Con la aplicación de estas asfixiantes medidas, el presidente de Estados Unidos (EE. UU)., Joseph R, Biden, confía en que provocará un cambio político en ambas naciones; pero se equivoca y pierde la oportunidad histórica de levantar el bloqueo y las sanciones contra Cuba y Venezuela al considerar que con su hipócrita gesto de “aliviar” algunas restricciones, ganará la voluntad de cubanos y venezolanos.

Ante la mirada atónita de la comunidad internacional y contra toda norma del derecho internacional, la superpotencia militar y sus aliados dosifican el derecho a la vida y la salud de millones de personas. Violando todo principio humanitario Washington, Bruselas y Ottawa aprovecharon el momento de mayor vulnerabilidad en ambas poblaciones para hostigar a los gobiernos de La Habana y Caracas.

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó como pandemia al SARS-COV-2, que causa el Covid, el 11 de marzo de 2020, el entonces presidente de EE. UU., Donald John Trump, fortaleció aún más las sanciones contra los gobiernos de las revoluciones cubana y bolivariana. Todas siguen vigentes con Joseph Robinette Biden.

Es inhumana la aplicación extraterritorial de la política estadounidense que impide a Cuba y Venezuela comerciar con otras naciones y dotar a sus respectivas poblaciones con productos básicos para su sobrevivencia.

El primer objetivo de esta estrategia de guerra híbrida consiste en crear desánimo y angustia en los ciudadanos por la dificultad de sus autoridades para dotarlos de insumos necesarios para vivir. El segundo es exacerbar ese sufrimiento hasta provocar un conflicto que conduzca a un cambio de sistema. No lo han logrado en 60 años de bloqueo a Cuba y en más de 15 de sanciones económicas a Venezuela.

Esas medidas coercitivas unilaterales merman la salud física y la psique de cubanos y venezolanos. Tanto así, que en mayo de 2019, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Idriss Jazairy, afirmó que resultan violentados los derechos humanos y subrayó: “Los códigos de conducta de las relaciones internacionales nunca han aceptado cambios de gobierno mediante sanciones económicas que nieguen los derechos humanos y ocasionen hambre en la población”.

La venganza

Cuba lidia hace años con una severa desaceleración económica, marcada por el desabasto de bienes básicos. A ello se sumó el impacto de la pandemia que, según la oposición, es la causa de la ineficiente gestión gubernamental que no impone reformas económicas y de mercado más radicales.

Sin embargo, es el bloqueo comercial de EE. UU. el que frena y sabotea toda posibilidad de desarrollo. Y cada día se esfuma la esperanza de que Biden desactive la venganza político-económica contra Cuba, ideada por la oligarquía estadounidense y sus antecesores hace seis décadas en agravio de la población y el gobierno socialista de la isla.

Este freno comercial, financiero y tecnológico a Cuba ha postergado el desarrollo de una sociedad que hoy sufre mayor precariedad por la pandemia de Covid-19. “Como el virus, el bloqueo asfixia, asesina y debe parar”, sentenció el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en la ONU.

Su llamado logró el respaldo de la comunidad global cuando el 23 de junio, por vigésima novena ocasión consecutiva, 184 países votaron a favor de una Resolución de la Asamblea General de la ONU para que el gobierno y el Congreso estadounidenses suspenda el bloqueo económico contra Cuba. Esta voz de gran peso moral cayó en oídos sordos ante el persistente voto en contra de EE. UU. e Israel, con la vergonzante abstención de Brasil, Colombia y Ucrania.

Solo en 2016, el entonces presidente Barack Obama pidió a su embajador ante la ONU que se abstuviera de votar en contra del bloqueo. En esa ocasión, el vicepresidente Joseph Biden respaldó tal acción y la reanudación de relaciones con Cuba en diciembre de 2014.

Y aunque en su campaña por la presidencia, Biden ofreció que “retomaría la política de Obama hacia Cuba”, pero no ha sido congruente. Concluido el primer semestre de 2021 y a 16 meses de que la OMS caracterizara como pandemia al nuevo coronavirus SARS-COV2, el demócrata mantiene inmutables las 240 medidas que Donald Trump dictó para endurecer el bloqueo.

Éstas impiden que Cuba se abastezca de mascarillas, ventiladores y petróleo. Biden desoye a sus asesores, los informes de las agencias de inteligencia, incluso a los centros de análisis, como el Grupo de Estudio Cuba (CGS), del magnate Carlos Saldrigas, de hacer un compromiso “renovado” hacia la isla.

Un acercamiento con La Habana sería vital para promover el interés nacional de EE. UU. y “un futuro más libre y próspero para el pueblo cubano”, advirtió el CSG y llamó a Biden a realizarlo, recuerda el analista Germán Gorraiz. No se sostiene la ya obsoleta visión geopolítica de Guerra Fría de la Casa Blanca y el Congreso estadounidense, por mera venganza política. Cuba requiere, con urgencia, productos biológicos extranjeros que garanticen la sobrevivencia de su población.

Mientras Washington ve al pasado, los cubanos han enfrentado esa estrategia de represalia invirtiendo en investigación biomédica. Fue así como han formado un eficiente cuerpo médico que colabora en misiones humanitarias en el extranjero y produce sus propias vacunas anti-Covid-19. Ésta es la lección de una revolución congruente con su ideología.

Hipócrita Licencia 39

En su entrevista del 18 de junio con la agencia Bloomberg, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a su homólogo estadounidense, Joseph Robinette Biden, suprimir las sanciones comerciales y financieras, así como cesar las calumnias contra su nación. Maduro explicó la forma en que las arbitrarias medidas de EE. UU. impiden a su país reestructurar su deuda y adquirir insumos para atender la salud de su población contra la pandemia.

