El hecho deja 26 heridos, ninguno de gravedad.
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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunció en conferencia de prensa al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Carlos Alberto Ulloa Pérez y al menos seis funcionarios más por autorizar 25 construcciones irregulares con documentos falsos que facilitaban el cambio de uso de suelo y el reconocimiento de actividades inexistentes.
“La Seduvi se ha convertido en una ‘verdadera mafia’ de explotación del suelo. A los ojos de la 4T, la alcaldía Miguel Hidalgo es una mina de oro ‘no importa lo que piensan los vecinos, cámbiales el uso de suelo, friégalos, queda bien con desarrolladores, queda bien con dueños de negocios’, al final lo que ellos están viendo es cómo quedarse con más recursos”, consideró.
Entre las inconsistencias, Mauricio Tabe señaló la falta de manifestaciones de construcción por parte de los desarrolladores; los certificados de uso de suelo y los dictámenes de factibilidad de servicios hidráulicos: “las alcaldías somos quienes otorgamos dichos permisos con base en la Ley Orgánica que nos rige; sin embargo, la SEDUVI se tomó esta atribución y ahora otorga a los desarrolladores inmobiliarios documentos “balines” (falsos) que contravienen la Ley y les permite iniciar obras al amparo del Acuerdo de Facilidades”.
El alcalde en Miguel Hidalgo exhortó a la Fiscalía capitalina a investigar este caso como un acto de corrupción que afecta a las y los vecinos de la comunidad y también reiteró su llamado al jefe de Gobierno, Martí Batres, a echar atrás el Acuerdo de Facilidades Administrativas por considerarlo ilegal.
El hecho deja 26 heridos, ninguno de gravedad.
El costo del trámite asciende a mil 500 pesos y las personas interesadas deben cumplir requisitos como contar con identificación oficial vigente.
Una ruptura en una tubería de agua potable provocó una inundación.
*Se esperan temperaturas de entre 1 y 6 grados.
Además de instalar vallas metálicas, el gobierno capitalino recurrió a los muros de concreto para contener la marcha anunciada para el 15 de noviembre.
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La nueva medida, que comenzó a aplicarse el pasado 1 de noviembre, no aplica a transportes como Metro, Metrobús o Tren Ligero.
La elección definirá si Rafael Guerra Álvarez mantiene la presidencia del TSJCDMX o si un nuevo magistrado toma las riendas por un año y ocho meses.
La reforma establece penas de hasta 15 años de prisión para integrantes de asociaciones delictivas que cometan delitos como robo, extorsión u homicidio.
Renovación de mobiliario urbano, iluminación y creación de espacios recreativos, son algunos de los trabajos.
Tras años de retrasos y promesas fallidas, el gobierno capitalino intenta cerrar por fin el capítulo de la Línea 1.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera