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Uno de los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19 es el de los trabajadores informales, que además de no contar con ingresos fijos, servicios médicos y prestaciones sociales, se enfrentan hoy, debido al confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19, al desempleo extremo, la carencia absoluta de ingresos y a un gobierno ciego y sordo a sus necesidades de sobrevivencia
Pero estos 31.3 millones de mexicanos, que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), representan 56.2 por ciento de la Población Económica Activa (PEA) y se hallan a unos cuantos pasos de la miseria, cotidianamente deben superar otras “plagas”: las extorsiones, decomisos y abusos de autoridad de policías municipales, estatales y federales.
En San Luis Potosí, donde el 50 por ciento de las personas en edad de trabajar, laboran en el comercio informal, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de la entidad, numerosos afectados denuncian la injusta medida que los obliga a permanecer en sus casas y que no pueden cumplir porque, de hacerlo, no podrían comer.
“Manifestamos nuestra impotencia. No podemos dejar de trabajar y cada día empeora la situación; las ventas bajaron, la gente no tiene trabajo ni dinero para consumir o adquirir algún producto. La situación económica de nuestro país es cada vez más deplorable y ni hablar de la salud. Muchos comerciantes ambulantes han enfermado y, en algunos casos, fallecieron debido a este virus, pues no han podido quedarse en casa para resguardarse del contagio por Covid-19”, denunció una comerciante del Centro Histórico de la capital potosina.
“En un inicio se atendieron las medidas sanitarias, sobre todo la de mantenerse en casa. Fueron algunas semanas, ya que después nos quedamos sin dinero para provisiones y continuar con el aislamiento, además de que sentimos la indiferencia de las autoridades, El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió ayudar a los más pobres; sin embargo, esa ayuda no ha llegado ni se ha visto reflejada. No tuvimos otra opción más que salir a trabajar nuevamente para poder sobrevivir”.
La intolerancia gubernamental
En San Luis Potosí capital, las autoridades municipales han retirado a cientos de comerciantes ambulantes de las calles de la ciudad, quienes han denunciado que los inspectores del área de comercio hostigan, amedrentan, incluso agreden verbal y físicamente a vendedoras de flores, alimentos, pan casero, dulces típicos de la región, artesanías, etcétera; además de que les confiscan estas mercancías y sus herramientas de trabajo con el argumento de que “no cumplen con el semáforo naranja”.
Este tipo de decisiones gubernamentales, en el marco de una crisis sanitaria que ya ha aumentado el desempleo en más de un millón 100 mil personas, resultan por demás incomprensibles y carentes de sentido común, entre quienes deben salir a la calle todos los días para buscar con qué alimentar a sus familias.
La señora Rosa Martínez, quien vende tamales en una esquina de la calle Madero, explica a buzos: “Las ventas han bajado, pero sigo despertándome a las cinco de la mañana para salir a trabajar… La ganancia puede ser, en un día, de 250 pesos; otro día 200 o 150. Con esto no podemos pensar en el ahorro, porque vivimos al día”, comentó la vendedora ambulante.
Doña Rosa vive en la colonia Chimalhuacán, al sur de la capital potosina y donde carecen de los servicios de drenaje y agua potable, lo que hace más difícil lidiar con la pandemia. “Vendía entre 50 y 70 unidades de mercancía al día; pero con la contingencia sanitaria ahora no llega ni a 30, obteniendo solo 200 pesos. Lo único que uno quiere es trabajar para sacar adelante a la familia, nos arriesgamos, pero no hay manera de poder subsistir si no tenemos el apoyo de los gobernantes”, insistió en su denuncia.
Las acciones represivas contra los comerciantes ambulantes no son exclusivas de la capital potosina y se dan en otras grandes ciudades de la República, entre ellas la Ciudad de México (CDMX). En la alcaldía Cuauhtémoc recientemente se suscitó la agresión contra una vendedora muxe a manos de la policía, que intentó confiscarle su mercancía y su bicicleta. En la misma situación se han visto vendedoras de hortalizas y artesanos, siempre con el argumento de que no cuentan con permisos oficiales para vender en las calles.
