El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2023 entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el ocho de septiembre, propone un gasto total de 8.3 billones de pesos, mayor en 11.6 por ciento al de 2022. Según Bloomberg Línea del nueve de septiembre, el 51 por ciento de este gran total irá a solo cuatro rubros: el costo financiero de la deuda pública, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a los estados (gasto programable) y los programas prioritarios del Presidente (gasto no programable), incluidas desde luego las obras emblemáticas de su Gobierno (Refinería de Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto Felipe Ángeles, AIFA).

Al servicio de la deuda se destina un billón 79 millones de pesos (todas las cantidades están dadas en términos reales), 29.9 por ciento más que lo destinado en este 2022. El medio citado aclara que el incremento sustancial en el servicio de la deuda no se debe a un mayor endeudamiento, sino al alza acelerada de las tasas de interés de los principales Bancos Centrales del mundo con objeto de contener la inflación. A las pensiones y jubilaciones se destina un billón 333 mil millones de pesos, 8.4 por ciento más que en este año; las participaciones de los estados ascienden a dos billones 432 mil millones de pesos, 9.9 por ciento más que en 2022 y, finalmente, los programas prioritarios consumirán 600 mil 321 millones de pesos, prácticamente 100 por ciento más que los 331 mil 977 millones de pesos de este año.

Como se ve, los programas prioritarios del Presidente (16 en total) constituyen el rubro menor entre los cuatro grandes que se mencionaron, pero, a cambio de eso, registran el incremento mayor. También se ve fácilmente que, descontados estos cuatro rubros, queda solo el 49 por ciento del total para atender otras necesidades básicas como el desarrollo del país y el bienestar de la gente, tales como la inversión en infraestructura productiva (caminos, carreteras, autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, así como el mantenimiento de la infraestructura ya existente), electricidad, vivienda, agua potable, educación, salud y seguridad pública, entre las más destacables. ¿Cómo se explica este explosivo crecimiento del presupuesto para los programas prioritarios del Presidente?

Aunque el incremento del presupuesto es notablemente grande, si se mira con cuidado la distribución que propone Hacienda, resulta que el traje confeccionado por Hacienda le queda muy ajustado al país, tanto que bastará con que alguno de los supuestos económicos en que se sustenta no se cumpla, para que sus costuras revienten y haya necesidad de instrumentar recortes al gasto que, seguramente, irán en contra del bienestar de los estratos de menores ingresos.

Según el conocido economista Enrique Quintana, director del diario El Financiero, éstos son los supuestos del paquete económico que, a su juicio, resultan “muy optimistas”: 1) El crecimiento de la economía, que estima en 2.4 por ciento al cierre de este año y del tres por ciento para 2023, mientras que la opinión de los expertos consultada por Citibanamex, espera el 1.9 por ciento para el cierre de 2022 y 1.4 por ciento para 2023. 2) El índice inflacionario. Estima que este año cerrará en 7.7 por ciento, y en 2023 en 3.2 por ciento; en contraste, los expertos esperan 8.2 por ciento para el cierre de este año y 4.5 por ciento para el año próximo. 3) El tipo de cambio. Supone que el año que viene cerrará en 20.60 pesos por dólar, mientras que los expertos predicen 21.50 pesos. 4) Tasas de interés. Calcula que en 2023 serán del 8.5 por ciento, cuando los especialistas pronostican un 9.38 por ciento. 5) Crecimiento de los ingresos del Gobierno. Estima que estos ingresos crecerán 7.4 por ciento y que los ingresos tributarios en particular crecerán un 9.9 por ciento. Este porcentaje se calcula suponiendo que el año que entra ya no hará falta subsidiar las gasolinas, lo que liberará 361 mil millones de pesos. 6) El nuevo PEF calcula como gasto programable, o sea, lo que el gobierno puede asignar “libremente”, 5.9 billones de pesos, es decir, apenas un modesto 0.6 por ciento más que en 2022. En cambio, el incremento del gasto no programable sería de 10.5 por ciento. Hasta aquí lo que he copiado, casi literalmente, de don Enrique Quintana.

Es posible ver en estos datos que el gasto programable, en el cual quedan incluidos tanto la inversión en infraestructura productiva como los servicios fundamentales para el bienestar de la población, apenas alcanzó un modestísimo incremento del 0.6 por ciento en el PEF 2023, lo que obliga a pensar que no habrá una mejora sustancial en tales rubros en 2023. En el mejor de los casos, todo seguirá igual que hoy; en el peor, el deterioro será mayor. Debemos hacer notar que es aquí, en el gasto programable, donde entran también los programas prioritarios del Presidente que, como vimos, tuvieron un incremento de casi el 100 por ciento, mucho mayor que el recibido por los otros tres grandes gastos que mencionamos al principio, que son rubros que forman parte del gasto no programable, es decir, gastos que el Gobierno tiene que realizar por fuerza.

Poco más arriba preguntábamos cómo se explica la notoria preferencia del PEF 2023 hacia los programas prioritarios del Presidente. Para muchos, la explicación radica, al menos en parte, en que los programas sociales del Presidente no se proponen acabar con la pobreza y la desigualdad, como él repite incansablemente, sino que buscan comprar conciencias y votos de los más necesitados para asegurar la permanencia de Morena en el poder. Así lo sugieren fuertemente el reparto selectivo de las tarjetas del bienestar y la abierta filiación partidista de quienes operan los programas; y así lo demuestran irrefutablemente la manipulación y las amenazas de quitar el beneficio a quienes se nieguen a acudir a las urnas y sufragar a favor de candidatos y propuestas de Morena. El año entrante es año electoral, y es eso lo que refleja y explica el desmesurado incremento del presupuesto destinado a esos programas electoreros.

