Para toda nación libre es condición vital una agricultura sustentable, y tendrá soberanía alimentaria cuando produzca al menos 75 por ciento de sus alimentos (FAO): nosotros producimos apenas 57 por ciento, y las cosas empeoran. A mediados de los años 90 importábamos 44.2 por ciento del arroz que consumíamos, hoy el 80 por ciento; en trigo pasamos de 25.8 a 59.8 por ciento; en maíz amarillo (para uso forrajero), de 12 a 76.8 por ciento. Importamos el 80 por ciento de la leche en polvo y del arroz, y 94.5 por ciento de la soya. Somos el segundo comprador mundial de cereales. Esta creciente dependencia obedece –aparte de subsidios mal dirigidos, con limitado impacto productivo y términos comerciales desventajosos–, a circunstancias estructurales: un ancestral rezago tecnológico y una fragmentada estructura productiva, poco eficaz para adoptar nueva tecnología, alcanzar economías de escala y mayor productividad, que eleva las estructuras de costos y limita la competitividad.

Algunos indicadores: “... solo el 2.3 por ciento de las unidades usan microaspersión, aspersión 8.5 y riego por goteo, 9.6; el 60 por ciento de agricultores usan herbicidas e insecticidas, en contraste con el 75 por ciento de la superficie cultivada; en Estados Unidos (Faostat) [...] una cuarta parte de nuestros productores emplean todavía tracción animal; solo cuatro de cada 100 usan tractor (Sagarpa). En Estados Unidos, el 84 por ciento de las unidades agrícolas tienen al menos un tractor (FAO) [...] según el INEE, el rezago educativo en el medio rural alcanza el 50.9 por ciento, y en el urbano, el 21 por ciento, lo cual limita el desarrollo de capacidades de los productores...” (Estos datos pueden consultarse en el portal abelperezzamorano.com, en un documento de trabajo elaborado por quien esto escribe y un colectivo de académicos como diagnóstico del campo mexicano).

Adicionalmente, en países ricos como Estados Unidos y en la Unión Europea con su Política Agrícola Común, los altísimos subsidios agrícolas causan competencia desleal contra nuestros productores, principalmente los más pequeños y pobres, que terminan arruinados por las importaciones baratas. Para colmo, las trasnacionales controlan sectores estratégicos como pesticidas, fertilizantes, maquinaria agrícola, semillas mejoradas, y el crédito.

Para revertir el atraso productivo y promover un crecimiento con equidad distributiva, sería esperable una vigorosa intervención del Estado mediante el gasto público, mas no ocurre así. El presupuesto para el sector agrícola está contemplado en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), que incluye el de la secretaría de Agricultura, más los programas presupuestales de 13 secretarías y Ramos Administrativos. Este año el presupuesto asignado a la Sader fue de 65 mil 434 millones; y para el próximo se reduce en 19 mil 181 millones (-29.3 por ciento), inferior al de 2006. El PEC total se reducirá en 20 mil 636 millones (-5.9 por ciento). Salvo el año 2017, éste será el presupuesto más bajo desde 2014 (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas). Genera desconcierto que el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) asigna cero recursos a instituciones históricas de financiamiento al campo, como Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Focir (FIRA). Habrá que esperar para ver qué ocurre ahí.

Otro aspecto de este orden de cosas es el creciente deterioro de los recursos naturales. Cerca de 70 por ciento del territorio está cubierto con vegetación forestal, pero cada año se deforestan medio millón de hectáreas. Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 80 por ciento de la superficie agrícola está amenazada por degradación y desertificación de suelos. Se azolvan y agotan lagos y lagunas; más de 70 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados, algunos en alto grado; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estima que el 57 por ciento del agua para riego se pierde por filtración y evaporación, debido principalmente a una obsoleta infraestructura hidráulica; en muchas ciudades las fugas por deterioro de tuberías rondan el 50 por ciento. Por otra parte, según algunas estimaciones, en este año han ocurrido más de siete mil incendios forestales, con daños a más de 600 mil hectáreas. Como respuesta, el PPEF reduce el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en mil 356 millones (11.2 por ciento). Cuestión de prioridades.

La Universidad Autónoma Chapingo, Institución emblemática formadora de especialistas de muy alto nivel en ciencias agrícolas, factor fundamental del desarrollo rural, recibió desde 2013 un incremento presupuestal promedio de 4.8 por ciento anual: 7.7, 4.9, cuatro, 6.8, 4.6, 1.71 y 3.8 (PEF para los ejercicios fiscales 2013 a 2019, y propuesta 2020, respectivamente). Este año recibió dos mil 822 millones; para el próximo se le asignarán dos mil 862, un 1.4 por ciento de aumento. Pero descontando la inflación esperada (tres por ciento), resulta una reducción de 1.6 por ciento en términos de capacidad de compra. Ello impedirá contratar más profesores, mejorar instalaciones, ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura, instalar sistemas de riego modernos, recuperar viveros, adquirir más maquinaria y unidades de transporte, consolidar el crecimiento nacional.

Lo antes expuesto muestra la necesidad de una profunda corrección a la estrategia de desarrollo agrícola implantada por el neoliberalismo y seguida hasta hoy, so pena de seguir ahondando nuestra dependencia tecnológica, financiera, alimentaria y política. La producción de alimentos debe ser prioridad de Estado; urge equilibrar el modelo de producción orientado, principalmente, a las exportaciones, fortaleciendo el mercado interno; impulsar la productividad, financiando construcción y mantenimiento de infraestructura y promoviendo el desarrollo tecnológico; y aumentar recursos y calidad en la investigación. El Estado debe formular una estrategia de productividad y competitividad y participar en su instrumentación en asociación con el sector privado y apoyando en forma efectiva al social.

En el presupuesto de la “Cuarta Transformación”, a la par que aumentan estratosféricamente las transferencias monetarias directas, mientras se reducen inversión y desarrollo productivo. El gobierno reparte dinero, pero no utiliza el presupuesto para promover la creación de la necesaria riqueza; como el mago, que de su chistera (el clásico sombrero de copa que le caracteriza), que antes ha mostrado completamente vacía, para asombro del público saca conejos y palomas. Igual aquí, de un erario donde no ingresa el suficiente dinero de impuestos de quienes tienen la riqueza, y de una economía cuya capacidad productiva está frenada... ¡Brota dinero! ¡Así, habiendo magos, para qué quieren economistas! Por esta ruta mágica vamos directo a la crisis, mejor dicho, a ahondar la ya existente.