Los trabajadores informales aportan el 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, indicó la socióloga Paloma Villagómez, quien además sostuvo que “cumplen con la función de alimentar a sectores populares que no tendrían otra manera de adquirir alimentos, sobre todo en zonas caras de la capital”.
Doña Rosa cuenta a buzos que cuando logra juntar 200 pesos, prefiere irse lo antes posible a casa para evitar que lleguen los inspectores y los policías, que siempre quieren quitarles sus mercancías.
“Hace algunos años laboré en una fábrica de autopartes; las jornadas eran muy largas y mal pagadas, apenas ganaba el salario mínimo (123.22 al día). Tengo tres hijos que dependen de mí y a los que tengo que solventar sus gastos de comida, escuelas, salud, servicios, etcétera. Era imposible, con lo poco que ganaba, además de que los descuidaba mucho tiempo. La realidad es que ahora, con la pandemia, hay muy pocos empleos y si antes de esta contingencia pagaban muy poco, hoy en día los sueldos son mezquinos, no se ajustan a las necesidades de las familias”.
El deficiente desempeño gubernamental y el empresarial es uno de los principales incentivos de la economía informal. Las inversiones privadas han descendido cuatro puntos porcentuales, y por ello no hay oferta de nuevos empleos y la economía nacional disminuye. Ambos factores empujan a la población a la informalidad, por lo que el país se perfila hacia una situación catastrófica.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la paralización de las labores económicas no esenciales y el confinamiento sanitario de buena parte de la población mundial, desde mediados de noviembre de 2019, provocó que unos mil 600 millones de trabajadores del sector informal estén en peligro de perder sus medios de subsistencia vital.
El estudio de la OIT sostiene que la región del mundo que perdería más horas de trabajo en el segundo trimestre de este año sería América, con el 12.4 por ciento en relación con su respectivo promedio, seguida por Europa y Asia Central, con el 11.8 por ciento, y que al resto de las regiones corresponderá el 9.5 por ciento.
Los datos anteriores no hacen referencia a los más de 31 millones de trabajadores informales de México, ni al 57.4 por ciento de la PEA potosina, que se halla en la informalidad. Sin embargo, es oportuno destacar que las labores de los informales potosinos en buena medida son esenciales.
¿Por qué lo decimos? Porque consisten en vender alimentos y productos básicos en calles, recoger basura y realizar tareas domésticas o coadyuvantes de las labores específicas de la transportación de pasajeros y mercancías. Estos trabajadores no tienen, sin embargo, vacaciones, horas extras ni seguro de desempleo.
En las calles de la ciudad de San Luis Potosí hay, además de puestos ambulantes, cargadores, lavacoches, mandaderos. Nos detuvimos en la Alameda Juan Sarabia y entrevistamos al señor Juan Carrizales quien, en los últimos ocho meses, se ha dedicado a lavar coches. Esto fue lo que nos contó:
“No ha sido fácil sobrevivir a esta pandemia. Yo trabajaba en la zona industrial, en una fábrica de plásticos; pero a muchos nos corrieron con la llegada del Covid-19. Con el poco dinero que me dieron como liquidación compré alimentos y medicamentos que necesitaba mi familia. Sin embargo, duró muy poco, y salí a buscar otro empleo con temor de contagiarme del virus. Pero ¿qué más se podía hacer? La familia necesita salir adelante, acudí a otras empresas, pero no encontré nada. No me quedó de otra más que emplearme en el lavado de carros. No fue sencillo conseguir un espacio, porque aquí los lugares se tienen que pedir, no se puede llegar y comenzar a trabajar. Uno paga cierta cantidad a los encargados del área. A pesar de la pandemia, esos protocolos continuaron”.
