El Tren Maya es, en palabras del Presidente de la República, “la obra más grande” entre sus megaproyectos. López Obrador ha declarado que esta obra será de gran beneficio para la población, las empresas locales, comunidades rurales y el turismo nacional e internacional; “abrirá una serie de oportunidades de comercio y desarrollo social”, ha dicho, al interconectar regiones, ciudades muy distantes y promover el progreso en el sureste del país. Se trata, según la visión del mandatario, de un proyecto de gobierno inobjetable.

Sin embargo, desde el principio la obra desencadenó serias críticas y advertencias por los graves riesgos que su realización implica; investigadores, arqueólogos y antropólogos no tardaron en manifestarse en contra de la construcción del Tren Maya, previendo la destrucción de importantes vestigios culturales del sur y sureste mexicano; pero sus críticas y protestas no frenaron ni modificaron un ápice el proyecto insignia del gobierno de la “Cuarta Transformación”.

La obra se inició y de inmediato surgieron otras inconformidades: los habitantes de la región, de las comunidades indígenas, los campesinos y ejidatarios que a lo largo de toda la ruta que abarca la gran obra, se niegan a renunciar a sus tierras, a su ejido, a sus campos de cultivo; se oponen a la destrucción de sus selvas, de su flora y fauna. Representantes de varias de estas comunidades han denunciado la fuerte presión que las empresas constructoras ejercen sobre ellos para que accedan a la venta de sus tierras; presión que ha llegado en ocasiones al insulto, las amenazas y al amago con armas de fuego; los afectados han elevado la voz ante las autoridades correspondientes, esperando una intervención que nunca llega.

De este megaproyecto, de su arranque y desarrollo, de los conflictos que ha provocado, de la inconformidad de la población afectada que reclama que nunca se le informó de su realización ni se le preguntó qué opinaba se ocupa el Reporte Especial de esta semana, que expone los detalles de la imposición del Tren Maya en contra de la voluntad de los pueblos de toda la región y recoge testimonios de pobladores y organizaciones ambientalistas que acusan al Gobierno Federal de hacer caso omiso de los argumentos presentados y de las denuncias contra empresas y funcionarios que atropellan impunemente sus derechos.