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Pese a las reducciones parciales en algunos delitos, México se mantiene entre los países más violentos a nivel global, aseguró María Fernanda Arocha, gerente de investigación para Centroamérica (Acled), durante la presentación del estudio “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”.

En el conversatorio del centro de evaluación de políticas públicas México Evalúa (ME), señaló que la violencia en este país alcanza números altos, a pesar del discurso gubernamental sobre la baja incidencia delictiva en algunos casos como el de homicidio doloso.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el “homicidio doloso” bajó 22.2 por ciento a nivel nacional de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, tomando en cuenta que pasó de 30 mil 62 casos a 23 mil 374 respectivamente; pero, comparando el registro del 2015, cuando hubo 17 mil 884 asesinatos la variación es del 30.7 por ciento en una década.

“Si bien el homicidio doloso muestra una caída reciente, otros delitos mantienen trayectorias altas y crecientes, lo que evidencia una violencia que no ha sido contenida. Esto requiere una lectura multidimensional, ya que se observa una reducción moderada sobre una estructura delictiva elevada, asociada más a ajustes parciales que a un proceso consolidado de pacificación”, coincidieron los especialistas durante el conversatorio.

Por lo anterior, los analistas del ME evaluaron otros delitos de alto impacto que repercuten en la violencia letal que persiste en México como el feminicidio, homicidio culposo, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal; así como las personas desaparecidas y no localizadas.

Delitos que incrementaron en 10 años

En este sentido, Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de ME, reportó que el delito de feminicidio a nivel nacional se redujo 15.5 por ciento desde 2024; pero, incrementó 68.5 por ciento desde 2015, toda vez que pasó de 428 casos a 721 en una década.

Las entidades con más casos de feminicidio son Sinaloa con una tasa de 2.2 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento de 367 por ciento de 2015 a 2025; seguido por Morelos con 1.7 reportes y un incremento de 120 por ciento y Chihuahua con 1.2 delitos.

A estas cifras, el especialista del ME sumó el homicidio culposo, delito que se redujo 4.5 por ciento desde 2024, pero incrementó 7.7 por ciento desde 2025, al pasar de 17 mil 104 reportes a 18 mil 425. Agregó que este delito muestra un comportamiento anómalo en el ámbito local, lo que plantea problemas “severos” de clasificación de muertes violentas, principalmente en Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Guanajuato, donde la tasa por cada 100 mil habitantes es de 52.2, 27.1, 26.5, 23.3 y 21.9 casos respectivamente.

La cifra que más alertó a los analistas del conversatorio fue el concentrado en otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, el cual registró en una década un incremento de 368.3 por ciento al pasar de tres mil 692 en 2015 a 17 mil 288 en 2025; sin embargo, en el discurso oficial, las autoridades sólo reconocen una reducción de 5.8 por ciento desde 2024.

Al respecto, el analista Vargas comentó que se trata de un crecimiento más anómalo y atípico frente a la narrativa oficial de la disminución de la violencia; ya que más que reflejar cambios reales, este aumento apunta a procesos de reclasificación que obligan a analizar la consistencia y la transparencia de los registros, toda vez que esta categoría parece utilizarse para diluir u ocultar la violencia que persiste en distintos territorios.

Agregó que estados como Baja California, en una década, presenta un incremento de 916 por ciento con respecto a la clasificación de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, rubro en el que registró una tasa de 66.2 casos por cada 100 mil habitantes; le siguen Guanajuato, Baja California sur, Tabasco y Sinaloa.

Otro indicador que aumentó sustancialmente en el mismo periodo fue el de personas desaparecidas y no localizadas, el cual pasó de cuatro mil 111 a 12 mil 872, lo que equivale a un incremento de 212.9 por ciento. Los estados más afectados son Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Baja California, en ese orden.

Vargas explicó que la desaparición no es un problema separado de la violencia letal, sino parte de dinámicas de criminalidad insuficientemente reconocidas y atendidas.

Más fuerzas federales no sustituyen el fortalecimiento de las corporaciones

En su intervención, Víctor Manuel Sánchez Valdés, integrante de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que la contención de la violencia pasa necesariamente por un proceso profundo de saneamiento institucional a nivel local.

Señaló que la presencia de fuerzas federales no sustituye la necesidad de depurar y fortalecer a las corporaciones policiales, como ocurrió en Coahuila, donde se optó por “limpiar la casa”, dar de baja a elementos corruptos y reconstruir capacidades operativas. Subrayó que la recuperación de la confianza ciudadana sólo es posible con resultados visibles, atención directa a las denuncias y reducciones sostenidas en el tiempo, procesos graduales que pueden ofrecer lecciones, aunque no sean replicables de forma inmediata en contextos más complejos.

Mientras tanto, Mario Pavel Díaz, director de Gestión Estratégica del C5 de la Ciudad de México aseguró que no existen soluciones únicas para enfrentar la inseguridad, sino estrategias que deben responder a las condiciones específicas de cada territorio y sostuvo que en la capital del país se ha observado una reducción en algunos indicadores delictivos, incluida la del homicidio y la percepción de inseguridad, resultado de una coordinación interinstitucional sostenida.

México Evalúa recomendó mejorar los instrumentos de política pública con la creación de mesas permanentes de coordinación multisectorial para mejorar la medición de la violencia letal; incorporar de manera sistemática a actores estatales para fortalecer la calidad de la evidencia y sumar perspectivas económicas y sociales.

Por último, sugirió clasificar los delitos según sus dinámicas letales, patrimoniales, coercitivas o políticas e implementar una estrategia integral de seguridad con base en evidencia y con énfasis local.