Chiapas agoniza de sed debido a que esa riqueza líquida y vital ha sido sistemáticamente acaparada, entubada y privatizada por la industria nacional y trasnacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha señalado que más de la mitad de los chiapanecos carecen de servicios básicos regulares en sus viviendas. El estiaje actual, el más devastador en las últimas dos décadas, desnuda un modelo económico que exprime los mantos freáticos para las corporaciones y deja un costal medio vacío y una tierra pulverizada al campesino como única herencia.

Hablar de sequía en Chiapas parece un contrasentido. La entidad es conocida en todo el mundo como el edén tropical inextinguible; y según las estadísticas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), concentra y aporta casi el 30 por ciento de todos los recursos hídricos superficiales de la nación. Sin embargo, desde hace años opera un entramado de explotación y expropiación de agua. La abundancia natural se convierte en una ilusión.

El Sol de mediodía en Simojovel cae vertical, pesado, sobre los tejados de lámina y las calles polvorientas que convierten el aire en una sustancia espesa que se respira con dificultad. Bajo estas condiciones, Francisco Sánchez camina despacio entre los surcos de lo que fue su milpa. No hay hierba que estorbe el paso, sólo tierra partida que se desmorona bajo sus botas gastadas. A su alrededor, un lienzo amarillento y marchito invade lentamente el paisaje; en el horizonte, las copas de los árboles maderables ostentan aún el verde, húmedo y vibrante testimonio de la resistencia forestal que ha logrado sobrevivir a la sequía.

Las manos curtidas y agrietadas de Francisco sostienen un costal áspero, deshilachado en los bordes, que trágicamente pesa poco; lo sacude con lentitud resignada. En el fondo, apenas quedan unos cuantos puñados de granos resecos. Esa pequeña cantidad es el rendimiento final de su última cosecha de frijol.

A unos metros, en el interior oscuro de su cocina de paredes formadas con láminas y palos, el calor nos envuelve y el repentino sonido de la leña seca rompe el silencio denso del mediodía; sobre el fuego vivo descansa una desportillada olla de peltre; dentro hierve apenas un kilogramo de frijol, que será la única barrera física entre el hambre y las diez personas que habitan bajo su techo de lámina galvanizada. Aquí no se recuerdan los discursos políticos, las promesas de campaña o los seguros catastróficos, sólo el cálculo asfixiante de cómo dividir una ración de frijol para engañar al estómago un día más.

Esperando las lluvias

El Sol cae a plomo sobre las llanuras de La Frailesca. Históricamente, esta franja de tierra era conocida como el granero de Chiapas… y del sureste. Hoy, la brisa caliente eleva remolinos de polvo sobre hectáreas completas con tallos de maíz amarillentos y quebradizos. En medio de esos surcos resecos se encuentra Amir Cambrano Arroyo, un campesino que hace las cuentas de un desastre imparable.

“En La Frailesca estamos sintiendo esta sequía que afecta nuestros cultivos”, relata Amir. “Tenemos la esperanza de que llueva y se reactive el terreno; pero ya ahorita estamos perdiendo tal vez un 40 por ciento. Esperamos que llueva para obtener algunas cosechas que ya no serán mucho”.

Esa pérdida del cuarenta por ciento significa que miles de familias campesinas tendrán menos de la mitad del alimento e ingresos necesarios para sobrevivir el resto del año. Y la tragedia se agudiza mientras avanzamos al municipio de Venustiano Carranza. En el Ejido Flores Magón, la situación ha rebasado el punto de inflexión: el productor Luis Manuel Suchiapa explica que la sequía simplemente ha eliminado los cultivos. No hay cosecha de temporal que rescatar.

Ricardo Girón Girón, representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable de Chiapas (Acidessech), advierte que el colapso ha infectado a todas las cadenas de supervivencia rural: “las comunidades podrían enfrentar pérdidas totales en los diferentes sectores: maíz, frijol, café... y del ganado también. Han estado muriendo sus ganados por el tema de la sequía, pues ya no hay con qué alimentar; no hay pasto”, lamenta Girón.

José Vicente Naga Suárez, comisariado ejidal de Flores Magón, extiende la advertencia a las comunidades vecinas. “No ha llovido desde hace 40 días y eso nos toca a toda la comunidad y no sólo Flores Magón, también las comunidades vecinas. Esto es una emergencia, ya necesitamos un apoyo del Gobierno… es una pérdida total”, reporta a buzos. En la comunidad Álvaro Obregón, también en Venustiano Carranza, alrededor de 800 campesinos estiman pérdidas prácticamente totales, con inversiones de hasta 25 mil pesos por hectárea. La crisis económica no sólo compromete el sustento inmediato: está orillando a las nuevas generaciones a abandonar las tierras de cultivo para emigrar.

