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No se mata la verdad matando periodistas
José Luis Gamboa, periodista veracruzano, fue la primera víctima de un crimen artero en este 2022; la quinta de un comunicador en lo que va de la administración de Cuitláhuac García Jiménez; y la 47 en el Gobierno federal de López Obrador.
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El asesinato a sangre fría de tres periodistas en menos dos semanas –uno en Veracruz y dos en Tijuana– confirmaron a México como uno de los países donde esta profesión es demasiado peligrosa y la libertad de expresión enfrenta severas limitaciones para su ejercicio pleno y seguro.

José Luis Gamboa Arenas, afamado periodista veracruzano, fue la primera víctima de un crimen artero en este año; la quinta de un comunicador en lo que va de la administración del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez y la 47 en el Gobierno Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Unos días antes del atentado, Gamboa Arenas había publicado en Facebook un video en el que se exhibía una acción de cobro de piso en su municipio.

 

 

El 10 de enero lo mataron a puñaladas, pero fue cuatro días después cuando su cuerpo fue identificado por sus familiares. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) reconoció que no tenía reporte de su desaparición y que se enteró del caso hasta el día 15 de enero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) es la encargada de determinar si el homicidio está relacionado con su ejercicio profesional, por lo que la CEAPP la exhortó a que implemente el Protocolo de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión y que realice las diligencias necesarias para todas las líneas de investigación.

Una semana después del brutal crimen contra Gamboa Arenas, se registró el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, ocurrido el lunes 17 de enero en Tijuana, Baja California; y seis días después, el domingo 23, el de la periodista Lourdes Maldonado, en la misma ciudad fronteriza donde, desde 2018, se han registrado dos mil homicidios dolosos.

A decir del gremio periodístico de Tijuana, los asesinatos de Martínez y Maldonado tienen similitudes, ya que ambos ocurrieron afuera de sus domicilios, mientras estaban en sus automóviles y los balazos fueron hechos por la espalda y a la cabeza. Además, los dos mantenían disputas públicas: el primero con el bloguero Ángel Peña, quien acusó falsamente a Margarito de manejar cuentas de Facebook ligadas al crimen organizado; y la segunda con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien tenía con ella una deuda pendiente por un laudo judicial favorable a Lourdes Maldonado, quien apenas dos días atrás había ganado una disputa laboral de varios años, ya que la periodista había trabajado para la empresa PSN, de la que es dueño Bonilla.

Pero además de los asesinatos cometidos contra los periodistas de Veracruz y Tijuana, la prensa nacional entró en mayor alarma cuando el gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en su conferencia mañanera hizo esta declaración amenazante: “todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también, en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo”.

 

 

Esta advertencia fue lanzada por Barbosa Huerta el 21 de enero pasado, luego de que periodistas y activistas sociales le reprocharan la inmovilidad de su gobierno para esclarecer el terrible caso de Tadeo, el bebé encontrado muerto en el penal de San Miguel.

Los periodistas interpretaron esta declaración como una advertencia tendiente a inhibir toda indagación sobre el caso –“no investiguen”– y a que en el supuesto de hacerlo tuvieran el “cuidado” no difundir el resultado de sus investigaciones.

Las palabras intimidatorias del mandatario poblano provocaron que organizaciones civiles como Reinserta, Mexicanos Haciendo Bola, Artículo 19 y Tejiendo Redes Infancia, entre otras, le exigieran que explicara sus advertencias.

 

Permiso para matar periodistas

Pero el de Barbosa Huerta no es el único gobierno que ha tratado de intimidar a la prensa o la ha agredido directamente. Desde hace 15 años, México es considerado uno de los países más peligrosos para el ejercicio el periodismo y ocupa el lugar 143 de los 180 países más inseguros en este rubro, según la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa que hace la organización Reporteros Sin Fronteras. Incluso reportó el mismo número de agresiones contra periodistas que el registrado en países que se hallaban en guerra, como Siria en 2016, y mucho más que en Irak y Afganistán.

En 2021, las entidades federativas con más agresiones contra la prensa fueron la Ciudad de México (CDMX), con 64; Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, 22; Guerrero, 21; y Baja California, 19. En solo tres años del gobierno de AMLO han sido asesinados 49 periodistas.

