La frustración y el encono de los colombianos explotó contra la represión y las políticas de choque diseñadas por bancos, corporaciones y la élite neoconservadora. Acorralado por estos reclamos y dos paros nacionales, el presidente Iván Duque retiró temporalmente su plan tributario, pero mantiene la violencia de policías y militares contra la protesta social. Hoy, el mundo atestigua lo que se calló por años: que en Colombia, las ejecuciones extrajudiciales son cotidianas; que es el segundo país del planeta con más desplazados internos y que, a pesar de que aloja el mayor número de bases militares estadounidenses de todo el continente, es el mayor productor de drogas ilegales. Esta crisis puede convertirse en un tsunami de proporciones inéditas.

La rabia contenida de los colombianos se desbordó con la reforma tributaria del presidente Duque para “salvar al Estado” del déficit fiscal. “¿Por qué salvar al Estado?”, preguntaron miles de abandonados a su suerte en medio de una pandemia que ya dejó 79 mil muertos. Con un campesinado abandonado a su suerte, cuatro millones de desempleados y más de la mitad de la fuerza de trabajo viviendo en la informalidad, los colombianos son víctimas del desdén gubernamental.

El año más violento

En enero pasado, la Jurisdicción para la Paz, que investiga los peores crímenes del conflicto en Colombia, denunció que el inicio de 2021 “ha sido el más violentoˮ. Esta violencia es una secuela de casi seis décadas de conflicto que desgarró al país tras la confrontación de todos los sectores y cuyo saldo fue de al menos nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

En 2006, la nación confió en superar este legado de violencia al inicio del desarme de paramilitares de ultraderecha, así como la firma, en 2017, de los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero no fue así. Grupos delictivos se lanzaron a la reconquista del territorio que dejaron los siete mil combatientes de las FARC y empeoró la guerra multidimensional, silenciosa y selectiva en zonas rurales.

En solo meses, la violencia desplazó a cientos de personas de sus casas –no menos de 80 familias–, mientras el gobierno de Iván Duque atribuyó esa escalada a los guerrilleros que se marginaron del pacto de paz, según documentó la agencia France 24. En el primer trimestre del 2021, la agencia alemana DW reportó más de 27 mil desplazados en 65 oleadas en la región Pacífico por violencia.

En los últimos cinco años, los excombatientes y líderes sociales, caracterizados como “el enemigoˮ por la ultraderecha, la delincuencia organizada, paramilitares y fuerzas del orden, han sido el objetivo de esa campaña de asesinatos selectivos.

Nueva resistencia

Desde el 28 de abril se constituyó la nueva forma de resistir a las medidas neoliberales y la criminalización a la protesta social del gobierno de Iván Duque. El Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones sociales y sindicatos, celebró el segundo paro el cinco de mayo, con 13 demandas básicas plasmadas en un pliego de 115 exigencias sociales, que incluyen mejoras en salud, educación, seguridad en las regiones más violentas del país y la entrada en vigor de una renta básica.

Además, hay asambleas territoriales que han logrado ampliar la base social de la lucha y coordinar de mejor forma las reivindicaciones de los sectores. Miles de indígenas se identifican en las marchas al agitar sus bastones de mando y lanzar gritos de “¡resistencia!”, confundiéndose con el mar de trabajadores rurales y luchadores sociales que exigen el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y el fin de la represión selectiva.

Cali, foco de represión

La Comuna 20, o Comunidad de Siloé, es la barriada más grande de Cali, tercera ciudad de Colombia. Ahí viven personas de muy bajos recursos que el tres de mayo organizaron un “velatón” en homenaje a los muertos por la violencia gubernamental. Esa celebración no pudo realizarse porque, a las 20:30 horas, agentes del Esmad coparon las calles aledañas y rápidamente allanaron casas mientras la poderosa luz de un helicóptero aturdía a los pobladores con el sonido a todo volumen del himno nacional emitido por sus bocinas.

Es común en los contingentes policiacos y militares que enfrentan a civiles la táctica de confundir e inmovilizar a vecinos de barrios precarios. Saben que los sobrepasan en fuerza y se despliegan totalmente pertrechados con el rostro oculto y disparan sus armas contra civiles indefensos. Fue así como estalló una realidad en descomposición que habían rehuido u ocultado analistas, think tanks, prensa corporativa, la Casa Blanca, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los grupos de interés de dentro y fuera de Colombia.