El señor Juan es padre de familia, tiene esposa y dos pequeñas hijas que dependen de él, como muchos otros trabajadores que perdieron sus empleos formales y se han visto en la necesidad de buscar otras alternativas. Mientras lavaba las llantas de un coche, contó a buzos:
“Los que trabajamos aquí, no podemos resguardarnos ni protegernos de la enfermedad. Si no salimos a trabajar, no comemos; y hasta ahora no hemos recibido apoyo de los gobiernos; aunque lo único que hemos pedido son despensas y medicinas, pero nadie atiende nuestras necesidades. Nosotros no existimos”.
“Mucha gente nos recrimina porque salimos a trabajar en plena pandemia. Por estar en la vía pública, las autoridades nos reprimen; pero si no tenemos apoyos, si no recibimos la ayuda que necesitamos, nos vemos en la urgente necesidad de salir a buscar el sustento diario para sobrevivir. Sin apoyos, necesitamos salir a trabajar, no hay de otra”, lamentó finalmente.
Hay un grupo al que la crisis económica, provocada por el Covid-19, ha afectado de un modo contundente; el de los mil 600 millones de personas que trabajan en el sector informal, casi la mitad de la fuerza de trabajo mundial que asciende a tres mil 300 millones de individuos. Cualquier medida de confinamiento e interrupción de la actividad económica tendría “un impacto catastrófico en la subsistencia de miles de personas”, ya que “no existe una red de seguridad” que los sostenga.
Por ello, el informe de la OIT describe que el PEA global asciende a tres mil 300 millones de personas y la mitad es informal (mil 600 millones), insta a los gobiernos de los países “a adoptar medidas urgentes, específicas y flexibles” para ayudar a los trabajadores y a las empresas, especialmente a las más pequeñas y a los trabajadores informales, la mayoría de los cuales se hallan en situación de vulnerabilidad.
Las medidas para reactivar la economía deben procurar la creación de un alto nivel de empleos, pagar buenos salarios y brindar las más amplias prestaciones de protección social. Al mismo tiempo, puntualiza, se necesitará “la coordinación internacional de paquetes de medidas de estímulo y de alivio de la deuda”, ya que evolucionó junto a la crisis sanitaria; el problema económico hace muy urgente la necesidad de proteger a la población más vulnerable, esboza Guy Ryder, director general de la OIT.
“Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a falta de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Éstos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente perecerán”, sentenció Ryder.
Esta pandemia vino a acentuar la gran desigualdad que existe en México; así como la falta de políticas que realmente ayuden a los más necesitados. Sin trabajo, sin sustento, sin agua, sin drenaje, sin servicios médicos, “somos los olvidados ante una grave crisis sanitaria y económica”, denuncian los trabajadores informales.
No se presentó un plan alternativo para la educación mexicana.
El Producto Interno Bruto per cápita del mundo es ahora cinco por ciento más grande que en el año que inició esta administración, el PIB de México es 2.3 por ciento más pequeño.
La verdadera Infodemia, lo nieguen y oculten, la empezó la 4T con López Obrador.
El presidente López Obrador dijo “que nos esperen hasta que nos toque a todos, poco a poco”, respondió el presidente.
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En un desplegado difundido este día con el título “En defensa de la libertad de expresión” coincidieron que la libertad de expresión en México está bajo asedio.
Los colectivos feministas están convocando a otra marcha el 1° de noviembre para exigir justicia por Jessica y las mujeres desaparecidas y asesinadas en el estado.
La votación concluyó con 288 votos a favor y 129 votos en contra.
Me inclino más por el modelo chino que permite la apertura a la competencia, pero con la habilitación de controles de calidad para que no abusen de la gente.
Durazo dijo que a las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un recorrido de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos.
La reducción de dos mil millones de pesos (mmdp) al presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (INPI) en 2020 fue un golpe histórico contra proyectos sociales relevantes, como el de la Infraestructura Educativa Indígena.
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Escrito por Erika Herrera
Colaboradora