Sobre las 20 iniciativas de reforma que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso de la Unión, la mayoría recicladas y consideradas inviables, entre las cuales destacan las dirigidas a desmontar instituciones del Estado, analistas especializados en derecho ven detrás el anticipo de una “reelección de facto” (por la vía de los hechos), y de una especie de “golpe de Estado”, no militar, o proyecto de “maximato”, con la eventual aprobación de estas reformas en la próxima Legislatura del Congreso federal, en la que AMLO busca un dominio de su partido Morena, del que carece actualmente.

En el ajedrez político que ha practicado desde el inicio de su gestión, AMLO impulsó a Claudia Sheinbaum para la candidatura presidencial de Morena, con el uso de comparsas –entre ellos Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal Ávila–, y una vez ungida como tal le ha impedido crecer y la ha “encadenado” a su agenda política.

Rodolfo Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), litigante y socio del despacho Trusan & Roma, dijo a buzos que AMLO pretende un golpe de Estado, no ejecutado por militares, sino encabezado por él, mediante su evidenciado plan de desmontar la actual estructura del Estado nacional descrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Lo que este hombre hace es una campaña política. La campaña política es de él, por eso hablo de una reelección de facto; pero además, estamos hablando de un golpe de Estado”, señaló Martínez, quien agregó que si bien la ciencia política lo define como un movimiento o intervención militar de las fuerzas armadas para derrocar a la clase política de un país determinado, en términos prácticos también puede ejecutarse de otra forma.

“Desde la propia clase política, desde el propio gobernante en turno, se puede gestar un golpe de Estado, porque el Estado no es el gobernante, es aquella figura jurídica que está debidamente planeada y establecida en la constitución de un país. Entonces, en la medida que el propio gobernante en turno trata de cambiar para debilitar las instituciones del Estado, estamos hablando, de un golpe de Estado de facto”, detalló el académico.

Martínez citó, como ejemplo de ese objetivo, las iniciativas con las que AMLO pretende disminuir de 11 a siete el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y destituir a los actuales con otro proyecto de reforma que propone que los nuevos ministros de la SCJN sean directamente electos, con votos ciudadanos, a partir de 2025.

De las 20 iniciativas de reforma que AMLO envió el pasado cinco de febrero al Congreso, 18 son a la Constitución y dos a legislaciones secundarias o reglamentarias, con el propósito explícito de “desmontar” las estructuras del Estado, entre ellas la del Poder Judicial, y desaparecer los organismos autónomos protectores de los derechos ciudadanos fundamentales.

Para distraer la atención ciudadana de este proyecto, AMLO “mezcló”, entre sus iniciativas de reforma, asuntos públicos con fuerte atractivo político-electoral, como el derecho a la salud y a una vivienda digna, y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos, que en realidad ya están descritos, tanto en la Carta Magna, como en legislaciones secundarias. Además, incluyó proyectos legislativos que la oposición rechazó durante su gobierno por su inviabilidad técnica, financiera, y contenido inconstitucional (esto último también señalado en posteriores sentencias de la SCJN); pero cuya votación negativa en el Congreso le servirá, por ahora, para acusar a los opositores de “antipueblo”, mientras promueve el voto por los aspirantes a legisladores federales de Morena.

AMLO quiere una Constitución propia

Confirmando su conocido desdén hacia la Carta Magna vigente, AMLO no asistió a la ceremonia conmemorativa del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, realizada el pasado cinco de febrero en Querétaro.

En lugar de eso, aprovechó la fecha histórica para anunciar sus 20 iniciativas de reforma, 18 de las cuales son constitucionales, y expresó abiertamente su rechazo a la actual Carta Magna, la misma que juró cumplir el 1° de diciembre de 2018, cuando tomó posesión de la Presidencia de la República.

AMLO no ha escondido del todo su intención de derogarla y hacer otra, conforme a sus ideas u “ocurrencias” políticas, como ha hecho ver con su objetivo prioritario de conseguir “mayoría calificada” (dos tercios de la votación general del Congreso) con la cual obtendría el poder de modificar de fondo la actual Carta Magna o hacer otra. 

Con ese objetivo está promoviendo el voto favorable a los candidatos a diputados federales y senadores de Morena, y de sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), con la finalidad de asumir el control político de la próxima Legislatura del Congreso de la Unión, que tomará posesión el 1° de septiembre de 2024.

De hecho, al inicio de su gobierno, en 2019, AMLO lanzó una “Constitución Moral” con lo que, según los expertos en derecho, buscaba deslegitimar la Carta Magna, insinuando que esta es una  “constitución inmoral”, por lo que detuvo ese plan momentáneamente.