Hoy, las protestas en Colombia ratifican la primera llamada de atención de octubre pasado, cuando miles protestaron contra la muerte selectiva de activistas y defensores de derechos humanos; el aumento de la pobreza del 60 por ciento de la población, la desigualdad y un desempleo que supera el 18 por ciento.

Sin embargo, ante la apatía del huésped de la Casa de Nariño, esa ira permaneció latente seis meses después. En abril, un insensible Iván Duque anunció su reforma tributaria titulada Ley de Solidaridad Sostenible, para recaudar seis mil 850 millones de dólares (mdd) adicionales.

Lo respaldó la bancada del expresidente Álvaro Uribe –su tutor político y quien purgó arresto domiciliario por manipulación de testigos– para “recuperar la confianza” de inversionistas y prestamistas extranjeros.

Tirar a matar

Millones repudiaron la carga impositiva que caería sobre sus espaldas y así lo gritaron en las avenidas de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y otras. El Ejecutivo, conservador de mano dura, no toleró la protesta y envió a contenerla al ejército y a los agentes de élite del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el tenebroso Esmad.

Esas fuerzas de “defensa” arremetieron contra los ciudadanos, mientras cientos de paramilitares infiltrados vestidos de civil detectaban y detenían en las manifestaciones a los protagonistas de las protestas.

En solo ocho días –del 28 de abril al cinco de mayo– hubo mil 700 casos de violencia policial contra ciudadanos, 37 homicidios, 831 detenciones arbitrarias, 222 víctimas de violencia física, 312 intervenciones violentas, 24 personas con lesiones oculares, 110 víctimas por balas disparadas por policías y 10 casos de violencia sexual, como documentó la Plataforma Grita.

Hasta entonces, el mundo escuchó la voz “¡Nos están matando!” de trabajadores, indígenas, médicos, estudiantes, sindicalistas y “los que nunca antes habían salido a las calles”. La represión es total: la fuerza pública viola y golpea a mujeres, mutila y daña órganos visuales de manifestantes; hay allanamientos extrajudiciales y se han registrado 80 agresiones contra periodistas, según Reporteros sin Fronteras.

Dos frases sintetizan el repudio social contra el sistema clasista y expoliador colombiano: “esto no es solo sobre la reforma tributaria, es también por la corrupción, la desigualdad y la pobreza”, advirtió al diario El Tiempo la maestra Mayra Lemus. “los jóvenes no queremos agresión, protestamos porque el gobierno no ayuda a los pobres, sino a bancos y grandes empresas”, declaró un estudiante a la agencia AP.

En una esquizofrénica conducción de la crisis, el presidente aseguró que abriría espacios de diálogo para escuchar a todos los sectores. Pero sostiene que el narcotráfico incita el terrorismo urbano y ofreció dos mil 600 dólares a quien colabore “para identificar a los autores”.

A su vez, el Ministro de Defensa, Diego Molano, sostuvo que la actuación de las fuerzas del orden se desarrolla con “respeto a los derechos humanos”, declaración que ganó la moción de censura de la oposición en el Congreso.

El gobierno y sus medios revivieron la dialéctica falaz de la Guerra Fría con el referente de una amenaza subversiva al orden institucional. Así, la clase política colombiana apremia a Duque a declarar el Estado de Conmoción Interna, que le daría amplios poderes para incrementar la represión social.

A su vez, el expresidente Pastrana afirma que Maduro incita a la violencia, pero ninguno explica por qué el uso indiscriminado de la fuerza que denunciaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y Amnistía Internacional.

Duque no tiene capital político para dialogar, pues representa a un gobierno que “por la noche asesina a quienes protestan y de día aparece tendiendo la mano para conversar”, explica la analista política Sandra Borda.

La gravedad de los sucesos en Colombia ha impactado la simbiosis con Estados Unidos (EE. UU.), la que ha permitido al gobierno de este país instalar bases militares desde las cuales planifica operaciones militares contra Venezuela, por ejemplo.

En medio de los disturbios, entre la última semana de abril y principios de mayo, el Comando Sur de EE. UU. y fuerzas colombianas realizaron ejercicios de guerra antisubmarina y el gobierno de Duque anunció las primeras extradiciones de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a territorio estadounidense.

La pérdida de ese espacio geoestratégico no es opción para el presidente Joseph Robinette Biden, pese a que días atrás se ostentó ante su Congreso como mandatario “progresista”; por eso mantuvo el apoyo a los gobiernos reaccionarios colombianos al afirmar que hay delincuentes detrás de las manifestaciones.

Entretanto, la energía de las protestas aumenta y podría convertirse en un tsunami cuya fuerza alcance a toda América Latina.