La avaricia imperial de Estados Unidos (EE. UU.) y la rupestre derecha boliviana se aliaron conforme a la más siniestra tradición de las asonadas militares de América Latina (AL) para consumar un golpe contra el presidente constitucional Evo Morales Ayma. Dominada psicológica, cultural y económicamente por Washington, la oligarquía de Bolivia rechazó otro triunfo electoral del mandatario e instigó el golpe contra su propio pueblo. En el actual vacío de poder, el escenario viable está en que el capital trasnacional impondrá su dinámica expoliadora con ayuda de sus serviles aliados. Para cortar el paso a este fascismo que hostiga hoy a los bolivianos, urge reactivar las instituciones latinoamericanas de integración y cooperación para borrar la persistente tentación dictatorial.

Bolivia representa una pieza de gran interés para la “seguridad nacional” de EE. UU. y los objetivos económicos de las trasnacionales. Su riqueza en recursos estratégicos y su destacado rol en la región lo convierten en un Estado clave para la geopolítica del imperio estadounidense. Para influir en aquel país y dar un golpe de timón a su favor, la estrategia de Washington oscila entre la asistencia económico-militar y su “ayuda a la democracia”, es decir, a la derecha opositora. Ésta fue la lógica del proceso golpista que se consumó el 10 de noviembre.

El desarrollo soberano y la diplomacia multilateral del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), presidido por Evo Morales, desató el temor y el rotundo rechazo de la potencia hegemónica y las trasnacionales. Para reaccionar y oponerse al gobierno de Evo, articuló su injerencia mediante grupos de interés (cabilderos) y sus históricos aliados locales: terratenientes, rentistas, ricos comerciantes y políticos de la derecha enquistados en los enclaves geográficos de Bolivia.

Todos ellos, de acuerdo con el guion imperial, buscaron socavar las políticas socioeconómicas del gobierno de Morales. Sistemáticamente negaron los logros del político indígena, como haber transformado a Bolivia de ser un país pobre y aislado en una nación con el mayor incremento económico y creciente protagonismo global en AL. Fue así como activaron la estrategia de desestabilización y “caceroleo” contra el gobierno de Evo Morales.

Para muchos, Morales Ayma es uno de los sobrevivientes del socialismo del siglo XXI. El hábil sindicalista, defensor de los precarios agricultores cocaleros, estuvo al mando de Bolivia por 13 años y nueve meses. De habérsele reconocido su triunfo electoral, habría ejercido un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.

En sus primeras palabras en suelo mexicano, declaró: “Mientras tenga vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida sigue la lucha, y estamos seguros que los pueblos tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación; pero surgen otros grupos que no respetan la vida, menos la patria. Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Si algo de delito tengo, es ser indígena”.

Con su salida de La Casa del Pueblo se cierra abruptamente una etapa histórica de Bolivia y se abre la era de la incertidumbre y la ingobernabilidad, donde ahora la única representación de autoridad son los agentes policiacos y los soldados.

El golpe se suscitó en medio de intensas protestas ciudadanas contra la desigualdad y precarización de las políticas neoliberales adoptadas por gobiernos como los de Chile y Ecuador, o profundamente excluyentes como el de Haití. También ante el silencio, la ceguera y la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que supuestamente nació para impulsar la unidad, la gobernabilidad y el desarrollo en nuestra América.

Terror fascista

Tras desconocer el resultado de la elección del 10 de octubre, que dio la victoria a Evo Morales, además de la mayoría absoluta en el Senado y Cámara Baja del Congreso, y en cinco de los nueve departamentos del país, la oposición exigió nuevos comicios y, con creciente virulencia, la renuncia del Ejecutivo. En ese agitado contexto, las fuerzas democráticas del país y la región constataron que el golpe contra el presidente estaba en marcha.

El domingo 10 de noviembre, el mandatario anunció su voluntad de convocar a nuevas elecciones. Esta medida buscaba frenar la escalada violenta luego de conocerse la provocadora posición de la OEA, que tras su “auditoría” de los comicios conminó a un nuevo proceso electoral.

Para perfeccionar el desarrollo de su innoble rol en el golpe, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán Romero, “sugirió” a Evo que renunciara. Para la ejecución de este acto, el general de 56 años se rodeó del alto mando militar, olvidando que apenas en diciembre de 2018, cuando asumió el cargo, se declaró “soldado del proceso de cambio” del presidente. Con este golpe de gracia, Evo perdió el último respaldo de la institución más poderosa del país.

La tensión escaló a límites incontrolables. Desde un lugar indeterminado, el mandatario hizo su última aparición en televisión para denunciar: “Ha habido un golpe cívico, político y policial. Mi responsabilidad como presidente indígena y de todos los bolivianos es evitar que los golpistas sigan persiguiendo a mis hermanos y hermanas dirigentes sindicales, maltratando y secuestrando a sus familiares”. Fue así como el primer presidente indígena de Bolivia dejó su cargo para evitar que continuara la violencia.

A esa acción siguió la pesadilla que hasta hoy viven miles de bolivianos: persecución, maltrato físico, humillación y destrucción del patrimonio de los allegados políticos y familiares del gobernante. Hordas de asaltantes que cobardemente cubren su rostro incendiaron oficinas, televisoras, escuelas y casas de exfuncionarios. Entretanto, el ejército y la policía sostienen que su rol en el conflicto “es pacífico”.

La racista oposición de derecha no dudó en quemar la bandera Whipala, símbolo del Estado Plurinacional de mayoría indígena. Mientras tanto, desde sus cómodas oficinas en Washington, la OEA guarda silencio ante la abrumadora violación de los derechos humanos de los bolivianos.