Las críticas lanzadas por los dirigentes nacionales de los partidos de oposición, hacen prever su rechazo, a todas o la mayoría, de las 18 iniciativas de reforma constitucional enviadas por AMLO el cinco de febrero al Congreso de la Unión, debido a que Morena y sus aliados carecen de mayoría calificada para modificar la Constitución; en todo caso, tales iniciativas tendrían mayor posibilidad de ser aprobadas durante la próxima Legislatura, si es que AMLO logra su pretendido control político total de ella.

Estrategia contra el Estado

Entre las 18 iniciativas de reforma constitucional destacan las enfocadas en desintegrar al Poder Judicial, entre ellas la relacionada con que los ministros de la SCJN sean electos por los ciudadanos a partir del año 2025, lo que implicaría la destitución de los actuales. También la de sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, formado por los jueces federales del país, por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, independientes de la SCJN.

El punto más relevante es que busca prohibir que la SCJN conceda suspensiones en la aplicación de leyes, lo que implicaría arrebatarle su facultad para determinar la constitucionalidad de las legislaciones y, de fondo, trastocaría la Ley de Amparo, un recurso constitucional e histórico que protege a los ciudadanos ante eventuales abusos en la aplicación de éstas.

AMLO también insiste en desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos que, hasta la fecha, no ha logrado exterminar, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). A esta lista agregó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo encargado de medir la pobreza en México. 

En otra iniciativa plantea que las pensiones laborales se definan con base en el 100 por ciento del último salario del trabajador y no según el 50 por ciento, como hasta ahora, lo que expertos en la materia han descrito como financieramente inviable, porque no existen garantías de que los gobiernos puedan sostener ese monto.

También propone establecer los derechos a la salud y a la vivienda digna, que ya están plasmados en el Artículo 4º de la Constitución y que durante su gobierno ha incumplido. Igual ocurre con su propuesta para reconocer a los pueblos indígenas y afroamericanos, aspecto ya descrito en los Artículos Constitucionales 1º, 2º, 4º, 18º y 115º.

Una de las pocas iniciativas novedosas es en la que propone “servicio ferrocarril de pasajeros por más de 18 mil kilómetros”; sin embargo, especialistas en este asunto afirman que actualmente no existe ningún impedimento legal para ello y que, por lo mismo, no se requiere realizar ninguna reforma, sólo depende de proyectos de servicio sostenibles financieramente.

En otra iniciativa repite su plan de “austeridad Republicana”, sobre la que ya existe una Ley Federal de Austeridad Republicana que él mismo ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el dos de septiembre de 2022, luego de la corrección de dos leyes reglamentarias invalidadas por la SCJN, que Morena había aprobado el 19 de noviembre de 2019.

Entre la miscelánea legislativa de AMLO hay una propuesta para inscribir en la Constitución que el maíz sea un alimento básico y un elemento de la identidad nacional, lo que prácticamente cualquier mexicano que come tortillas sabe; otra para prohibir concesiones de uso de agua en zonas donde hay escasez o sequía, reforma que para analistas resulta ociosa, porque carecería de sentido que se otorgaran en zonas donde no hay agua.

También pretende prohibir las concesiones de minas a “cielo abierto”, sin mencionar las que quedarán vigentes, expedidas a empresas canadienses y estadounidenses, aunque esto le puede servir para acusar a los opositores que la rechacen por defender intereses extranjeros.

Propone ampliar la cantidad de delitos que ameriten prisión preventiva, entre éstos el tráfico de fentanilo, que ya se encuentra incluido genéricamente en la legislación penal que prohíbe las drogas nocivas; asimismo, prohibir la comercialización de cigarrillos electrónicos o “vapeadores” para la que ya está facultada la Secretaría de Salud (SS); así como el maltrato animal mediante la emisión de una Ley General para la Protección de los Animales, que sería una réplica federal de la que ya existe en la Ciudad de México (CDMX).

Abierta promoción electoral

En su paquete de iniciativas a la Carta Magna, AMLO incluye un proyecto para darle nivel constitucional a las políticas sociales de su gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T); aunque en algunos casos ya se establecen en legislaciones, como el derecho a una pensión a partir de los 65 años, descrito, incluso, en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez, supone la iniciativa, “se incrementarán cada año de manera progresiva”, sin que se defina tampoco cómo van a sustentarse financieramente en los subsiguientes gobiernos federales.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, destinado a personas entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, en el sentido de que el Estado deberá ofrecer a éstas un salario mínimo y capacitación laboral durante un año en una tienda, taller o empresa privada, aunque sin garantizar su posterior contratación. Este programa ha generado denuncias por irregularidades cometidas tanto por patrones como por supuestos beneficiarios del plan, tras las cuales el propio gobierno ha reconocido la necesidad de rediseñarlo.

