El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado presuntos casos de corrupción en los que están involucrados exfuncionarios públicos del más alto nivel de gobiernos anteriores; pero el suyo carece de una estrategia integral decente para evitar este tipo de actos en la actual administración federal.

El politólogo, abogado litigante e investigador especialista en esta materia, Eliseo Rosales Ávalos, presentó, el pasado 10 de octubre, su libro Ley General de Responsabilidades Administrativas. Comentada. Análisis doctrinario y jurisprudencial, en el que afirma que con la lucha anticorrupción se ha colocado el acento en las personas, pero se pierde de vista el propósito de evitar nuevos o similares actos relacionados con ese flagelo.

El 22 de septiembre de 2020 surgió como ejemplo a la mano, sobre este hecho, la renuncia del doctor Jaime Cárdenas Gracia a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), en la que declaró que había dimitido debido a la prevalencia de actos corruptos en esa dependencia, entre los cuales citó robos de piezas de ostentosa joyería decomisadas al crimen organizado, una serie de inconsistencias operativas y administrativas. “El Indep es tanto un cofre de recursos importantes, pero no inagotables para que el Gobierno Federal realiza su política social y prioritaria, como un espacio institucional de graves retos”, sostuvo Cárdenas, quien además reveló que había presentado varias denuncias por actos irregulares ante la Fiscalía General de la Republica (FGR).

El 23 de septiembre, el Presidente designó, como sucesor del doctor Cárdenas, a Ernesto Prieto Ortega, exdirector de la Lotería Nacional (Lotenal), quien fuera coordinador de la presunta rifa del avión presidencial, sin que se anunciaran indagatorias ni una reestructuración integral en el Indep.

Esa misma falta de supervisión institucional, de medios de control, rendición de cuentas y transparencia, se observa también en los programas sociales que cada mes realizan transferencias monetarias a millones de personas. La organización OXFAM-México difundió, en septiembre pasado, un estudio sobre las características de la corrupción que se practican hoy en el país, destacando que en el ámbito de los programas asistencialistas se concentran las más graves, debido al control de los recursos públicos administrados ahí.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), explicó a buzos: “La mayor parte del dinero se está otorgando de manera discrecional y no sabemos qué elementos de evaluación hay; no sabemos a quién se lo están dando y para qué se lo están dando. Por lo tanto, hoy tenemos menos capacidad para investigar delitos de corrupción y no tenemos ninguna evidencia de que se estén persiguiendo los delitos de corrupción”.

En tanto César Gaona, especialista anticorrupción del laboratorio de políticas públicas Ethos, expresó a este semanario: “Tiene que haber un esfuerzo bastante consciente por fortalecer aquellas instituciones que están encargadas de identificar y sancionar los actos de corrupción. A pesar de que tenemos los sistemas nacional y estatales anticorrupción, lo que hemos visto a lo largo de esta administración es que el trabajo para fortalecer esas instituciones se ha relegado, incluso, por el lado político; porque legisladores y gobernadores no han hecho esfuerzos por apoyar a estas instancias para que realmente puedan tener un trabajo más destacado y coordinado”.

Gaona explicó que, en contraste, al actual gobierno le gusta “jugar” públicamente con los símbolos que representan la corrupción, como se vio en el caso del avión presidencial, pero con este tipo de acciones no se combatirá el fenómeno. “Y es más preocupante todavía, porque cuando hablamos de que las entidades gubernamentales produzcan resultados, que afinen sus procesos, no ha sido muy bien recibida esa crítica. Sin embargo, hay organizaciones como México Evalúa, que se están enfocando a eso, a analizar el trabajo de las fiscalías, exigiendo que tengan resultados para que puedan priorizar los delitos, lo cual incluye evidentemente a las fiscalías anticorrupción”.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que desde el inicio de la actual administración el 1° de diciembre de 2019, aumentaron notablemente las adjudicaciones directas de contratos oficiales con empresas privadas; es decir, que no se licitaron como lo exige la Legislación vigente. El pasado 15 de octubre, la MCCI reportó que, en septiembre de 2020, se obtuvo un nuevo récord en el número de adjudicaciones directas.

Sin estrategia ni acciones concretas

Francisco Rivas, del ONC, esbozó a este semanario: “No hay una estrategia, y no hay hechos porque a partir del inicio de esta administración, por ejemplo, la FGR no ha reportado ni una sola condena por ningún delito, ni siquiera por los de corrupción que tanto habla el Presidente. Combatir la corrupción no es decirle a la gente pórtate bien, los procesos no se cumplen. La corrupción significa investigar qué sucede alrededor de los procesos, en el caso que no se cumplan, investigar para dar con esas personas que precisamente incumplieron la norma.