El huésped de la Casa Blanca, con arrogancia imperial, usó al Departamento de Estado para responder que, antes de que se levanten las sanciones, Caracas debe “hacer más por restaurar la democracia”.

La hostilidad de Biden hacia Venezuela es idéntica a la de Trump quien, en 2017, la expulsó de los mercados financieros, y a Petróleos de Venezuela (PDVSA) le prohibió exportar petróleo a su gobierno y negociar su deuda. Por esa imposición, el país tuvo pérdidas financieras por 1.4 mil millones de dólares (mdd) y aumentó su calificación de riesgo.

Sin embargo, para mostrar cómo administra a su arbitrio el derecho a la salud de los 28.5 millones de venezolanos, el presidente estadounidense “autorizó” a su Departamento de Estado a permitir al gobierno venezolano realizar algunas transacciones para adquirir bienes que protejan a su población contra la pandemia.

Con este gesto del 23 de junio, Biden buscó demostrar a China y Rusia que aún tiene influencia en Venezuela, mientras desatendía la misiva del congresista Jim McGovern que le pidió el retiro de las sanciones por causar daños indiscriminados contra la población.

La ficticia apertura de Biden se respalda, entre otros, con los reportes diarios del Instituto Samuel Robinson del impacto de las sanciones en el sector sanitario de Venezuela. En ellos se plasma el cruel alcance de las medidas coercitivas contra la salud de las personas que la Casa Blanca enmascara como acciones “humanitarias”.

En términos reales, esa “licencia” incluye transacciones y actividades con el Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela y Banco Bicentenario que solo incluyen la entrega de mascarillas, ventiladores y tanques de oxígeno, vacunas y su producción, pruebas para Covid-19, sistemas de filtración de aire y hospitales de campaña, entre otros requerimientos.

Se trata de la Licencia General 39, que opera la Oficina para el Control de Activos extranjeros (OFAC) cuyo director, Bradley T. Smith, firmó el mismo día que el Departamento del Tesoro aprobó ciertas transacciones a gobiernos de Siria e Irán. Para el gobierno bolivariano, esto significa que EE. UU. ve a Cuba y Venezuela como objetivos de operaciones de guerra. Esto se confirma con la crisis que ha conducido a la quiebra económica a múltiples sectores del país sudamericano.

Hoy siguen vigentes las órdenes de Trump a organismos financieros internacionales para que retengan las reservas en oro y moneda que son propiedad del pueblo venezolano (sean bolivarianos u opositores); también el bloqueo de toda actividad comercial de PDVSA y sus filiales en el exterior, así como al sistema de transporte marino.

Debido a esta agresiva acometida extraterritorial, Venezuela debió cancelar relaciones con proveedores internacionales, perdió la posibilidad de comprar bienes que preserven la salud de su población y enfrentó pérdidas millonarias al verse obligado a rescindir acuerdos pactados.

Recientemente se bloquearon cuatro operaciones bancarias con las que Venezuela pagó a la iniciativa COVAX del Sistema de Naciones Unidas para adquirir 11 millones de dosis de vacunas. La entidad bancaria suiza UPS bloqueó este pago, explicó COVAX al embajador venezolano Héctor Constant Rosales.

Biden sabe que estas medidas coercitivas unilaterales son injustas, pero las mantiene como arma de presión y cabildeo geopolítico; pues su gobierno y sus aliados europeos y canadiense se adjudican el poder de determinar la solución o el endurecimiento, según les convenga. El ejemplo es la afirmación de su embajador en Colombia, James Story quien, en junio, anunció que EE. UU. excluía a Venezuela de la donación de vacunas. Más tarde, el altanero Story anunció que se evaluaría levantar algunas restricciones si “Maduro cede espacios democráticos”.

Acorde con este cruel juego político, el 26 de junio, un comunicado entre de EE. UU., la UE y Canadá saludó lo que llamaron “avances sustantivos y creíbles” para restaurar procesos e instituciones democráticas en Venezuela. A cambio de aliviar algunas sanciones, pidieron negociar “cara a cara” elecciones libres.

Paradójicamente, justo en esos días y después de cuatro años de litigio, el Tribunal de Justicia de la UE otorgó el fallo a Venezuela porque dictaminó que ese país sí puede recurrir contra las sanciones impuestas por el bloque comunitario. Para la Corte de Luxemburgo, el gobierno bolivariano está legitimado para impugnar.

El juicio se remonta a 2017, cuando la UE articuló varias medidas económico-financiero-comerciales contra Caracas para “fomentar la solución democrática” en aquel país, las cuales contemplaban desde la prohibición de viajar a la UE hasta la intervención de activos financieros a funcionarios.

En respuesta, el gobierno de Maduro presentó un recurso de anulación, que no admitió el Tribunal General al estimar que no se demostraba que las sanciones lo “afecten directamente”, reportó la agencia Euronews. El Tribunal europeo ya desestimó ese criterio y opina que Venezuela tiene pleno derecho a impugnar esas sanciones sin demostrar que le afecten.

Como explican mujeres y jóvenes venezolanos a buzos: “Es increíble que esto pase a estas alturas y que unos señores decidan si pueblos enteros pueden o no acceder a la salud. Ésta es una prueba de fuego para que los organismos internacionales se quiten la venda que les impide ver cómo, a plena luz del día, se perpetra ese crimen”.