Estados Unidos (EE. UU.) intensifica y promueve el cierre de puertas a las inversiones chinas entre países del continente americano, especialmente en el caso de México, su vecino y principal “socio”. El gobierno mexicano, por su parte, impulsa reformas y medidas para evitar el enojo de Donald Trump; ejemplo reciente de ello ocurrió con la Ley de Inversión Extranjera (LIE).

El presidente estadounidense endurece su guerra económica contra China, rival mundial y un riesgo para su “seguridad nacional”; y para aminorar los “riesgos” ha incluido a México.

En medio de las tempestuosas renegociaciones del tratado comercial entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC), complicadas por las presiones de Donald Trump, el gobierno de México se vio orillado, para reforzar su seguridad nacional, a realizar reformas a diversas leyes relacionadas con la protección del bloque económico de América del Norte, encabezado por los estadounidenses, frente a la “amenaza” china.

Durante las tensas pláticas en torno al acuerdo comercial, el gobierno mexicano envió 11 iniciativas de reforma para discutirse en el actual periodo de trabajos en el Congreso de la Unión iniciado el 1° de septiembre; entre estas iniciativas destacan cinco estrechamente relacionadas con el tratado y la seguridad económica regional.

Al cierre de esta edición, la iniciativa más avanzada era una reforma a la LIE, próxima a aprobarse por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo para modificar la actual Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), encargada de autorizar el ingreso de capitales foráneos.

La reforma a la LIE plantea agregar la participación de las fuerzas armadas mexicanas en esa Comisión y mejorar los criterios de supervisión para evitar la entrada de inversiones externas que arriesguen la “seguridad nacional” por la ampliación del bloque económico de Norteamérica, al que México está integrado con EE. UU. y Canadá.

Entre los antecedentes de esa reforma, también destaca el “Memorándum de Intención” firmado el siete de diciembre de 2023 entre la entonces secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y el entonces Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; con esta firma, ambos gobiernos acordaron fortalecer el control de las inversiones externas para proteger bilateralmente la seguridad nacional y del bloque económico de Norteamérica.

Sumado a lo anterior, en la nueva propuesta de ley enviada al Senado a finales de agosto por la Presidenta de la República para reforzar la evaluación de riesgos de seguridad nacional, se agregará la intervención de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina (Semar) y de Seguridad, y Protección Ciudadana con facultad de “voz y voto” en la toma de decisiones de la CNIE.

Con voz, pero sin voto, en esta nueva reforma también se incluye la participación de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, del Sistema de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Desde finales de 1993 opera en México una Ley de Inversión Extranjera Directa, ya incluido México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; sin embargo, el tema de “seguridad nacional” se presenta como una justificación para la reforma.

Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, advirtió que, con la nueva ley, “se requerirá autorización previa y obligatoria de la Comisión para que el capital extranjero adquiera o participe, directa o indirectamente, en más del 49 por ciento del capital social de cualquier empresa mexicana cuyos activos rebasen el umbral general y operen en actividades estratégicas. Para el sector energético, las condiciones son determinantes a través de tres fracciones críticas del Artículo 30° Bis: Infraestructuras estratégicas, Tecnologías críticas y Suministro de insumos fundamentales.

Además, el Artículo 30° de la LIE, vigente en la actualidad, contiene un enunciado genérico y poco utilizado: “Por razones de seguridad nacional, la Comisión podrá impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera. La reforma deroga ese artículo y despliega un andamiaje exhaustivo en el Artículo 30° Bis”, explicó Gonzalo Monroy en su análisis.

“Pasamos de un régimen donde la inversión extranjera en energía se evaluaba bajo criterios de transferencia tecnológica, empleo y desarrollo económico, a un embudo donde las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia y el brazo fiscal del Estado tendrán derecho de veto sobre el capital privado, todo bajo el pretexto de la Seguridad Nacional”, precisó.

A tono con los “socios”

Las Comisiones de inversión estadounidense y de Canadá ya operan con un enfoque actualizado y reforzado en materia de seguridad nacional de sus países y del bloque económico de Norteamérica, por lo que México debe poner a tono su CNIE.

Especialistas opinaron en torno a este asunto que los tres países socios del T-MEC tienen sobre la mesa el objetivo de proteger las industrias de la región en las renegociaciones, destacando el campo de las tecnológicas digitales, dominado por corporaciones estadounidenses, además de garantizar acceso a fuentes de energía y materias primas en exclusiva para el bloque económico encabezado por EE. UU., y cierran la puerta a los adversarios globales, sobre todo a China.

Entre los nuevos riesgos mundiales de seguridad subrayan el económico, y un punto central es la guerra global por el dominio de la tecnología digital; destaca también la competencia por la Inteligencia Artificial (IA) protagonizada por EE. UU., la Unión Europea y China.

