciento comparada con 6.5 por ciento.

El sector agroalimentario se ubica como en el tercer lugar dentro de lo más exportado por México, y Estados Unidos es el principal destino de los envíos nacionales.

En promedio un trabajador del campo recibe 18.50 pesos por hora trabajada, cerca de 150 pesos diarios.

Esta cantidad, a pesar de superar los 80.04 pesos diarios del salario mínimo, resulta muy baja "si se consideran los altos niveles de desempleo para esta población entre temporadas de cosecha y los gastos de traslado a zonas de trabajo", dice la FAO, lo que también ha sido señalado anteriormente por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

En México existen cerca de 2.5 millones de personas que se desempeñan como peones o jornaleros en la agricultura. Sin embargo, ya que quienes se dedican a esta actividad suelen viajar con sus familias, se estima que la población impactada alcanza los 5.9 millones de personas.

El 90 por ciento de quienes se desempeñan como jornaleros en México no cuentan con seguro social, no reciben aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo, además de que trabajan sin contratos laborales y en condiciones precarias. Más de la mitad viven en Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero.

Lo anterior, señala el organismo, es uno de los detonantes para que el 17.4 por ciento de la población rural viva en condiciones de extrema pobreza, mientras que en las zonas urbanas este porcentaje se reduce al 4.4 por ciento.

Sólo 2 de cada 10 pesos, a fomento de productividad

Las políticas públicas implementadas para este sector, sostiene la FAO, tienen un impacto limitado, especialmente cuando son asociadas al fomento de la productividad.

De cada diez pesos que se invierten en el campo, sólo dos se dirigen a programas de fomento productivo, el resto se ocupa en políticas públicas orientadas a salud, educación y sexualidad.

“Esta estrategia ha resultado limitada ya que durante el periodo 1992-2016, el ingreso mensual per cápita de la población mexicana ha permanecido estancado y la incidencia de la pobreza alimentaria fue la misma”, sostiene.

Además, dice, México posee un número excesivo de programas que pulverizan la acción gubernamental y existe un alto nivel de burocracia para el acceso a los apoyos.

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación reveló que algunos programas claves para abatir la pobreza, como Prospera o el Seguro Popular, carecen de indicadores para comprobar si realmente causan un impacto positivo.