La organización social fomenta la disciplina como un medio para fortalecer la sensibilidad y la capacidad de análisis y argumentación sobre la realidad del país.
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Foto: Internet
Mazatlán, Sinaloa, enfrenta una creciente crisis de desapariciones que afecta principalmente a jóvenes provenientes de otros estados, como Durango, y que ha encendido las alertas entre colectivos de búsqueda, familias y autoridades. En los últimos años, el puerto se ha convertido en un punto crítico para este tipo de casos, con denuncias que contrastan con las cifras oficiales y evidencian una problemática de violencia e inseguridad que impacta tanto en el turismo como en la percepción ciudadana.
Colectivos como Madres Buscadoras de Durango y Buscando Emilios han documentado más de 18 casos activos de jóvenes originarios de Durango desaparecidos en Mazatlán entre 2024 y 2025, muchos de ellos en circunstancias alarmantes que las familias describen como si “se los hubiera tragado la tierra”.
En contraste, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoce oficialmente sólo ocho desapariciones en Mazatlán y una en Culiacán, correspondientes a jóvenes de entre 20 y 30 años que viajaban al puerto por motivos de turismo, trabajo, estudios o descanso familiar.
La fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, mantiene comunicación constante con autoridades de Sinaloa; además, ha solicitado apoyo federal y emitido una alerta recomendando extremar precauciones al viajar a la zona. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó calificar la situación como una crisis y aseguró que Mazatlán continúa recibiendo turismo de manera normal.
El pasado 3 de febrero de 2026, familiares reportaron la privación ilegal de la libertad de Óscar García Hernández y de los hermanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, todos originarios de la Ciudad de México y el Valle de México, mientras vacacionaban en el puerto.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y testimonios de sus familiares, las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados que se desplazaban en motocicletas y vehículos; posteriormente, les vendaron los ojos y se los llevaron con rumbo desconocido.
Hasta el momento, no se han reportado avances públicos en la investigación, por lo que las familias exigen respuestas y la localización con vida de las víctimas.
En paralelo, el 6 de febrero de 2026, medios locales informaron sobre el hallazgo de una fosa clandestina en el poblado de El Verde, municipio de Concordia. Este descubrimiento fue vinculado al secuestro de 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, ocurrido el 23 de enero de 2026, presuntamente perpetrado por un grupo criminal con presencia en la región.
En el sitio se localizaron cuerpos y restos humanos en avanzado estado de descomposición. Reportes iniciales estimaron entre cuatro y 10 víctimas; posteriormente, la Fiscalía de Sinaloa confirmó la identificación de tres de los mineros desaparecidos: José Ángel Hernández Vélez, de 37 años; José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, e Ignacio Aurelio Salazar Flores.
Tras estos hechos, el 7 de febrero, familias y colectivos de personas desaparecidas en Mazatlán realizaron una marcha pacífica para visibilizar la crisis. El contingente partió de la explanada ubicada entre el parador fotográfico con las letras de “Mazatlán” y el edificio Valentinos.
Al concluir la caminata, se llevó a cabo un mitin en el que diversos oradores compartieron testimonios personales y expresaron mensajes de apoyo y solidaridad.
Monseñor Mario Espinoza Contreras, obispo de Mazatlán, calificó el hallazgo de la fosa clandestina en El Verde y las múltiples desapariciones en Sinaloa como “una gran desgracia y una situación de vergüenza”.
Señaló que este fenómeno ha aumentado con los años sin que existan soluciones efectivas; además, destacó la labor “heroica y legítima” de las madres buscadoras y criticó que las fuerzas de seguridad “se han quedado cortas” para frenar el avance de la violencia.
“La situación es una gran desgracia que debería urgirnos a todos”, concluyó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Mazatlán registró un incremento significativo en la percepción de inseguridad durante 2025. En diciembre de ese año, el porcentaje alcanzó niveles elevados, con reportes cercanos al 80 por ciento, lo que representa un aumento de más de 27 puntos porcentuales respecto a mediciones previas, como las de septiembre, cuando se ubicaba entre 52 y 53 por ciento.
Asimismo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta que en Sinaloa existen aproximadamente siete mil cinco casos de personas desaparecidas desde 1952, con corte a enero de 2026. Tan solo entre 2024 y 2025 se registraron hasta dos mil 984 desapariciones, de acuerdo con información de medios locales.
Esta tendencia refleja el impacto acumulado de la violencia en la confianza ciudadana y en la actividad turística, además de evidenciar el agravamiento de la crisis de seguridad en años recientes.
La organización social fomenta la disciplina como un medio para fortalecer la sensibilidad y la capacidad de análisis y argumentación sobre la realidad del país.
Exigen justicia por la muerte de tres personas, dos mujeres y un menor de edad, presuntamente a manos de un elemento policiaco.
El resguardo se otorgó tras solicitudes formales presentadas por los propios presidentes municipales.
La medida busca reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, docentes y personal educativo.
Localizan un artefacto explosivo, armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de pertenencias de los mineros.
Estas cifras oficiales llegan meses después del asesinato del alcalde Carlos Manzo en una plaza pública, durante los festejos de Día de Muertos.
El fallo acelera el proceso para que las víctimas reciban el dinero en sus cuentas bancarias.
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Usuarias exigen al STE restablecer las medidas de protección para mujeres, así como reforzar la vigilancia y el respeto a la señalética existente.
El engaño ocurre en segundos tras retirar dinero del cajero. El delincuente finge encontrar billetes y convence a la víctima de entregar su efectivo; al final, solo deja papeles sin valor.
“Homicidio por agresión a la autoridad” y “muerte por enfrentamiento o en hospital”, son categorías que no están en el Código Penal, por lo que no se sabe si se investigan como homicidio.
Prevé su presencia en regiones montañosas del centro y norte del país debido a las temperaturas gélidas.
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En el caso del conflicto agrario de San Sebastián Teponahuaxtlán, se ha logrado la restitución de aproximadamente seis mil 300 hectáreas.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.