“Un segundo aspecto es que el Presidente, con las decisiones que ha llevado a cabo su gobierno, ha abierto el espacio para que la corrupción pueda incrementarse. Hoy tenemos mucho menos procesos definidos, auditables, revisables y transparentes que los que teníamos en los sexenios anteriores”, precisó Rivas.

En declaraciones sobre el contenido de su libro, el abogado y politólogo Eliseo Rosales afirmó que se obtendrían mejores resultados si el problema de la corrupción se asumiera más desde un punto de vista sistémico –es decir, poniendo en funcionamiento leyes, reglamentos, instituciones, etc.– que acentuando el discurso de la honradez y la moralidad de las personas que se hallan en posiciones gubernamentales, quienes incluso podrían animarse a incurrir en conductas ilícitas.

También explicó que la centralización, tendencia muy evidente en las acciones de la presente administración federal, puede propiciar la corrupción al concentrar recursos, facultades y prácticas discrecionales en una sola dependencia y funcionarios públicos, especialmente si no hay reglas o normas de operación claramente definidas. El texto de Rosales incluye un análisis técnico de las fortalezas y debilidades de las leyes relacionadas con la fiscalización y la función pública.

En un marco similar, la investigadora en temas de corrupción del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), Sarahí Salvatierra, aseveró, el 29 de agosto, que la lucha anticorrupción debe ser sistémica y funcionar con una coordinación institucional efectiva; y no como un discurso moral desarticulado y enfocado para un uso político contra personajes públicos del pasado.

La investigadora Salvatierra evidenció la forma en la que hoy se ha ocultado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que fue diseñado precisamente para coordinar acciones institucionales e impulsar un enfoque integral al grave problema de la corrupción. También alertó sobre el consecuente debilitamiento de las dependencias centrales abocadas a combatir este flagelo, como es el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), al que incluso se le recortó 70 por ciento de su presupuesto.

Sarahí Salvatierra cuestionó que las acciones anticorrupción ordenadas por AMLO sean encargadas fundamentalmente a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la FGR, pero sin articulación institucional o parcializada.

En relación con este problema, la investigadora de Fundar citó el caso de la inmovilización de cuentas bancarias por cuenta de la UIF contra ciudadanos presuntamente involucrados en actos ilegales, pero sin que existan de por medio carpetas de investigación abiertas por la FGR que sustenten esa medida.

“Mostrar los hechos significa aportar pruebas y hoy tenemos detenidos sobre los cuales no sabemos qué ha pasado con ellos. Por ejemplo, se detuvo a El Marro –líder del cartel guanajuatense Santa Rosa de Lima–, pero no ha habido nada que pueda mostrar que hay un caso ya armado (con evidencias físicas, documentales, testimoniales, etcétera)”, indicó Francisco Rivas, director del ONC.

“No puede ser que en México primero se detenga y luego se investigue. Se debería investigar y una vez que se tienen los elementos, se inicia un proceso judicial. En México siempre hay que pedir que se amplíen los términos (los plazos para las distintas etapas de un proceso judicial), porque no hay esa investigación previa; no hay esa capacidad de armar los casos que lleven a la sanción. ¿Qué acaba sucediendo? Que los terminamos liberando con un disculpe usted”, agregó el investigador.

Vulnerabilidad en los programas sociales

En el reporte La otra Mafia del Poder. Corrupción y desigualdad en México, investigación realizada por Viridiana Ríos para la organización no gubernamental OXFAM-México, se describe que “la corrupción sucede con mayor frecuencia donde menos debería suceder: en los programas sociales que atienden las necesidades de los más pobres y que más podrían reducir la desigualdad…

“El 10 por ciento de las partidas y programas más redistributivos concentran el 47 por ciento del dinero que no ha podido ser comprobado ante la Auditoría, lo que se traduce en 132 mil millones de pesos perdidos. Esta cantidad podría dar 10 mil pesos al 10 por ciento de la población con menores ingresos en el país, monto que supera seis veces el ingreso mensual promedio de estas personas.

“Visto de otro modo, este dinero equivale a todos los recursos con los que contó el gobierno del estado de Oaxaca durante 2017. Entre las partidas más redistributivas –como las destinadas a educación básica– las irregularidades se concentran en los estados con mayor rezago educativo: Michoacán, Veracruz y Oaxaca (…)”.