Desde el año 2000, en Veracruz han muerto 31 reporteros y comunicólogos por motivos relacionados con el ejercicio de sus labores, a decir de Artículo 19, organización dedicada a la defensa del ejercicio periodístico.

Por ello, y tras el asesinato de José Luis Gamboa, la Asociación de Comunicadores del Estado de Veracruz (Acover), en voz de Froylan Flores Cancela, condenó la violencia y las amenazas que se han hecho contra el gremio periodístico veracruzano.

“Hoy, una vez más, a través de un video anónimo, se vuelve a amenazar de forma directa y cobarde a un grupo de periodistas –uno de ellos destacado miembro de nuestra Asociación– quienes lo único que hacen es retratar de forma valiente lo que acontece en nuestro estado. En la Asociación rechazamos contundentemente las agresiones que se han vertido hacia nuestros compañeros, y exigimos a las autoridades federales y estatales que garanticen su seguridad y la de sus familias, así como esclarecer el origen de la cobarde publicación y castigar a los responsables”.

 

 

Para Justice in México los recientes asesinatos en Veracruz y Baja California son anuncio de que 2022 “será otro año mortal para los periodistas”. El especialista en medios de comunicación e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Trejo Delarbre, explicó que las fuentes de agresión a los periodistas provienen tanto del crimen organizado como del Estado.

“Son diferentes las agresiones a periodistas, por un lado están las agresiones en los estados con más influencia del narcotráfico, donde el Estado mexicano tiene una insuficiente capacidad de cohesión sobre la delincuencia organizada; por el otro, las agresiones que son las que a diario o casi a diario propicia el Presidente de la República en contra de medios que no comparten su punto de vista”.

Trejo Delarbre dijo a buzos que las agresiones provenientes del crimen organizado se han venido incrementando desde hace casi 20 años, por lo que no es un asunto nuevo. Según Reporteros Sin Frontera, 73 periodistas han sido asesinados en el país en los últimos 10 años.

“Sin embargo, es preocupante el hecho de que los mecanismos con los cuales dispone el Estado mexicano, particularmente el Programa de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos –que depende de la Secretaría de Gobernación– tenga menos apoyo que en gobiernos anteriores, que no haya revisado su estructura como lo han requerido las organizaciones de periodistas e incluso organismos internacionales, y se encuentre en una situación tan precaria por falta de recursos”, denunció el investigador.

“Todo este escenario de violencia por parte del crimen organizado ocurre en un contexto de desinterés del Gobierno Federal por la libertad de expresión, por la situación de los medios y por el papel que los medios desempeñan en la democracia para propiciar la información y la deliberación de la sociedad. Todo esto falla cuando a los periodistas se les persigue por el crimen, por un lado, y se les descalifica por el Presidente por el otro”, agregó Trejo Delarbre.

 

Creciente impunidad en Veracruz

El 18 de enero comenzó a llegar a los teléfonos de varios periodistas y políticos veracruzanos un video en el que un personaje que se hizo llamar Anonyimus Ver, amenazó de muerte a varios columnistas críticos de la actual administración estatal morenista, aunque atribuyó dicho futuro baño de sangre “en el que caerán inocentes y hasta periodistas” al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Los columnistas amenazados son Manuel Rosete Chávez, Arturo Reyes Isidoro, Bernardo Gutiérrez Parra, Aurelio Contreras Moreno, Ana Laura Pérez Mendoza y Víctor Iván Calderón, todos ellos con varias décadas de trayectoria en el periodismo estatal y nacional y críticos de la administración estatal morenista.

Aurelio Contreras, uno de los aludidos, responsabilizó públicamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y al presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, a quienes ha criticado por su mal desempeño público.

 

 

“Ésa siempre ha sido mi línea, la crítica del poder, esté quien esté”, dijo el columnista, quien constantemente ha recibido amenazas junto con su pareja y ha sido víctima del robo de su vivienda en dos ocasiones, razón por lo que desde 2016 está adscrito al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos (MPPDDH) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Contreras Moreno aclaró que aunque no puede asegurar que todos los asesinatos han corrido a cargo del Estado, el hilo conductor que conduce a esta presunción son las amenazas que terminan en homicidios y el hecho de que las autoridades no hacen nada para frenar y esclarecerlos. “Ni siquiera se puede aspirar a justicia si te sucede algo, buscan aterrorizarte por todas las vías posibles, hasta el máximo terror que es arrebatarte la vida”, abundó.

