A los intentos de golpe de Estado, cínica subversión, robo de activos y capitales, el gobierno de Donald John Trump sumó la cacería judicial contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras su fallido intento de imponer a su personero Juan Guaidó al frente del país sudamericano, el magnate acusó, infundadamente, de narcotráfico al mandatario constitucional. El millonario tiene dos objetivos: por un lado, el electoral, porque pretende distraer a los estadounidenses de su mala gestión frente a la epidemia de coronavirus (Covid-19) y el geopolítico, con el afán de frenar la presencia de Rusia en América Latina (AL). Con la imposición de las sanciones, el Kremlin liquidó los activos de la petrolera Rosneft en Venezuela. Medios antihegemónicos advierten que esa estrategia puede revertirse contra Trump y su afán reeleccionista.

Un cowboy racista

Hace más de 18 años que Estados Unidos (EE. UU.) idea estrategias para cambiar el gobierno en Venezuela y expoliar sus recursos. En esta obsesión, convertida ya en batalla geopolítica entre Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, se utiliza al petróleo como arma. Y, para cerrar el ciclo, en medio de la guerra de precios internacionales del hidrocarburo, se produjo la insostenible acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el presidente Maduro

Al fracasar una vez más en su obsesión por designar a su propio mandatario en Venezuela, el huésped de la Casa Blanca acometió judicialmente contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El artífice fue el fiscal general de EE. UU., William Barr, quien atribuye narcotráfico–sin probar– al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La grotesca imputación incluye a cuatro personas más: el vicepresidente para la Economía, Tarek El Aissami, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; el exdirector de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal y el general retirado –y opositor– Cliver Alcalá.

El primer cargo que se le ha imputado es por “participar en asociación delictiva con una organización terrorista extremadamente violenta”, las ya desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un intento por “inundar a EE. UU. de cocaína”. Otro cargo es por “conspirar para usar la venta de drogas como arma” contra EE. UU.

Es obvio que esos cargos no pretenden reafirmar una lucha antidrogas que frene el flujo de sustancias ilícitas hacia país con más narcoadictos del planeta, sino de consumar la más reciente escalada de Trump denominada “Máxima presión de marzo”.

A la grotesca aparición de Barr siguió la del secretario de Estado y exjefe del espionaje estadounidense, Mike Pompeo, quien ofreció una recompensa de 15 millones de dólares a quien provea información “que conduzca al arresto” del jefe de Estado venezolano y 10 millones por datos similares sobre los otros acusados.

Otro eje de esta estrategia, apuntan los analistas, tiene como destinataria a la oposición venezolana residente en La Florida, entidad clave para las elecciones y donde Trump obtuvo un apretado triunfo en 2016.

Efecto boomerang

Medios antihegemónicos en EE. UU. denunciaron los riesgos de esta ofensiva. Para Common Dreams la imputación de narcoterrorismo a Maduro podría revertírsele a Trump. Advierte que “Los cargos que formuló el Departamento de Justicia (DJ) son otro ladrillo que cimienta el pretexto de una invasión militar directa de EE.UU. o una guerra de mayor intensidad que la actual”, que probablemente se daría en octubre y que ayudaría a la reelección del presidente.

The Guardian perfiló la personalidad de Cliver Alcalá, aliado de Washington y hoy su perseguido, y advirtió que esta acusación será negativa para Trump. Y así fue, pues horas después del anuncio emitido por el fiscal Barr, Alcalá subió videos on line “que podrían causar profundas divisiones entre la oposición venezolana e, incluso, resultar en el arresto de Juan Guaidó”, publicó el diario.

Maduro ha sobrevivido al menos a un intento de asesinato cuando drones con explosivos detonaron prematuramente en un evento público. Por lo que la recompensa se interpretaría como: “Mantente en la cárcel o serás asesinado”, señala The Intercept.

Además, la recompensa constata lo que afirma el gobierno de Maduro: EE. UU. ofrece millones de dólares a mercenarios para cambiar el liderazgo del país. “Y ése sería un mal cálculo de la Casa Blanca, pues el general Alcalá tiene mucho que decir”, revira Code Pink.

