En las inmediaciones de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro de Monterrey hay un grafiti en letras rojas, cuyo mensaje, aunque cubierto con una cobija, puede ser leído con claridad: “Nos roban el agua, nos suben el metro, ¡Hagamos algo!”.

Esta denuncia evidencia la protesta de miles de neoloneses que, de una semana a otra, debieron sufrir el incremento de la tarifa del Metro aprobado el 18 de mayo pasado por el Consejo de Administración de Metrorrey, con el consenso del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

La tarifa de este servicio se incrementó de 4.50 a seis pesos, mientras que el costo del pasaje de los colectivos subirá 10 centavos cada mes hasta llegar a nueve pesos en los próximos años del actual gobierno. Tales aumentos, en vigor desde el 1° de junio, se sumaron al ascenso en los productos de la canasta básica, a la del 12.5 por ciento del gas de uso doméstico y del 25 por ciento en el gas comercial e industrial.

Las autoridades municipales y del estado también recetaron a los ciudadanos una adición del 100 por ciento en derechos vehiculares, impuestos verdes, entre otros.

Ante los cuestionamientos populares, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana (SMPU), Hernán Villarreal, justificó el alza en el Metrorrey con el argumento de que este sistema de transporte requiere mayores recursos para dar mantenimiento y mejorar sus vehículos e instalaciones.

Pero previamente, el Congreso del Estado había aprobado 300 millones de pesos (mdp) para estos gastos, monto que el funcionario estatal consideró insuficiente porque aclaró que el déficit de Metrorrey es de 600 mdp anuales.

“Metrorrey vive su peor crisis. Nos entregaron la red desmantelada por corrupción e ineptitud, por eso se aprobó implementar un ajuste tarifario, lo que dará al Metro 60 millones de pesos extras”, reconoció.

Sin embargo, los ciudadanos estiman que las dependencias del gobierno estatal deberían ajustar sus gastos de la nómina burocrática en instancias que no realizan actividades específicas para beneficio de los grupos sociales, y cuyas tareas resultan imprecisas o demasiado difusas como ocurre con Amar a Nuevo León.

Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador García, es presidenta honoraria de esta unidad burocrática, cuya tarea, según la página oficial, es “coordinar, planear, administrar o ejecutar programas especiales o prioritarios a cargo de la Administración Pública, coordinar los servicios de asesoría y apoyo técnico que requiera la persona titular del Poder Ejecutivo y, en su caso, los municipios, a solicitud de los mismos; y para atender los asuntos relativos a prensa, comunicación social y relaciones públicas del Gobierno del Estado”.

Los incrementos a los servicios y bienes urbanos citados fueron adoptados pese a que la pandemia de Covid-19 que provocó el desempleo y la pérdida de otras fuentes de ingreso de la población trabajadora neoleonesa.

Rechazan el tarifazo

A principios de junio circuló en redes sociales la imagen de una manta que cubre un grafiti con la leyenda, “Nos roban el agua, nos suben el metro, ¡Hagamos algo!”. El texto fue replicado por miles de ciudadanos que se oponen al aumento en la tarifa del Metro.

La escasez de agua en la entidad ha provocado inconformidad en todos los sectores, especialmente entre los más pobres, entre quienes las declaraciones del gobernador han caído mal porque evidencian que este problema y los incrementos en precios y tarifas no están entre sus preocupaciones.

Los diputados del Congreso de Nuevo León criticaron la actitud de García Sepúlveda y del titular de la SMPU, Hernán Villarreal, porque antes de ocupar sus actuales posiciones oficiales, destacaron como activistas sociales opositores a los aumentos en el transporte público, entre ellos el del Metrorrey.

La presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso local, Lorena de la Garza, se manifestó en contra de estos aumentos porque son un golpe a los bolsillos de la población y afectan la economía de las familias.

La legisladora priista advirtió que, antes de elevar las tarifas del Metro, el gobierno debió mejorar la infraestructura y el servicio que éste brinda. “Por supuesto que es una decisión que nosotros no compartimos, no votamos; entonces prácticamente no hubo nada que pudiéramos hacer al respecto; pero es algo con lo que no estamos de acuerdo”, denunció.

De la Garza reiteró que el Congreso citará a comparecer a Villarreal para que informe y ofrezca detalles sobre los trabajos de reestructuración en el sistema de transporte, que el gobernador Samuel García ofreció concretar durante su campaña electoral.

El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente Flores, señaló que los gastos en reestructuración al sistema de transporte no son un argumento sólido para aumentar las tarifas del Metro.