Apoyada en datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Viridiana Ríos sostiene que solamente el 14 por ciento del dinero, que no se ha podido aclarar o recuperar, está relacionado con gasto en infraestructura, mientras el gasto destinado a desarrollo social representa el 53 por ciento.

En su reporte Exportando corrupción 2020, divulgado el pasado 13 de octubre, Transparencia Internacional (TI) y Transparencia Mexicana (TM) aseguran que el cambio de gobierno del 1° de diciembre de 2018 no ha significado ningún avance en la lucha contra la corrupción realizada por los gobiernos anteriores.

“Pese al compromiso público asumido por la Administración Federal 2018-2024 y a las reformas constitucionales y legales aprobadas en México en los últimos años, es necesario que los casos identificados sean investigados y sancionados, los recursos ilegales confiscados y el daño a las víctimas reparado de manera apropiada.

“Estos casos deben incluir los dos tipos de cohecho internacional: los actos de corrupción de empresas extranjeras ocurridos en México o que involucran a servidores públicos mexicanos, y los actos de corrupción que involucran a empresas mexicanas ocurridos en el extranjero”.

El documento conjunto precisa también que con base en información pública disponible por fuentes oficiales, como la FGR, en México se iniciaron tres investigaciones en el periodo que abarca este reporte de investigación (2016-2019), sin que se haya identificado la presunta responsabilidad o sancionado a los posibles responsables. Tampoco se han recuperado los activos desviados por los actos ilícitos.

Este informe precisa que “Entre 2016 y 2019, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos (EE. UU.) reportan cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a servidores públicos mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero. Los cuatro casos fueron sancionados en EE. UU., pero no se investigaron o sancionaron en México (…)”.

Los contratos sin licitación

Otra de las más evidentes fallas de la lucha contra la corrupción en el gobierno del Presidente se observa en la adjudicación de contratos a proveedores de bienes y servicios del Gobierno Federal, sin duda uno de los ámbitos más propicios para los actos de corrupción y donde los gobiernos federales anteriores pusieron más voluntad política para detenerlos.

En su análisis sobre este asunto, MCCI recuerda que la legislación vigente en esta materia exige que la mayoría de las compras gubernamentales deben hacerse mediante licitación, procedimiento con el que los proveedores aportan sus ofertas y el gobierno decide cuál es la mejor en precios y la calidad de los bienes y servicios.

En el periodo enero-septiembre de 2020, se concretaron 104 mil 999 contratos por un valor total de 333 mil 910 millones de pesos (mdp), de los cuales 83 mil 261 contratos se hicieron por adjudicación directa, es decir 79.3 por ciento del total; mientras que los concertados mediante licitación pública –el esquema establecido en la Constitución– fueron únicamente 12 mil 501, con un valor monetario equivalente al 11.9 por ciento del total. El anterior récord anual de más contratos adjudicados sin licitación fue en 2019, cuando representaron 78.1 por ciento del total.

MCCI afirma que estos datos contrastan con el discurso político anticorrupción del Gobierno Federal, cuyas compras carecen de control y supervisión, lo que ha propiciado que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) haya identificado en 2019 diversas empresas fantasmas como beneficiarias de contratos gubernamentales.

La fallida estrategia anticorrupción aplicada por el actual Gobierno de México no solo ha sido objeto de investigaciones y críticas en el país, sino también del análisis externo. El 26 de junio de 2020 el diario inglés Financial Times (FT) publicó un reportaje en el que se asevera que la corrupción en México había empeorado en los últimos 18 meses, es decir, desde que López Obrador asumió la Presidencia de la República.

El FT fundamenta su aseveración en el más reciente estudio realizado sobre el tema por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –de 2019– donde se revela que los pagos ilícitos a policías y funcionarios públicos aumentaron en 70 por ciento, al pasar de un promedio de dos mil 273 pesos en 2017, a tres mil 822 pesos el año pasado.

El diario británico también cita a la agencia The Americas Society/Council of the Americas and Control Risks en su denominado índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, el cual reporta que en 2020, se redujo de 4.65 a 4.55 puntos con respecto a 2019, en una escala de 10.

Destaca también que pese a las denuncias hechas a personas cercanas al presidente López Obrador, no se han realizado las investigaciones y ajustes institucionales esperados de un gobierno que tiene la lucha anticorrupción como una de sus principales objetivos políticos.