Un día después, el 19 de enero, la comisión que protege a los periodistas en Veracruz condenó las campañas de desprestigio y desinformación. “Desde la CEAPP nos pronunciamos en desacuerdo con este tipo de publicaciones que pueden poner en vulnerabilidad a los periodistas en razón de su ejercicio de la libertad de expresión. En virtud de lo anterior, esta Comisión ha contactado con algunos periodistas aludidos en dicho material para ofrecer la asesoría jurídica correspondiente”.

Hasta el 14 de septiembre del año pasado, la CEAPP había realizado 73 intervenciones en favor de comunicadores veracruzanos, las cuales estuvieron relacionadas con situaciones de riesgo derivadas de su labor periodística; 22 tuvieron relación con situaciones de riesgo, agresiones en coberturas, amenazas y restricciones a la libertad de expresión.

 

El hostigamiento de Barbosa

En 2019, el estado de Puebla se colocó en el cuarto lugar nacional en agresiones a la prensa; en 2020, ya con Barbosa en el poder, ocupó el segundo; y en 2021, el tercero. Desde que el morenista arribó al poder, el acoso a los medios de prensa ha sido permanente.

La edición 921 de buzos documentó el asedio que desde el poder oficial se realiza contra los medios de comunicación poblanos. En ese momento, tres periodistas ampliamente conocidos enfrentaban demandas por presunto daño moral interpuestas por políticos muy cercanos al gobernador morenista, quienes exigen 20 millones de pesos como reparación al supuesto agravio que recibieron.

Este hecho fue visto como un primer intento de censura indirecta por cuenta del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) contra la prensa en Puebla. En julio de 2020, un informe especial de Artículo 19 sobre la libertad de expresión e información durante la pandemia ubicó a Puebla como el estado con más agresiones contra la prensa, al acumular 10 casos, todos provocados por acciones de estigmatización del gobernador Barbosa Huerta.

A finales de diciembre de 2020, durante su videoconferencia, Miguel Barbosa demostró su intolerancia al gritarle a una reportera de El Sol de Puebla que “cuando el gobernador ya habló, ya ningún otro puede hablar, ¿sale? Aprende eso, por favor. No preguntes”. En ese momento, la Red de Periodistas de Puebla exigió al político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que evitara ese tipo de prácticas violentas, censura y violencia de género.

Ese mismo año, un periodista de Milenio fue jaloneado por la seguridad privada del gobernador. Barbosa declaró que no le daría ninguna opinión a El Sol de Puebla durante sus mañaneras y ordenó que se bloqueara el acceso a sus conferencias de prensa a periodistas del medio digital e-consulta.

 

 

En 2021, la periodista y activista Claudia Martínez fue destituida de su puesto como maestra en el Bachillerato Oficial Héroes de la Reforma porque hizo una serie de denuncias que evidenciaron el mal funcionamiento del gobierno estatal. En un acta administrativa se lee que “un grupo de comunicación de WhatsApp llamado ‘Delegación-D-II-235’, integrado por personal docente y administrativo del turno vespertino del Bachillerato General Héroes de la Reforma… (difundió) artículos periodísticos redactados por usted, mostrando oposición al titular del Gobierno del Estado”.

“Tenemos que deshacernos de esos anclajes autoritarios y Puebla, hoy, está en el ojo del huracán por la intolerancia que prodiga el gobernador del estado”, dijo Leopoldo Maldonado, quien agregó que “es el ánimo de todos los actores políticos, hacen explícita esa animadversión contra la crítica; sus amenazas son el reflejo de la intolerancia que ha demostrado Miguel Barbosa durante su gestión”.

El pasado 25 de enero, un grupo de periodistas de varios medios de comunicación protestó cerca del Palacio de Gobierno y a un lado de la Catedral de Puebla para condenar los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa, ocurridos en las últimas dos semanas.

Alrededor de medio centenar de comunicadores exigieron un alto a las agresiones contra la prensa crítica. “Todos los que estamos aquí somos una sola voz y una sola imagen; ni una más, ni una menos. Nos quieren callar, pero ya basta de tanta impunidad. No van a acallar la verdad”.