De la fuente Flores indicó que primero deben aplicarse los recursos financieros autorizados para mejorar la infraestructura de las líneas 1 y 2. “La paraestatal de Metrorrey cuenta con un presupuesto de 300 mdp que fueron aprobados para el mantenimiento del Metro; además de que hay un excedente de egresos del 20 por ciento que se puede utilizar para esos trabajos”, detalló.

Por este motivo, los legisladores locales coincidieron en que, antes de golpear los bolsillos de los ciudadanos, las autoridades estatales deben agotar esos recursos en el mejoramiento a los servicios de Metrorrey. “Presupuesto para mantenimiento hay. Hay un excedente de ingresos, acaba de salir hace unos días; es un excedente cercano al 20 por ciento del presupuestado. Así que, primero, gástense ese dinero y después afectan el bolsillo del ciudadano”, comentó.

Metro saturado

Uno de los principales problemas de Nuevo León, después de la seguridad, es el de la insuficiencia del sistema de transporte público, especialmente el Metro durante horas pico, cuando se genera caos por la falta de cupo.

Las denuncias abundan por la falta de vagones, porque éstos no están climatizados y todo el tiempo están saturados y, por lo mismo, la mayoría de los usuarios viaja amontonada.

Además, falta seguridad pública al interior de las instalaciones y, con frecuencia, las máquinas de los trenes, la escaleras eléctricas y las de pago y los torniquetes se descomponen.

La diputada local Anylú Bendición, del Partido del Trabajo (PT), argumentó que resulta preocupante que los más de 200 mil usuarios del Metro deban cubrir estos cargos; ya que este sistema de transporte funciona básicamente con los impuestos que aquéllos pagan.

“Hace unos meses lo hicieron con el tema del agua. Aunque estuvieron ocultando el problema y estuvieron diciendo en campaña que iban a ser los únicos que iban a cuidar el agua; pues resultó que no”, explicó.

Además de los legisladores, varias organizaciones civiles se sumaron a las manifestaciones públicas para denunciar que el gobierno de Samuel García está actuando contra los ciudadanos y que ha traicionado su confianza por obedecer sus intereses políticos.

La asociación Redes Quinto Poder comentó que, mientras el gobierno del estado tira grandes cantidades de recursos en publicidad, panorámicos y anuncios de ego para promover su imagen de servidor público, aprueba aumentos que afectan aún más la economía de las personas.

“Para cada acción de este gobierno contra los ciudadanos, existe foto y/o video de Samuel García de cuando era diputado o senador pid  iendo que NO se haga… Aquí cuándo salió a protestar por el tarifazo de El Bronco. Por cierto, en la foto aparece el actual secretario de Movilidad”, puntualiza uno de los textos.

Aunque los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) –partido en el que milita García Sepúlveda– intentaron justificar el incremento a las tarifas del Metro, finalmente reconocieron que el alza representa un gasto mayor para las familias que diariamente utilizan este transporte para asistir a sus labores y escuelas.

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Nuevo León, Aníbal Garza, presentó una solicitud en Palacio de Gobierno con la que pidió al gobernador que deje en cinco pesos la tarifa del Metro para los sectores vulnerables.

También para que los estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores no tengan que pagar el aumento adicional de 10 centavos cada mes en los colectivos.

El también consejero nacional del Partido del Sol Azteca, acompañado por un grupo de militantes, advirtió que el aumento en el Metro se impuso en el momento menos oportuno, por la profunda carestía que azota al país y por múltiples efectos socioeconómicos que ha dejado la pandemia.

“Es necesario que por lo menos el gobernador Samuel García decrete la congelación de la tarifa a las personas con discapacidad, estudiantes y amas de casa”, aseveró Garza, quien explicó que dicha medida sería un subsidio con impacto financiero insignificante en proporción al multimillonario presupuesto del gobierno estatal.

Recordó que el anterior gobierno decretó el subsidio al transporte en beneficio de los estudiantes, aunque el Ejecutivo de entonces lo canceló para decepción de los beneficiarios. “Si bien el aumento ya está vigente, el Gobernador es competente para que, por lo menos, decrete la congelación que le estamos solicitando”, reiteró.

Abundó en que las familias pasan por una época económica muy difícil a partir del aumento desproporcionado en el impuesto predial, de los gastos escolares básicos y universitarios, las tarifas de los servicios de agua y drenaje y los diarios incrementos en las mercancías de la canasta básica.

“Debe tomarse en cuenta que muchas familias apenas intentan recuperarse de las consecuencias de la pandemia de Covid-19 que, en muchos casos, implicó la pérdida del trabajo o el cierre de pequeñas negociaciones”, concluyó Garza.

La población de Nuevo León ya advirtió que, en menos de un año de gobierno, Samuel García perdió su “sentido ciudadano” y el de su partido, el MC.