Foto: X / Madres Buscadoras de Sonora

Falta de registros confiables, ausencia de datos sobre fosas clandestinas y una grave insuficiencia en la capacidad de los servicios forenses son sólo algunas de las situaciones que evidencian la magnitud de la crisis de desapariciones en México, reveló el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: un acercamiento al drama de las desapariciones en México”, elaborado por la organización Causa en Común.

A través de un comunicado, la organización destacó “los números del fracaso” al referirse a las tres mil 869 carpetas de investigación para más de 130 mil personas desaparecidas; a esta situación sumó la ausencia del Gobierno Federal y las autoridades locales en la búsqueda de personas, tarea que queda en manos de los familiares, amigos y colectivos, aún a costa de sus vidas.

En este contexto, Causa en Común subrayó el asesinato de por lo menos 35 buscadores y la desaparición de ocho más: “la falta de gobierno, y la destrucción de los contrapesos autónomos, desplazó la búsqueda de los desaparecidos hacia las familias, colocándolas en riesgo de muerte frente a las organizaciones criminales”.

El informe también advirtió que, pese al incremento sostenido de las desapariciones, las respuestas institucionales han sido limitadas y, en algunos casos, orientadas a modificar marcos legales sin un impacto real en las capacidades operativas. Señaló que el número de casos alcanzó un punto máximo en 2024, con 12 mil 759 nuevos registros en un sólo año, lo que evidencia la persistencia y agravamiento del fenómeno.

Además, documentó la falta de acciones por parte de instancias clave como la Fiscalía General de la República, que no ha cumplido con la elaboración de registros forenses ni con la publicación de instrumentos fundamentales como el Programa Nacional de Exhumaciones y un Protocolo Homologado de Investigación. A esto sumó la precariedad de los servicios periciales, que operan con carencias de personal, infraestructura y equipamiento.

Causa en Común también cuestionó la inoperancia de organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda, que carece de normativa interna y de un Programa Nacional de Búsqueda, así como el papel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las que señala por su falta de incidencia y autonomía frente al gobierno. “No existen para proteger a víctimas sino para defender al gobierno con comunicados obsecuentes o con silencios cómplices”, puntualizó.

Ante este panorama, la organización planteó una serie de recomendaciones para atender la crisis, entre las que destacan el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación, homologar los registros de personas desaparecidas, la generación de información completa y transparente sobre fosas clandestinas, así como el incremento de recursos y capacidades en los servicios forenses.

También recomendó establecer una coordinación efectiva entre autoridades de los tres niveles de gobierno y la implementación de políticas públicas integrales que prioricen la localización de personas y la atención a las víctimas.

Por último, sugirió aumentar los recursos destinados a las comisiones de búsqueda, fiscalías y servicios forenses, implementar de manera efectiva protocolos de investigación, así como un Programa Nacional de Exhumaciones que permita atender el rezago en la identificación de restos; así como articular acciones dentro de un Programa Nacional de Búsqueda con objetivos verificables, que incluya la participación de las familias y cumpla con las recomendaciones de instancias internacionales.