 

Tijuana encabeza la lista

Baja California tenía varios años sin asesinatos de periodistas, pero en 2017 se dio el primero de una lista que no parece terminar: Luciano Rivera fue acribillado a balazos en un lugar del municipio de Playas de Rosarito. Pocos antes, el semanario Zeta había sido el foco de atentados contra editores, periodistas e incluso su fundador.

En 2004, fue asesinado Francisco Ortíz Franco cuando salía de un restaurante; en 1997, el periodista Jesús Blancornelas sufrió un atentado a balazos por miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix; él resultó herido pero su guardaespaldas perdió la vida. En 1988, el homicidio de Héctor El Gato Félix Miranda, cuya fotografía se publicó en una página de Zeta para exigir justicia del homicidio, en el que estuvo relacionado el empresario Jorge Hank Rhon.

Ante los recientes asesinatos, el colectivo #YoSíSoyPeriodista de Tijuana, la Red de Periodistas de Mexicali y la Asociación de Periodistas de Ensenada, se pronunciaron en demanda de que se esclarezcan y se haga justicia a fin de que no terminen en una estadística más y formen parte del 91 por ciento de los delitos que terminan en la impunidad.

Estas organizaciones civiles y gremiales, junto con ciudadanos comunes, han realizado movilizaciones en los municipios de Baja California para exigir información precisa tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE), como a las corporaciones policiacas.

Lourdes Maldonado estaba inscrita en el Sistema Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (SEPPDDH); mientras que el registro de Margarito Martínez se hallaba en trámite debido a que esta oficina aún no se había constituido porque la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila acaba de tomar posesión del cargo.

El 25 de enero, reporteros de 50 ciudades, en 20 estados de la República, se sumaron a la movilización nacional para denunciar el reciente asesinato de los tres reporteros y exigir un alto a estas asechanzas contra la libertad de expresión. Las marchas y mítines se hicieron con la consigna “No se mata la verdad matando periodistas”.

 

 

Los periodistas exigieron al gobierno de AMLO mecanismos que realmente protejan sus labores y personas, pero el Presidente los ignoró completamente y no hizo ningún pronunciamiento con respecto a las movilizaciones. Esto no le extrañó a nadie, porque desde el inicio de su administración, el Presidente ha denostado sistemáticamente la labor de la prensa y a los periodistas. Los acusa de elaborar pasquines inmundos, de formar hampas, de “chayoteros”, de “fifís”, de hacer boletines para el conservadurismo, de ser sabelotodos, hipócritas, pinochos y manipuladores; y a los medios de ser prensa vendida, doble cara, alquilada, opositora, embozada y que muerden la mano de quien les suelta el bozal.

Itzia Miravete, Coordinadora de Prevención de Artículo 19, dijo a buzos (edición 1000) que “cuando el Presidente estigmatiza a la prensa o cualquier crítica, en un país de los más peligrosos para ser periodista, aumenta los riesgos a sufrir otras agresiones o violencia”. Esto es precisamente lo que ha estado ocurriendo en el país en los últimos días.

“El problema es que el discurso del Presidente sí le da el permiso a los políticos de los estados, o así lo entienden e interpretan, de repetir, atacar y criminalizar a periodistas locales que están haciendo ruido. Sí tiene un impacto negativo. Según los análisis que hemos hecho, hay casos preocupantes en este sentido en Chihuahua, Guanajuato y Jalisco. Lo vemos con preocupación en los colegas que están dentro de la alianza, dentro de la red, porque son actitudes muy criminalizantes de parte de autoridades locales”, dijo a buzos Daniela Pastrana, de la red Periodistas de a Pie.

Artículo 19 afirma que los agentes del Estado son quienes más agreden a la prensa. De las 362 agresiones registradas en 2021, el 37 por ciento provinieron del Estado. De este número, 83 correspondieron a funcionarios públicos civiles, seguidos de 46 procedentes de elementos de las fuerzas de seguridad civiles y cinco de elementos de las fuerzas armadas.

A finales de 2021, esta organización aseveró que “en el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra la prensa sigue sin mostrar alguna señal de revertirse y el Estado mexicano sigue sin cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información”. En 2022, los tres asesinatos en menos de 20 días lo confirman.



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