El alarmante aumento de desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas ha echado por tierra la percepción de que esta entidad es tranquila y libre de grupos delictivos. Además, los familiares de los desaparecidos y los colectivos que realizan labores de búsqueda todo el año, denuncian que se hallan solos y abandonados por las autoridades.

En 2025, las desapariciones se incrementaron más del 160 por ciento y en 2026 esta tendencia se está elevando, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y mucho miedo en una población estatal de apenas unos 800 mil habitantes.

María Guadalupe, madre que busca a su hija Alicia Darianna Avilés Villegas, desaparecida hace casi nueve meses, reveló que efectúa búsqueda con recursos propios, junto a otras familias que viven la misma tragedia y con el apoyo de organizaciones civiles. Denunció que de las autoridades sólo han recibido indiferencia, amenazas y silencio. La hija de María Guadalupe desapareció tras intentar rescatar a su esposo secuestrado y desde entonces no se ha logrado esclarecer su paradero.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), entre enero de 2025 y marzo de 2026 han desaparecido 228 personas; mientras que sólo en lo que va de 2026, en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obran 79 carpetas de investigación abiertas.

La Paz y Los Cabos concentran la mayoría de los casos, sobre todo en personas de 20 a 44 años. En las fosas clandestinas, cuya mayoría se ubica en Comondú y La Paz (tramo Zaragoza-La Purísima y la carretera a San Juan de la Costa), se hallaron 12 cuerpos a principios de este mes.

Sin embargo, el titular de la PGJE, Antonio López Rodríguez, señaló que estos hallazgos son “apariciones” de restos óseos antiguos y no obra de acciones delictivas, lo que provocó la indignación de los familiares y los colectivos de búsqueda, quienes consideran que se han ocultado las desapariciones y el sufrimiento de las víctimas.

Los colectivos, que actúan en todos los municipios de la entidad, demandaron al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y al Congreso, revisar la actuación del procurador y designar en la PGJE a funcionarios con preparación técnica y sensibilidad hacia las víctimas.

También propusieron al mandatario estatal establecer un diálogo formal en el que se reconozca su labor y se evite la revictimización de las familias buscadoras, cuya existencia es la prueba de una crisis social muy dramática expresada en cifras, expedientes y fosas clandestinas, así como en su lucha por conocer el paradero de sus seres queridos y no sólo en la búsqueda de culpables.

“Si alguien ha visto a mi hija o saben dónde quedó… si ya no está viva, que me digan”, son las palabras de María Guadalupe, madre de Alicia Darianna Avilés Villegas, de 23 años, desaparecida hace casi nueve meses.

“Es un dolor muy feo; es una incertidumbre vivir día a día y no saber qué pasó con ella, en dónde me la dejaron”, ha declarado en varios lugares donde intenta localizar los restos de su ser querido.

La madre buscadora no se encuentra sola; camina acompañada por el hijo de siete años de Alicia, quien la espera y a cada momento pregunta por su madre. Alicia había acudido a entregar un pago para rescatar a su esposo, quien días antes había sido privado de su libertad.

“Se lo llevaron un viernes al muchacho; y el sábado tuve comunicación con ella. Me dijo que se lo iban a entregar a cambio de cierta cantidad de dinero”, lamentó María Guadalupe. De acuerdo con lo que antes le había informado su hija durante el supuesto intercambio, estarían presentes autoridades. Pero Alicia nunca regresó, y desde entonces se desconoce su paradero.

“Los suegros se han quedado callados. Dos días después me traen al niño y todo el mundo se quedó callado; no me han ayudado en nada”, narró María Guadalupe; además, denunció: “he recibido amenazas del gobierno. Tengo videos que supuestamente son autoridades, pero no me reciben nada”. Mientras tanto, su pequeño nieto crece preguntando por su madre y no recibe respuestas.

De acuerdo con el RNPDNL, del 1° de enero de 2025 al ocho de marzo de 2026, en Baja California Sur se levantaron 33 fichas de búsqueda, entre ellas la de Alicia Darianna.

Carpetas al alza

De las 79 carpetas de investigación abiertas por el delito de desaparición en lo que va de 2026, el titular de la PGJE, Antonio López Rodríguez, declaró que una parte importante de las desapariciones podría estar relacionada con el crimen organizado. Sin embargo, aclaró que cada caso se investiga individualmente y que las carpetas permanecen abiertas hasta localizar a las personas reportadas como desaparecidas.

Se estima que entre enero de 2025 y febrero de 2026 más de mil 200 personas han sido reportadas como no localizadas en Baja California Sur, según datos actualizados a marzo de 2026.