El ganado también está muriendo, no por enfermedad, sino por hambre. Segundo Martínez Velázquez, campesino de Flores Magón, lo explica con la contundencia de quien observa un hecho cotidiano: “No hay pastura ahorita para los animales, también están enflaqueciendo mucho, algunos están vendiendo sus animales; pero sí vamos a entrar en crisis todos”.

Otros son invadidos por la impotencia, como Aurora García, quien observa el cielo vacío junto a su milpa, y se pregunta cómo podrán sobrevivir los siguientes meses. “Este año, Dios no nos dio agua, no sabemos si en próximas fechas podremos alimentar a nuestras familias”, concluye con tristeza y preocupación.

El caudal del Suchiate se extingue

La radiografía de tal agonía hídrica resulta más evidente en la frontera sur. El río Suchiate, el histórico y caudaloso límite natural entre México y Guatemala, se está secando. En condiciones normales de temporada de lluvias, el afluente supera el metro de profundidad en las orillas, alcanza hasta dos metros en su zona central y arrastra con fuerza la vida comercial de la región.

Juan Antonio Ruíz Tino, secretario de Protección Civil del municipio de Suchiate, ha medido la sequía: el río presenta una profundidad máxima de apenas 70 centímetros. En estos momentos, el agua corre lenta, fangosa y escasa.

El impacto resulta inmediato en los productores de plátano del Soconusco, que dependen de este cauce para mantener la humedad de sus plantaciones, pero ven cómo las bombas de riego succionan lodo.

En el cruce fronterizo, los balseros construyen diques rudimentarios con piedras y sacos de arena como pozas artificiales para conservar el flujo comercial. Sólo así logran acumular el tirante de agua mínimo necesario para que las cámaras de llanta y las tablas de madera floten con la mercancía hacia Centroamérica.

José Ovalle, comisariado ejidal de Suchiate, advierte que lo peor está por venir: aún faltan los meses más difíciles del estiaje; y si se seca más el río, se arriesgarían unas siete mil 500 hectáreas de cultivos de plátano macho, productos de exportación a Estados Unidos.

El Distrito de Riego 046 depende exclusivamente del agua captada por el Suchiate. No tienen concesiones de pozos. Si el río se seca, no habrá alternativa. “Eso provocaría que, en la temporada más fuerte de la sequía, nos quedemos sin agua para el riego de nuestros cultivos”, alertó Ovalle, cuando se refirió a un proyecto de mejora de captación cuya aprobación de la Conagua están esperando.

Mientras los campesinos de Venustiano Carranza, Suchiate, Tapachula, Mazatán, Tuxtla Chico, Metapa y Frontera Hidalgo pierden sus cosechas y miran al cielo con fe y desesperación, las concesiones mineras y los proyectos extractivos avanzan. El agua que no llega a las milpas está destinada a las perforadoras y las bombas.

El paraíso arrasado

Transitar por las rutas asfaltadas que serpentean entre los Altos, la Selva y la Sierra Madre significa adentrarse en un espejismo topográfico brutal. En el imaginario nacional, ésta es la reserva verde de la República; pero hoy, el Monitor de Sequía de México pinta de amarillo un mapa que históricamente había sido azul. 118 municipios chiapanecos agonizan bajo una canícula implacable y al menos 44 de ellos enfrentan una sequía clasificada oficialmente como severa.

Para entender por qué los surcos están polvorientos donde el agua debería sobrar, debemos mirar la estructura del despojo expuesta por el doctor Antonino García, investigador en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Chapingo; él explica que debido a su inmensa riqueza biológica, Chiapas se ha convertido sistemáticamente en la “bodega de extracción de recursos” para México y para el extranjero. Las grandes corporaciones trasnacionales han clavado sus bombas fundamentalmente para extraer millones de metros cúbicos de agua subterránea. De paso, maquinaria para explotar minerales e hidrocarburos.

Este saqueo masivo opera a plena luz del día, amparado por la burocracia que legaliza la sed del pueblo mediante mecanismos jurídicos, concesiones o decretos sobre el uso del agua, instrumentos diseñados para legitimar los proyectos extractivistas y proteger las ganancias del capital, mientras las comunidades indígenas y campesinas pierden el control sobre sus propios manantiales.