También propone elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida, que entrega jornales a campesinos que siembren árboles frutales y maderables; así como el proyecto gubernamental de precios de garantía a la producción de alimentos básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresa estatal en la que, desde 2019, se detectó una millonaria desviación de recursos públicos, que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) calcula en 12 mil millones de pesos (mdp).

Sin embargo, las iniciativas de reforma constitucional de AMLO difícilmente pueden ser aprobadas por el actual Congreso de la Unión, porque tanto Morena como sus aliados del PT y el PVEM sólo cuentan con 273 votos en la Cámara de Diputados y, para conseguir la aprobación de una reforma a la Carta Magna se requiere de dos tercios (334 votos) de sus 500 legisladores.

Con respecto al Senado, integrado por 128 legisladores, para aprobar una reforma a la Constitución se necesita el voto de 84 senadores, y el bloque legislativo encabezado por Morena sólo puede sumar 71.

Sheinbaum, pieza de ajedrez

Con su actual campaña electoral, AMLO estaría buscando una “reelección de facto”, apelando al alto nivel de popularidad con que alcanzó la Presidencia de la República en 2018 y que ha tratado de sostener con propaganda política, a través de sus conferencias de prensa matutinas, y con transferencias de dinero en efectivo, mediante sus programas sociales del “Bienestar”.

Desde este periodo de campaña electoral, la candidata morenista Claudia Sheinbaum, quien busca obtener la Presidencia de la República en las elecciones del dos de junio, está operando como una especie de “secretaria ejecutiva” de AMLO.

José Luis Espinosa Piña, académico especializado en derecho y analista político, dijo a buzos: “esto es inédito, porque normalmente, en cualquier otro fin de sexenio de nuestra historia reciente, la agenda la estaría fijando el candidato oficial, o la candidata del partido en el gobierno; pero Claudia Sheinbaum no fija nada; AMLO sigue fijando la agenda y la discusión, aunque esté hablando insensateces al por mayor.

“Aquí sucede que un señor exhala ideas como una especie de eructos ideológicos, y la ocurrencia del día puede ser una ‘farmaciota grandotota’ (palabras de AMLO), que es un elefante blanco; y la siguiente ocurrencia puede ser la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos”.

Como candidato presidencial de facto, coordinador de campaña, líder máximo de Morena, autor del proyecto político de la llamada “Cuarta Transformación”, coordinador de gobernadores y legisladores federales y estatales, además de fungir todavía como Presidente de México, AMLO anunció que en sus conferencias matutinas desglosará sus 20 iniciativas que en los hechos constituyen una suerte de temas de campaña electoral.

Como es previsible, estos desgloses, incluidas sus críticas a los opositores, serán replicados en los medios de comunicación como información presidencial; con lo que AMLO se mantendrá en el foco de la atención pública, reduciendo los espacios para los temas impulsados por la oposición.

En 2009, AMLO utilizó la popularidad de Rafael Acosta Ángeles, conocido como “Juanito”, quien en ese año fue candidato a jefe delegacional de Iztapalapa por el Partido del Trabajo (PT) y ganó la elección; el hoy Presidente lo obligó a declinar en favor de Clara Brugada, aspirante perredista impulsada por él, en una operación que Acosta describió al detalle en aquel momento.

“Es una estrategia muy similar… pero acá es peor, porque quien está detentando el poder es el propio AMLO… basándose en su propia popularidad; lo que pretende es hacerle la campaña; por eso lo vemos todos los días hablando de temas electorales, porque quien está en campaña es el Presidente de la República, no es Claudia Sheinbaum”, comentó el catedrático Rodolfo Martínez, cuando se le mencionó el caso de “Juanito”.

“Es una reelección de facto del Presidente de la República, porque (Sheinbaum) trae la misma agenda política, económica y jurídica que el Presidente, la que, afortunadamente para todos, no ha podido concretar… hay que oír nada más los discursos de Claudia Sheinbaum; como ha ocurrido en los cinco últimos años, son una repetición del discurso de las mañaneras de AMLO”.

El especialista en derecho señaló: “lo que está buscando el Presidente de la República es una reelección de facto; y tiene muchos motivos para hacerlo; sobre todo cuando, en los últimos días, se ha develado información muy importante: notas periodísticas con respecto al apoyo que dio el cártel de Sinaloa a su campaña de 2006. Y esto es lo que sabemos, pero yo no dudaría de que hubo dinero del narco también en la campaña de 2012 y de 2018.

“No sería de extrañar, cuando vemos al Presidente de la República diciendo con toda claridad que los narcos también son pueblo y que por eso no se les reprime… quien no quiere ver la relación del Presidente de la República con el crimen organizado en nuestro país es porque simplemente tiene un beneficio o, lo peor de todo, porque es una persona fanática”, aseveró finalmente el abogado Rodolfo Martínez.