Sólo 2 de cada 10 empresarios asociados a la Coparmex consideran que en el país existen las condiciones necesarias para inyectar capital.
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Foto: Internet
México Evalúa señaló que el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó 213 por ciento en una década, al pasar de cuatro mil 114 casos en 2015 a 12 mil 872 en 2025. El total acumulado desde el inicio del registro, en 1962, asciende a 132 mil casos, de acuerdo con su informe “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”.
El documento destaca que Sinaloa, Sonora y Baja California Sur registran en 2025 las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes, con 29.9, 26.3 y 24.1 casos, respectivamente.
De acuerdo con México Evalúa, estas tres entidades comparten patrones similares: las desapariciones ocurren en contextos de alta violencia criminal, marcados por disputas territoriales y la presencia sostenida de grupos armados.
La organización explicó que la desaparición de personas reduce la visibilidad de los homicidios y disminuye las presiones institucionales. Entre las prácticas asociadas se encuentran el ocultamiento de cuerpos en fosas clandestinas, la destrucción de restos y la eliminación de evidencias.
Asimismo, el fenómeno se vincula con economías ilícitas como el tráfico de personas, la explotación sexual y actividades relacionadas con la migración irregular.
Especialistas advirtieron que las cifras disponibles podrían estar por debajo de la magnitud real del problema. Entre los factores señalados se encuentran las dificultades para denunciar, la falta de identificación de restos y los registros incompletos.
Añadieron que la debilidad institucional en materia forense y de investigación impide dimensionar con precisión el número total de víctimas.
Según el Índice de Impunidad en Materia de Desaparición de Impunidad Cero, en México prevalece un nivel de impunidad cercano al 99 por ciento en los delitos de desaparición, tanto forzada como cometida por particulares. Los datos indican que la gran mayoría de los casos acumulados permanecen sin resolución ni castigo efectivo para los responsables.
Por último, un análisis de Amnistía Internacional señaló que, hasta inicios de 2025, se habían registrado únicamente alrededor de 372 sentencias condenatorias por desaparición forzada en el país, lo que representa menos del 0.3 por ciento del total de casos identificados.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.