En EE. UU., el organismo calificador se denomina “Comité de Inversión Extranjera” (CFIUS), a cargo del Departamento del Tesoro.

El CFIUS debe analizar las inversiones extranjeras antes de ingresar a EE. UU., porque evita afectaciones a la seguridad nacional; en él participan los departamentos de Estado, Defensa, Seguridad Nacional, Justicia, Energía y Comercio, además del titular de Inteligencia Nacional estadounidense.

El esquema de Canadá se basa en una legislación llamada “Ley de Inversiones de Canadá” (ICA), y no tiene una sola comisión para evaluar riesgos, sólo se encuentra bajo la responsabilidad de la “Dirección de Revisión de Inversiones Extranjeras y Seguridad Económica”.

Esa dependencia está a cargo del ministerio o Secretaría de “Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED) en colaboración con instituciones de inteligencia y defensa de ese país.

Adaptaciones legales mexicanas

La CNIE mexicana requerirá la participación del Ejército en la verificación de riesgos de “seguridad nacional”; de la institución militar perteneciente a la coordinación del Comando Norte de las fuerzas armadas de EE. UU., encomendada al resguardo de la región norteamericana, con México incluido, lo que implica intercambios de información de inteligencia y adiestramientos militares.

La CNIE está integrada actualmente por representantes de 10 secretarías de Estado: Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, y Turismo.

La actual LIE ya establecía la posibilidad de que la CNIE efectuara evaluaciones de seguridad nacional para impedir las consideradas de alto riesgo en su Artículo 30°, pero su integración y criterios de evaluación son obsoletos. Con la reforma, ese artículo se integrará como nuevo Capítulo de la Ley, llamado “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”, en el que se introducirán actualizaciones y contendrá mayores especificaciones para evaluar inversiones foráneas con la intención de proteger los sectores estratégicos.

Esta misma supervisión sobre riesgos de la seguridad nacional en el aspecto económico se activará en los casos donde una inversión extranjera, directa o indirecta, pretenda adquirir más de 49 por ciento de una empresa o proyecto en un sector estratégico, es decir, cuando los foráneos pretendan tomar el control.

Los sectores sensibles corresponden especialmente a las “Infraestructuras Estratégicas” relacionadas con energía, transporte, comunicaciones, minería, procesamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, así como la industria aeroespacial y de defensa militar.

Se plantea el control sobre los datos oficiales y personales, las “Tecnologías Críticas”, es decir, la IA, robótica, semiconductores, ciberseguridad, almacenamiento de energía; de “Factores Esenciales” como el suministro energético, las materias primas y seguridad alimentaria, así como en el rubro de “Información Confidencial”.

Otras reformas que serían enviadas al Congreso en el actual periodo de sesiones se relacionan con industrias tecnológicas como las de comunicación digital, operación de plataformas de redes sociales y negocios por Internet, además de una iniciativa para expedir una ley sobre la industria de la IA.

También se presentó una iniciativa sobre derechos de propiedad intelectual para reforzar patentes a inventos industriales, además de algunas reformas en materia de anticorrupción, con las que se modificarán 19 leyes y se expedirán dos legislaciones nuevas.

Aislamiento

Con el fin de presionar a sus “socios” en México y Canadá para renegociar e introducir sus intereses, el mandatario estadounidense ha manifestado, en reiteradas ocasiones desde que asumió su segundo mandato, que el T-MEC expedido en 2020 ya no sirve a los intereses estadounidenses.

El objetivo de Donald Trump consiste en fortalecer el “bloque económico norteamericano”, priorizando su política internacional, que consiste en que EE. UU. vuelva a dominar el mundo.

En estas condiciones, México está siendo presionado a demostrar fidelidad al bloque económico de América del Norte y a abandonar otras alternativas de inversiones, europeas y asiáticas, que compiten con EE. UU. en rubros como la tecnología digital.

Así se explica el hecho de que se desinfla la intención mexicana, mostrada en 2025, de ampliar las relaciones con el bloque económico mundial encabezado por China, con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica (BRICS).

El gobierno mexicano está mostrando fidelidad a EE. UU., de tal forma que el 1° de enero de 2026 empezó la aplicación de severos impuestos mercantiles o aranceles no solamente a importaciones chinas, sino contra otras naciones como Rusia, Brasil, India, Taiwán, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia y Turquía.

En diciembre de 2025, el Congreso de la Unión modificó mil 463 “fracciones arancelarias” correspondientes a igual cantidad de productos importados a México desde los países mencionados; y a partir del 1° de enero de 2026 ya se cobran nuevos aranceles o impuestos.

En el caso de los vehículos y autopartes chinos, se fijó una cuota de hasta 50 por ciento respecto al valor del producto; y la misma cantidad a Rusia, Brasil e India; mientras el arancel promedio en 2025 era del 20 por ciento; además, se aplica el 30 por ciento a otros artículos como juguetes; y entre 20 y 25, al calzado.