Alcalá está implicado en un reciente complot contra el gobierno de Maduro. Por otra parte, el 24 de marzo se capturó un camión con armas y equipo militar con valor de medio millón de dólares. La inteligencia venezolana vinculó esas armas con tres capos de Colombia que eran desertores de las fuerzas armadas venezolanos y de EE. UU.

Según el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, estos grupos pretendían aprovechar la pandemia para atacar unidades militares y poner bombas. Todos están vinculados a Alcalá, exaliado de Hugo Chávez y quien, en 2015, se unió a la oposición. Hoy se le considera “líder del personal militar de Guaidó”, aunque EE. UU. lo requiere.

El portal Brasil de Fato titula: “Mientras el mundo enfrenta al Covid-19, EE. UU sube la presión sobre Venezuela. Y describe: “En una conferencia de prensa, ayer, casi cómica porque no mostró ninguna evidencia, el Departamento de Justicia (DJ) acusó a Venezuela de ser un narcoestado.

“Parece que leemos un thriller; la falta de evidencia y la lista de nombres confirma la ficción. Aunque Barr hace constantes referencias al narcoterrorismo y a ‘inundar’ a EE.UU. con cocaína, se necesitaría un esfuerzo sobrehumano de ceguera para creer esa perorata sin base y delirante”, escriben los reporteros Ana Maldonado, Paola Estrada, Vijay Prashad y Zoe PC.

En todo caso, el escándalo radica en la desvergüenza de los cargos para caracterizar a Venezuela como narcoestado y la falta de visión ante las repercusiones de esa estrategia. El intento de sabotear el diálogo y el envío de mensajes ambiguos son señales de desesperación en el gobierno de Trump. “Las víctimas son los venezolanos”, advierte Jorge Flores, experto en política latinoamericana.

Desde Miraflores

Horas después del anuncio del DJ, Nicolás Maduro calificó a su homólogo estadounidense como “cowboy racista” y advirtió que está listo para pelear con todos los medios si Washington y Colombia se atreven a invadir territorio venezolano.

Por su parte, el canciller Jorge Arreaza denunció: “En momentos en que la Humanidad enfrenta la más feroz de las pandemias, el gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, usando una nueva modalidad de Golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas que intentan minimizar el alto reconocimiento, otorgado a Venezuela, en distintos foros multilaterales, por su lucha contra el narcotráfico.

“La política del cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso, así como ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste que demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en La Florida”.

Agregó que la profunda frustración de la Casa Blanca se deriva de la paz que hoy reina en Venezuela, cuyas autoridades han neutralizado todos los intentos desestabilizadores planificados y financiados desde EE. UU.

Y, desafiante, espetó que el gobierno de Trump no acepta que el gobierno de Nicolás Maduro logre manejar adecuadamente la amenaza del Covid-19 “frente al estrepitoso fracaso que en esta materia han mostrado las instituciones de EE.UU.”.

Recordó el exitoso rol del gobierno en la ejecución de las negociaciones entre el régimen de Colombia y las FARC. Y subrayó: “Irónicamente es en Colombia donde se produce la droga que EE. UU. permite entrar y que su población consume desaforadamente”.

Arreaza acusó, así, a la agencia antidrogas estadounidense (DEA): “Ha sido actor internacional clave en la protección a la producción y procesamiento de la droga en Colombia y el garante y vigilante en su traslado hacia las neuronas de los jóvenes en EE. UU.”.

Denunció al gobierno de Iván Duque por prestar territorio colombiano para conspirar contra Venezuela y aseguró que pueblo y gobierno venezolanos enfrentarán con la verdad todos los embates y mentiras que “provengan del principal Estado promotor del terrorismo y el narcotráfico en el mundo”.

Y tras asegurar que las instituciones democráticas del país garantizan la protección de su pueblo ante cualquier acción desesperada del Trump, concluyó que la independencia de su país se consolida a pesar de los ataques “del decadente e infame imperialismo americano”; que las Fuerzas Armadas Bolivarianas están “monolíticamente unidas” contra enemigos externos y que éstas y los venezolanos “¡No le tememos a nada ni a nadie!”.