Durante décadas, el Estado ha invertido millones de toneladas de concreto para erigir gigantescas presas hidroeléctricas como Chicoasén, Malpaso, Peñitas y La Angostura. Estas inmensas moles de ingeniería atrapan el flujo de los ríos más caudalosos para garantizar energía eléctrica barata y constante a los relucientes corredores industriales del centro y norte del país. El agua fluye a través de turbinas como máquinas que generan riquezas millonarias mediante cables de alta tensión, y jamás regresa a la tierra que la produce.

El Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Conagua documenta que, entre 1994 y 2025, se han otorgado en Chiapas 36 mil 76 títulos y permisos para el aprovechamiento de aguas nacionales. El volumen total concesionado asciende a 62 mil 354 millones de metros cúbicos anuales. La mayor parte de ese caudal se destina a la generación de energía hidroeléctrica –la Comisión Federal de Electricidad concentra las concesiones más voluminosas– y a la agricultura de riego en el Soconusco. Pero existe un renglón que llama la atención por su opacidad y el contexto en que opera: las embotelladoras.

Falta agua o falta repartir el agua

Mientras los ejidatarios de Venustiano Carranza o La Frailesca observan impotentes cómo sus cultivos se convierten en forraje seco por falta de lluvia superficial, en las entrañas de la tierra chiapaneca, las corporaciones trasnacionales operan al máximo de su capacidad.

En las faldas del cerro Huitepec, en los límites de San Cristóbal de las Casas, opera una planta embotelladora de FEMSA-Coca-Cola. Los permisos federales que posee le autorizan a extraer entre 1.14 y 1.32 millones de litros de agua al día de los mantos freáticos del volcán Huitepec. En marzo de 2024, unas mil 500 personas marcharon hasta las afueras de la planta para exigir la anulación de esa concesión. Denunciaron que la empresa extrae el agua de una ciudad con escasez creciente, paga tarifas irrisorias por el líquido y, mientras tanto, las comunidades de los Altos padecen cortes constantes y consumen el refresco ante la ausencia de agua potable.

Fermín Reygadas, director de la organización civil Cántaro Azul, apuntó que “el agua fluye hacia el dinero y hacia empresas como Coca-Cola, no hacia la gente”. En julio de 2025, cuando el Gobierno Federal levantó las vedas para el aprovechamiento del agua en varias regiones del país, Antonio García advirtió que la medida respondía a un interés “fuerte” por activar las 142 concesiones mineras existentes en Chiapas, acciones que consumen y contaminan volúmenes enormes de líquido.

Los datos más recientes del Monitor de Sequía, difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, añaden un aspecto más de tensión a este paisaje. Al corte del 15 de agosto de 2026, Chiapas era la entidad con el mayor número de municipios en sequía en el país: 44 municipios en sequía moderada, 35.5 por ciento de los 124 que conforman el estado. Otros 74 municipios fueron clasificados como “anormalmente secos”. En conjunto, 118 municipios presentaban algún grado de déficit de humedad. Únicamente seis municipios del estado no registraban afectación.

Chiapas no tiene un problema de agua; tiene un problema de quién la posee, ha expuesto Antonino García García, investigador de Chapingo, quien ha dedicado años a estudiar las cuencas del sureste mexicano.

Las mediciones del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informan que más del 50.8 por ciento de los chiapanecos carece de servicios básicos regulares en su vivienda. Además, menos del 35 por ciento de ellos tiene acceso diario al agua potable. En las comunidades rurales, donde vive el 51 por ciento de la población, la cifra se desploma aun más. Organizaciones como Cántaro Azul han documentado que, en esas zonas, la falta de acceso obliga a mujeres y niños a caminar largas distancias bajo el Sol para acarrear garrafones y cubetas. Chiapas es el estado con menor porcentaje de agua desinfectada para consumo humano en México. De los 124 municipios, sólo en 41 operan plantas de tratamiento de aguas residuales.

Francisco no sabe de metros cúbicos ni de registros públicos; sabe que el agua no llega a su casa y que la olla de frijoles hierve con el escaso líquido que acarrea desde un pozo que cada vez da menos. Sabe que a unos kilómetros de su parcela seca hay tuberías por las que corre, día y noche, el agua que a él le falta. No necesita que nadie se lo explique; lo vive.

El laberinto burocrático

En 2026, el fenómeno climático de El Niño se ha consolidado como el verdugo implacable del campo chiapaneco porque impone sequedad sofocante, mientras en la franja costera, los huracanes amenazan con lluvias violentas.

