La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
Nacional
CFE y Pemex regresan al control total del Estado
El nuevo marco jurídico elimina el carácter productivo de las empresas y las somete a la dirección de la Secretaría de Energía.
Foto: Internet
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) pasarán al régimen de Empresas Públicas del Estado, con lo que el Gobierno Federal retoma el control sobre la generación, transmisión, distribución eléctrica y prácticas de producción petrolera, de acuerdo con lo estipulado recientemente en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039.
De acuerdo con el Plan, el nuevo marco legal redefine la estructura del sector para darle el control al Gobierno sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de tal manera que las decisiones energéticas dejarán de basarse en criterios de rentabilidad privada para regirse por ejes de sostenibilidad y soberanía.
Dentro de dichos cambios, el más profundo radica en la transformación jurídica de las antiguas Empresas Productivas del Estado. Con este nuevo esquema, tanto la CFE como Pemex pasarán de un esquema de operación mixta a funcionar como entidades plenamente públicas, dejando atrás la generación de utilidades.
La modificación también impone mayores estándares de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa, es decir, que ambas empresas deberán coordinar sus inversiones y planes de expansión bajo la dirección de la Secretaría de Energía (SENER).
Estas empresas deberán coordinar sus inversiones y planes de expansión bajo la dirección de la SENER, que ahora asume la conducción vinculante de la planeación energética. En este nuevo esquema, las decisiones sobre infraestructura eléctrica, generación limpia y distribución deben responder al interés general, no a la lógica del mercado.
Sin embargo, especialistas advierten que este modelo puede generar riesgos de ineficiencia y rezagos tecnológicos, al limitar la competencia y la inversión privada en sectores estratégicos. La concentración de decisiones en manos del Estado podría derivar en menor flexibilidad operativa, menor capacidad de innovación y una posible sobrecarga burocrática para proyectos de gran escala.
Finalmente, al depender en mayor medida del financiamiento público, CFE y Pemex enfrentarán mayores presiones presupuestales, lo que podría retrasar la modernización de la infraestructura y comprometer la transición hacia energías más limpias si no se aseguran mecanismos de gestión eficientes y de largo plazo.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410