Al frente de las manifestaciones antigubernamentales se posicionaron dos figuras: el empresario y líder opositor Luis Fernando Camacho, que, sin ser candidato a las elecciones, ni pronunciarse a favor de ningún partido, radicalizó su discurso antiprogresista con base en valores religiosos para agudizar la crisis política.

El mediático Camacho representa a la derecha empresarial de la ciudad de Santa Cruz, bastión histórico contra Evo Morales. En las horas que siguieron al golpe, mantuvo su exigencia de que todos los ministros del MAS renunciaran para que se formara un gobierno de transición, integrado con “notables”, que convoque a elecciones presidenciales.

La otra figura es el expresidente Carlos Mesa, perdedor ante Evo en la elección del 10 octubre. Representante de la obsolescencia política boliviana, sostuvo que no hubo un golpe de Estado e intentó seducir al MAS para nombrar un nuevo presidente del Senado que a su vez sea el jefe de Estado Interino.

Golpe y vacío de poder

Según el Artículo 169o de la Constitución boliviana, cuando el presidente renuncia, debe ser sustituido por los siguientes representantes del Estado, conforme a este orden: el vicepresidente (Álvaro García Linera), el dirigente del Senado (Adriana Salvatierra) y el presidente del Congreso (Víctor Borda); pero todos ellos dimitieron junto a Morales. Esa norma contempla también que “en último caso se convocarán nuevas elecciones en 90 días”.

A más de 48 horas de consumado el golpe, la disputa por la designación de un presidente interino se libraba en el Congreso boliviano, que el lunes tras autentificarla, recibió la renuncia de Evo Morales. El debate para aceptarla no se realizó debido a la ausencia de los legisladores del MAS, quienes son presa de la fiera persecución física y la presión de la derecha.

La segunda vicepresidenta del Senado, militante de la opositora Unidad Demócrata, Jeanine Áñez, hace 48 horas apuraba a sus colegas para que la designaran presidenta interina, mientras que, en desacuerdo con el liderazgo golpista, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, renunció a su cargo. En su mensaje afirmó que nunca ordenará que el ejército levante sus armas contra el pueblo boliviano.

Corresponsales de prensa, organismos humanitarios y diplomáticos extranjeros documentaron la violencia y el caos. Los saqueos, incendios y ataques a viviendas se sucedían mientras el comandante de la Policía, Yuri Calderón, al frente de efectivos enmascarados de la Unidad Táctica de Operaciones, exigía la renuncia del presidente. 

El relato de la agencia española EFE consignó que la noche del domingo 10 de noviembre fue de “auténtico pavor”, y que entre los detenidos figuraba la presidenta del órgano electoral, María Eugenia Choque, junto con su segundo, Antonio Costas y 25 presidentes y vocales de otros tribunales departamentales. En ese mismo lapso se difundieron los rumores de que Evo se ocultaba en el Chaparé, zona “amiga” donde defendió los derechos de los trabajadores, y que había orden de detención en su contra.

El mundo reacciona

El gobierno de EE. UU. no condenó el golpe ni criticó las violaciones a los derechos humanos de los seguidores de Evo Morales. El magnate-presidente, Donald John Trump, advirtió: “Estos acontecimientos lanzan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y voluntad del pueblo siempre prevalecerán”. El Departamento de Estado manifestó que es “crucial” que quienes asuman el control del país andino “sean civiles”.

Para el gobierno de Rusia, en el país andino se siguió un “patrón de golpe de Estado” que preocupa. La disposición del presidente Evo Morales a buscar soluciones constructivas por el diálogo fue “arrollada”, comentó el Ministerio de Asuntos Exteriores. La diplomacia del Kremlin llamó a las fuerzas políticas bolivianas a actuar con “sensatez y responsabilidad y a hallar una salida constitucional” para recuperar las instituciones y observar los derechos de todos los ciudadanos.

Sin conocerse el paradero de Evo, y en un gesto humorístico de solidaridad, la directora de la cadena rusa Russia Today (RT), Margarita Simonián, desde su cuenta en Telegram le ofreció trabajo como presentador en esa emisora. Hace dos años, esa televisora dio un espacio al expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

El gobierno de China indicó que le preocupa la situación, y que espera que las partes encuentren una solución en el marco de la Constitución para conservar la estabilidad político-social de Bolivia. La Unión Europea (UE) instó a las partes a mostrar “responsabilidad” y celebrar elecciones en paz y “creíbles”; ofreció enviar una misión observadora.

Pasadas 24 horas del golpe, sin una palabra de solidaridad con las víctimas de la violencia opositora, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió a la Asamblea Legislativa boliviana reunirse con urgencia para “asegurar el funcionamiento institucional” y garantizar nuevas elecciones.

Autoinvestido en fiscal, Almagro instó a la justicia boliviana a investigar “hasta las últimas consecuencias” a los responsables de las supuestas irregularidades en los comicios del 20 de octubre que, según él, “demostró” la auditoría de la OEA, a la que los antiimperialistas llaman la “oficina de Estado de EE. UU. para América Latina”.

En contraste, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Coppal) sostiene que fue un golpe de Estado porque las inquietudes de la oposición se hubieran podido resolver en una segunda vuelta electoral o con nuevos comicios. Concluyó que “hubo toda una trama que se gestó antes del proceso electoral contra el Gobierno y condenó la humillación a las autoridades nacionales”.