Las instituciones meteorológicas publican mapas alertando sobre la diferencia técnica entre la sequía meteorológica (falta de lluvia) y la sequía del suelo (pérdida total de humedad en tierras cultivables). Sin embargo, tras las alertas gubernamentales se esconde una negligencia sistémica.

Las proyecciones oficiales, sobre las cuales se deciden los apoyos y las declaratorias de emergencia, están construidas en gran medida sobre cimientos de ficción burocrática. Una investigación exhaustiva sobre la inmensa cuenca del río Usumacinta –realizada por expertos como los doctores Denise Soares y Antonino García– evidenció la realidad de la Conagua: de las 72 estaciones meteorológicas registradas en esa región vital, sólo 28 operaban y generaban datos congruentes. El resto funcionaba sistemáticamente con “datos basura”, cifras inventadas desde un escritorio por el propio personal para encubrir el abandono físico de los equipos y la inanición presupuestal.

El contraste es trágico. Durante siglos, el campesino supo observar la floración, el canto de las aves y las fases lunares para calcular las temporadas de siembra. Hoy, ese conocimiento milenario resulta obsoleto porque la depredación industrial ha desquiciado el clima y lo volvió impredecible. Pero al voltear hacia la ciencia, el Estado tiene responsabilidad, pues cuenta con radares descompuestos y estadísticas falsificadas. Mientras, en la Ciudad de México, los tecnócratas presentan mapas vectoriales en pantallas de alta resolución, en la depresión central de Chiapas, los campesinos siembran a ciegas, condenados a perderlo todo porque ninguna alerta real les ha advertido sobre el desastre.

Frente al desplome del campo, la reacción del gobierno estatal, encabezado por Eduardo Ramírez, se centró en el anuncio a finales de agosto sobre un Seguro Agrícola 2026. El mecanismo busca, en el papel, cubrir las pérdidas de los cultivos de maíz, sorgo, cacao y café. El 11 de septiembre, la Presidenta de la República se paró frente al público chiapaneco durante su informe de gobierno y emitió una declaración contundente: “Aquí está la Secretaria de Agricultura para ponerse de acuerdo con el gobernador y apoyar a los agricultores de Chiapas por la sequía [...] Nunca vamos a abandonar al pueblo, jamás”, sentenció.

Sin embargo, el abismo entre la tribuna política y la parcela seca parece inmenso. El trámite del seguro agrícola exige que los campesinos afectados bajen de sus comunidades, acudan a los ayuntamientos y entreguen datos catastrales para integrar padrones que, más tarde, serán revisados, verificados y autorizados por funcionarios de la Secretaría del Campo. Se traducen en semanas de burocracia, sellos y firmas exigidas a productores sin nada qué poner en la mesa de sus hijos cada día.

Francisco Sánchez, un hombre de la tercera edad, ya se inscribió al Seguro Agrícola. Hizo el trámite completo: fue al Ayuntamiento de Simojovel, entregó los datos de su parcela, firmó lo que le pidieron. Le prometieron seis mil pesos, pero no sabe si serán en una sola exhibición o si el monto se calcula por metro cuadrado de cultivo perdido. Nadie se lo ha explicado. Sólo sabe que el dinero no ha llegado. “Mucha gente ya no quiso inscribirse porque duda que le den”, destaca, y en su voz no hay rabia, sólo una resignación vieja, curtida por años de promesas rotas: “hace tres años pasó algo similar. Nos inscribimos, hicimos todos los pasos, y no llegó nada. Nos prometen el apoyo y no nos lo dan. Pura mentira. Yo le doy otra oportunidad, pero otros no le dieron”.

Al caminar por las veredas de la comunidad de Santa Anita, otros campesinos confirman lo mismo con un comentario breve que resume la misma historia: el frijolar no dio nada. Se sembró, se cuidó, se esperó… y la planta se secó antes de florecer. Ante la falta de maíz, la especulación de los intermediarios en los Altos de Chiapas ha incrementado el precio del alimento y amenaza con situar el bulto en cifras inalcanzables para el salario de un jornalero.

La sequía de 2026 demuestra que, en el estado con más recursos hídricos en México, la falta de agua no es una desgracia de la naturaleza, sino una obra maestra de la desigualdad. El agua existe, está debajo de la tierra y se bombea por tuberías industriales hacia botellas de plástico que el pueblo paga para no morir de sed.