Por otro lado, hablando de las fricciones del actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con el presidente López Obrador, el columnista de El Universal, Mario Maldonado, escribió: “Más recientemente, Ramírez de la O volvió a tener fricciones. A la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, se le fue al cielo el costo de la refinería de Dos Bocas, calculó que costaría 7 mil millones de dólares y va en 20 mil millones, en medio de la opacidad y presuntos actos de corrupción que estarían beneficiando a la familia y allegados de Nahle. Lo mismo pasa con el presupuesto del Tren Maya, el cual se ha disparado 70% y se prevé que siga aumentando; se fue de los 11.8 mil millones de dólares a los 20 mil millones” (El Universal, cinco de septiembre). Ésta es la otra parte de la explicación del exagerado incremento del presupuesto para los programas prioritarios del Presidente, mientras se descobijan las necesidades de la población más vulnerable.

El mayor peligro del PEF 2023, sin embargo, es lo endeble de los supuestos en que se funda. Por ejemplo, la muy conocida y autorizada economista Viri Ríos dice al respecto: “Ramírez estima que habrá ingresos 8.2% más grandes que en 2022, algo que parece sacado de un libro de ciencia ficción. La sobreestimación de los ingresos no es nueva, pero con Ramírez ha alcanzado nuevos vuelos”. Según la misma economista, el crecimiento del tres por ciento de la economía que estima el Secretario de Hacienda, es más del doble de lo que estiman los expertos consultados por Banxico (1.3 por ciento) y por el IMEF (1.4 por ciento). Respaldada con datos de 20 años atrás, asegura que ningún Secretario de Hacienda se había atrevido a sobreestimar tanto el crecimiento económico y que “Lo mismo pasa con la inflación, (…) Ramírez nos dice que en 2023 la inflación será del 3.2%, es decir, 30% menos de lo que estima Banxico (4.6) e IMEF (4.7)”.

¿Y cuál es el problema de esto? Según la misma Viri Ríos, “Por cada medio punto de crecimiento sobreestimado por Ramírez desaparecerán 23 mil millones de pesos del presupuesto de 2023. Esto significa que, el mal tino de las estimaciones serán equivalentes a recortes por 78 mil millones de pesos…” lo que equivale a quitarle al Poder Judicial el 97 por ciento de todo su presupuesto actual. Para Viri Ríos, no se trata de errores ingenuos sino de una estrategia intencional para hacer creer a López Obrador que tendrá más recursos para calmar a gobernadores y para negociar con las fracciones parlamentarias del Congreso; “Pero sobre todo, esta estrategia permitirá que López Obrador decida dónde y cómo recortar presupuesto cuando la realidad presupuestaria toque a la puerta” (Milenio, 12 de septiembre).

 En el mismo sentido opina otro destacado economista, Macario Schettino, quien afirma que el verdadero objetivo de la sobreestimación del crecimiento económico es ocultar la crisis fiscal que se avecina. Con un crecimiento del tres por ciento, la recaudación tributaria calculada y el déficit esperable para el próximo año resulta ser del 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), algo así como 1.2 billones de pesos, poco mayor al límite normalmente aceptado pero nada excepcional. En cambio, si hacemos caso a los expertos consultados por Banxico, que calculan un crecimiento del 1.5 por ciento, y ajustamos la recaudación a este crecimiento, entonces el déficit fiscal se dispara a casi cinco por ciento del PIB “que sí es algo muy difícil de aceptar” (El Financiero, 12 de septiembre).

A Peña Nieto le ocurrió algo semejante, dice Schettino: veía venir una crisis fiscal y decidió reducir gastos y dar el famoso “gasolinazo” para incrementar ingresos, a pesar del costo político; pero “…López Obrador toma el camino opuesto. En lugar de moderar gastos e incrementar ingresos (…) elige incrementar los gastos aunque los ingresos no den. Es más, optan por inventar cifras para fingir que tendrán los ingresos. Cualquiera que tenga un poco de práctica con los datos económicos puede comprobar que ese paquete presupuestal es un engaño”. Renglones abajo, Schettino concluye: “Lo que comentamos en esta columna desde hace algún tiempo ha llegado. La crisis fiscal nos espera, y aunque no puedo estimar el momento del estallido, cada día me parece más probable que ocurra antes de las elecciones del 24. Pero habrá colegas con otra opinión que vale la pena escuchar”.

Es muy plausible la actitud precavida y responsable de Schettino, pero no deja de ser un elocuente grito de alerta para quien quiera escucharlo. Por mi parte, lo más grave que veo es la distribución del gasto no programable por la enorme tajada del presupuesto que se llevan los programas sociales y las obras emblemáticas del presidente, cada vez más caras y más alejadas del presupuesto con que fueron aprobadas. Este enorme despilfarro de recursos deja el crecimiento de la infraestructura productiva del país y la calidad de los servicios básicos para la población colgados de los endebles supuestos económicos del PEF 2023 cuyo cumplimiento cabal es racionalmente imposible, como acabamos de ver. Todos los economistas reconocidos que he podido consultar coinciden en que basta que uno de ellos falle para desequilibrar el gasto. En tal caso, habrá recortes a la inversión pública, recortes que, con toda seguridad, no serán al gasto programable ni a las prioridades del Presidente, sino a las necesidades básicas de la gente. Será entonces cuando conozcamos, como dice Enrique Quintana, la verdadera pobreza franciscana de que ha venido hablando López Obrador en las últimas semanas.

¡Sí! Digo yo. Pero esa pobreza franciscana no la sufriremos todos por igual, sino solo las víctimas de siempre: los trabajadores y el pueblo pobre, que no se salvarán ni siquiera aferrados a la tablita de salvación de las tarjetas del bienestar que les reparte AMLO para apaciguarlos y comprar su voto. Eso es lo que nos promete el PEF 2023.