De acuerdo con el cómputo acumulado al pasado dos de marzo, a partir del 1° de enero, en la entidad se ha incrementado este delito hasta 200 por ciento respecto al reportado en 2025, que cerró con 211 fichas de búsqueda activas.

Durante el primer bimestre de 2026 se reportaron al menos 30 personas desaparecidas en el estado. Los municipios de La Paz y Los Cabos, como ya se explicó líneas arriba, concentraron la mayor cantidad de casos.

En los primeros días de marzo, una llamada anónima cambió el rumbo en la búsqueda de personas desaparecidas, cuando los integrantes del colectivo Búsqueda por la Paz se trasladaron al municipio de Comondú, donde hasta el momento se han localizado 10 fosas clandestinas en un área donde no se había escarbado.

El aviso sirvió como detonante y abrió lo que los colectivos han llamado una “cloaca” de restos humanos, dada su magnitud, lo que incluso propició que el colectivo local se sumara y reforzara los trabajados de búsqueda.

La ola de rastreo se extendió; en fechas recientes se integró el colectivo de Loreto con el objetivo de apoyar a las familias afectadas en las tareas de coordinación y documentación de los sitios.

En La Paz también se localizó una fosa clandestina sobre la carretera La Paz-San Juan de la Costa, gracias a la colaboración ciudadana a través de información anónima que ha resultado clave para cubrir la ausencia de las autoridades en este tipo de labores.

Fiscal que no fiscaliza 

Cuando las fosas clandestinas en San Juan de la Costa y El Común López Rodríguez fueron localizadas, el titular de la PGJE de Baja California Sur destacó: “no son eventos generados recientemente, por lo que se cuentan como apariciones y no como un evento delictivo, porque son restos óseos que ya tienen tiempo ahí”.

Este “dictamen” provocó que los familiares y las organizaciones civiles difundieran un comunicado dirigido al gobierno estatal y al Congreso local, en el que expresaron su rechazo a lo que calificaron como “desconocimiento” de la procuración de justicia.

Además, consideraron que las declaraciones fueron técnicamente incorrectas y ofensivas para los familiares de las víctimas, ya que una fosa clandestina con restos humanos, por sí misma, representa un indicio claro de la posible comisión de delitos graves como el homicidio y la desaparición forzada.

Recordaron, asimismo, que son los familiares de las víctimas quienes realizan las búsquedas ante la falta de acción efectiva de las autoridades. Eso es “invisibilizar el crimen y el sufrimiento de quienes buscamos a nuestros seres queridos”, señalaron.

Colectivos como Búsqueda por la Paz y de Comondú, advirtieron que su lucha no busca confrontar a las autoridades, sino la verdad, la justicia y la dignidad de las personas desaparecidas, solicitaron tres acciones en respuesta a lo declarado por el procurador:

La primera, que el gobernador Castro Cosío y los diputados del Congreso local revisen seriamente la actuación y las declaraciones del procurador. La segunda, que las instituciones de procuración de justicia sean encabezadas por personas con preparación técnica, jurídica y sensibilidad hacia las víctimas. Y la tercera: que ambas instituciones de Estado establezcan un diálogo directo con las familias buscadoras y con los colectivos para reconocer su labor, evitar cualquier forma de revictimización y aceptar que deben consolidar las instituciones públicas dedicadas a atender las desapariciones.

Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común, explicó que “ya hay que trascender esa discusión de cambios legales; porque, hoy en día, el reto por delante consiste en aplicar lo que dice la ley: consolidar esas instituciones, dirigir o aumentar presupuestos donde sea necesario; terminar de crear instrumentos básicos para afinar una política pública para atender las desapariciones y la crisis forense”.

El experto insistió en que a pesar de que muchas de las bases para edificar una política pública ya están contempladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, “es tiempo de que se implementen esas definiciones”.

Escobar Ayala enfatizó en que la falta de consolidación institucional genera vacíos en la investigación y documentación de casos, dificultando la identificación de víctimas y el seguimiento de los hallazgos de fosas clandestinas.

En Baja California Sur, por ejemplo, hay municipios como Comondú que concentran cerca del 29 por ciento de las desapariciones, cifra que refleja no solamente la magnitud del problema, sino también la necesidad de mecanismos locales robustos.

El investigador destacó que “si no tenemos instituciones completamente abocadas a identificar esas causas, pues nos movemos mucho a gatas”.

El especialista subrayó que la consolidación institucional y la correcta aplicación de la ley son pasos indispensables para reducir la impunidad y atender integralmente la crisis de desapariciones y violencia letal en el país.