De manera sorpresiva, el nueve de septiembre de 2026, el gobierno mexicano anunció en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una ampliación de aranceles contra productos chinos sumados a los que ya se cobraban desde principios de este año.

Mediante una publicación en el DOF, la Secretaría de Economía anunció dos resoluciones que endurecen los impuestos contra productos chinos; en la primera se aumenta poco más de cuatro veces la cuota ya pagada por exportadores de bicicletas infantiles chinas desde 2015; y se aplica uno al “vidrio flotado de color” que no tenía aranceles.

El impuesto a las bicicletas rodadas pasa de 13.12 a 57.19 dólares por unidad; y en el caso del vidrio de color se aplicará una “cuota compensatoria provisional” de 0.11917 dólares por kilo.

Intenso acoso

Desde el año pasado, EE. UU. ha hostigado a su “socio” mexicano recriminándolo por abrir sus puertas a las inversiones chinas en los últimos años, aun sabiendo que China es el principal competidor comercial estadounidense.

Desde que asumió la presidencia por segunda vez en enero de 2025, Donald Trump ha señalado a México como intermediario de negocios con China, que estaría beneficiándose por no pagar impuestos y recibiendo un trato preferencial en las exportaciones de México, como socio del T-MEC.

EE. UU. ha recriminado que productos chinos son disfrazados en manufacturas, como los vehículos enviados desde México, con autopartes asiáticas integradas a los automóviles de marca estadounidense armados en plantas ubicadas en territorio mexicano.

Peter Navarro, director de la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de la Casa Blanca presentó, el 11 de agosto de 2026, un análisis oficial titulado: La gran estafa del transbordo, en el que acusa a más de 40 países, incluido México, de funcionar como “intermediarios” para que China obtenga enormes ganancias mercantiles.

Según el funcionario estadounidense, esto se realiza a través de “países intermediarios” de productos chinos “disfrazados” en productos manufacturados en otro país para no pagar impuestos en EE. UU. que pierde hasta 300 mil millones de dólares (mdd) anuales.

Posteriormente, en un texto publicado en The New York Times el 16 de agosto de 2026, Peter Navarro expuso: “Es por eso que nuestros acuerdos comerciales más recientes (como el T-MEC) van más allá de la cuestión tradicional del país de origen.

“Los acuerdos evitan que un país que obtiene aranceles más bajos de EE. UU. alquile esa ventaja a las exportaciones de un tercer país. Y a diferencia de algunos acuerdos anteriores, los nuevos cuentan con un respaldo verdadero.

“El mensaje para los países con aranceles más altos (China) es directo: no ocultes la nación de origen de un producto ni crees un rastro burocrático fraudulento a través de un país con aranceles más bajos (como México)”, demandó Navarro.

Apenas el siete de septiembre de 2026, Trump publicó un mapa en su cuenta de TruthSocial donde se anexa a México, Canadá y Groenlandia, los cuales aparecen cubiertos por la bandera de EE. UU.

En tanto, el seis de septiembre propuso cambiar el nombre al estado de “Nuevo México” por el de “Nuevo América”, lo que se suma a la modificación del “Golfo de México” por el de “Golfo de América” que decretó el 20 de enero de 2025 en su primer día de regreso a la Casa Blanca.

El cuatro de septiembre de 2026 aseveró en su oficina de la Casa Blanca que México no tiene nada que EE. UU. necesite, “si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil mdd anuales con México. Ellos no tienen nada que realmente necesitemos, es decir, tamales, picantes, tomates, un par de cosas”.

Kristóbal Meléndez, analista económico y financiero, explicó a buzos que “las negociaciones son asimétricas; la diferencia entre ambos países es abismal; entonces, México no puede marcar el ritmo de EE. UU., y menos con un presidente como Trump”.

“Si EE. UU. le dice a México que el automotriz es un sector que considera de seguridad nacional, entonces puede invocar el T-MEC y hacer que México cierre la puerta a las inversiones de China; eso es lo que se está negociando”.

Ahora hemos visto amenazas más agresivas “al sugerir que se quiere incorporar a México y Canadá; Trump publicó un mapa donde se ve a México como parte de EE. UU.; entonces, todo esto es una medida para decir que ellos tienen bajo control el 100 por ciento de América del Norte, y esto le da al país poco margen de maniobra; cuando dice que se iría con China, es sólo discurso, porque EE. UU. no lo permitirá”.

Para EE. UU., la política de “seguridad nacional” se extiende más allá de sus fronteras y debe ser defendida también por quienes considera sus aliados o “socios”, entre ellos los del continente americano.

Su proyecto implica preservar su “seguridad económica”, que en pocas palabras se refiere a que las inversiones externas en sectores estratégicos de la región, como la tecnología digital, las energías, seguridad y defensa militar sean suyas.