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Un Presidente en campaña electoral
Analistas ven detrás de las 20 iniciativas de reforma de AMLO el anticipo de una “reelección de facto” y “golpe de Estado” o proyecto de “maximato” en su eventual aprobación en la próxima Legislatura.
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Sobre las 20 iniciativas de reforma que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso de la Unión, la mayoría recicladas y consideradas inviables, entre las cuales destacan las dirigidas a desmontar instituciones del Estado, analistas especializados en derecho ven detrás el anticipo de una reelección de facto (por la vía de los hechos), y de una especie de golpe de Estado, no militar, o proyecto de maximato, con la eventual aprobación de estas reformas en la próxima Legislatura del Congreso federal, en la que AMLO busca un dominio de su partido Morena, del que carece actualmente.

 

En el ajedrez político que ha practicado desde el inicio de su gestión, AMLO impulsó a Claudia Sheinbaum para la candidatura presidencial de Morena, con el uso de comparsas –entre ellos Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal Ávila–, y una vez ungida como tal le ha impedido crecer y la ha “encadenado” a su agenda política.

Rodolfo Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), litigante y socio del despacho Trusan & Roma, dijo a buzos que AMLO pretende un golpe de Estado, no ejecutado por militares, sino encabezado por él, mediante su evidenciado plan de desmontar la actual estructura del Estado nacional descrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Lo que este hombre hace es una campaña política. La campaña política es de él, por eso hablo de una reelección de facto; pero además, estamos hablando de un golpe de Estado”, señaló Martínez, quien agregó que si bien la ciencia política lo define como un movimiento o intervención militar de las fuerzas armadas para derrocar a la clase política de un país determinado, en términos prácticos también puede ejecutarse de otra forma.

 

 

“Desde la propia clase política, desde el propio gobernante en turno, se puede gestar un golpe de Estado, porque el Estado no es el gobernante, es aquella figura jurídica que está debidamente planeada y establecida en la constitución de un país. Entonces, en la medida que el propio gobernante en turno trata de cambiar para debilitar las instituciones del Estado, estamos hablando, de un golpe de Estado de facto”, detalló el académico.

Martínez citó, como ejemplo de ese objetivo, las iniciativas con las que AMLO pretende disminuir de 11 a siete el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y destituir a los actuales con otro proyecto de reforma que propone que los nuevos ministros de la SCJN sean directamente electos, con votos ciudadanos, a partir de 2025.

De las 20 iniciativas de reforma que AMLO envió el pasado cinco de febrero al Congreso, 18 son a la Constitución y dos a legislaciones secundarias o reglamentarias, con el propósito explícito de “desmontar” las estructuras del Estado, entre ellas la del Poder Judicial, y desaparecer los organismos autónomos protectores de los derechos ciudadanos fundamentales.

Para distraer la atención ciudadana de este proyecto, AMLO “mezcló”, entre sus iniciativas de reforma, asuntos públicos con fuerte atractivo político-electoral, como el derecho a la salud y a una vivienda digna, y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos, que en realidad ya están descritos, tanto en la Carta Magna, como en legislaciones secundarias. Además, incluyó proyectos legislativos que la oposición rechazó durante su gobierno por su inviabilidad técnica, financiera, y contenido inconstitucional (esto último también señalado en posteriores sentencias de la SCJN); pero cuya votación negativa en el Congreso le servirá, por ahora, para acusar a los opositores de “antipueblo”, mientras promueve el voto por los aspirantes a legisladores federales de Morena.

 

AMLO quiere una Constitución propia

Confirmando su conocido desdén hacia la Carta Magna vigente, AMLO no asistió a la ceremonia conmemorativa del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, realizada el pasado cinco de febrero en Querétaro.

En lugar de eso, aprovechó la fecha histórica para anunciar sus 20 iniciativas de reforma, 18 de las cuales son constitucionales, y expresó abiertamente su rechazo a la actual Carta Magna, la misma que juró cumplir el 1° de diciembre de 2018, cuando tomó posesión de la Presidencia de la República.

AMLO no ha escondido del todo su intención de derogarla y hacer otra, conforme a sus ideas u “ocurrencias” políticas, como ha hecho ver con su objetivo prioritario de conseguir “mayoría calificada” (dos tercios de la votación general del Congreso) con la cual obtendría el poder de modificar de fondo la actual Carta Magna o hacer otra. 

Con ese objetivo está promoviendo el voto favorable a los candidatos a diputados federales y senadores de Morena, y de sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), con la finalidad de asumir el control político de la próxima Legislatura del Congreso de la Unión, que tomará posesión el 1° de septiembre de 2024.

De hecho, al inicio de su gobierno, en 2019, AMLO lanzó una “Constitución Moral” con lo que, según los expertos en derecho, buscaba deslegitimar la Carta Magna, insinuando que esta es una  “constitución inmoral”, por lo que detuvo ese plan momentáneamente.

Las críticas lanzadas por los dirigentes nacionales de los partidos de oposición, hacen prever su rechazo, a todas o la mayoría, de las 18 iniciativas de reforma constitucional enviadas por AMLO el cinco de febrero al Congreso de la Unión, debido a que Morena y sus aliados carecen de mayoría calificada para modificar la Constitución; en todo caso, tales iniciativas tendrían mayor posibilidad de ser aprobadas durante la próxima Legislatura, si es que AMLO logra su pretendido control político total de ella.