Se estima que esta problemática afecta a unas 90 mil personas en todo el país.
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Ante el anuncio de la alcaldesa de Cuauhtémoc de imponer en esa demarcación el “Bloque Diamante”, un operativo contra la propaganda electoral y “políticos oportunistas”, la diputada local del PRI, Maxta González, calificó el aviso como un hecho “preocupante”, que debe ser “un foco rojo” para las dirigencias nacionales y estatales a la hora de elegir a los representantes populares.
En entrevista, González Carrillo señaló que en la Ciudad de México y el resto del país “los gobernantes que necesitamos son gente con sentido humanista, con responsabilidad en el actuar de la administración pública, que no se impongan ante la gente y que dejen de lado el bienestar de la sociedad sólo para lucirse y buscar más poder”.
En ese sentido, afirmó que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “debemos estar atentos contra ese operativo, debido a que nadie es dueño de una alcaldía, ni de sus colonias, ni de calles" ni de imponer sólo caprichos, rabietas y hacer escándalos en lugar de trabajar.
De acuerdo con la diputada, está en comunicación con sus abogados para que, en caso de ser necesario, se denuncien las amenazas y tratos de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, "y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tal y como lo he venido haciendo en estos dos años, seguiré visibilizando el actuar autoritario y violento de la Edil”.
La también vicecoordinadora de la Comisión Político-Electoral del Congreso de la Ciudad de México, dijo que pedirá “auditorías para que se le pueda revocar el cargo a Sandra Cuevas ante los ataques y discursos violentos que pueden originar una ola de enfrentamientos”.
"Todas las historias mencionadas por esta señora ya caen en lo ‘gracioso’. Es una persona con cero credibilidades, que se ha enfocado solo a crear escándalos y polémicas en vez de trabajar en lo que realmente importa: el bienestar de los habitantes de la Cuauhtémoc", sostuvo González.
La falta de credibilidad de la alcaldesa no ha sido algo fortuito. Sus propias polémicas y contradicciones han llevado a que la población, funcionarios y opinión pública, en general, ya no le crean.
Se estima que esta problemática afecta a unas 90 mil personas en todo el país.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera