La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ubicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la posición número cinco entre los conglomerados humanos más grandes del mundo, con 21.6 millones de personas, tiene diversos problemas de carácter urgente como el desempleo, la pobreza y desigualdad de un amplio sector de su población, la contaminación ambiental y su deficiente oferta de servicios urbanos básicos, entre los que destacan la dotación de agua potable, la inseguridad y la vialidad públicas.

La misma ONU advierte que debido al constante crecimiento del área conurbada de la Ciudad de México (CDMX) hacia los cuatro puntos cardinales en 2035, la ZMVM tendrá 24 millones 490 mil habitantes, entre los desafíos más importantes serán la falta de empleos y la pobreza multidimensional. Actualmente en México hay 104.8 millones de residentes citadinos que equivalen a 80.2 por ciento de la población nacional, y 25.9 millones en las áreas rurales.

Ante este panorama, el pasado 30 de agosto, los gobiernos de la CDMX y los estados de México e Hidalgo firmaron una iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, cuyo principal objetivo contempla el crecimiento poblacional ordenado y coordinado como regular en el futuro próximo de las 16 alcaldías, los 59 municipios mexiquenses y uno hidalguense que integran la ZMVM.

Con base en “criterios de equidad para conservar, proteger, mantener, preservar y desarrollar de manera solidaria, armónica, compartida y sustentable la ZMVM”, la propuesta legislativa plantea la necesidad de impulsar el desarrollo urbano y regional, mejorar el transporte público regional y fortalecer los servicios de seguridad de la población.

En entrevista con buzos, el diputado mexiquense Telésforo García Carreón se pronunció por la existencia de una coordinación intermunicipal para beneficio de la población de la ZMVM, pero aseguró tener reservas con respecto a sus resultados, ya que “se trata de una medida convencional con efectos limitados”, y se requiere una “visión profunda con acciones más difíciles de instrumentar; porque la delincuencia no se resuelve con más cámaras, más patrullas o más equipamiento, mientras siga la pobreza y la desigualdad continuará el desarrollo urbano indiscriminado e incrementará la inseguridad”.

García Carreón explicó que la iniciativa pretende normar los servicios intermunicipales en la ZMVM, donde habita 17 por ciento de la población nacional; pero soluciones similares se han aplicado previamente en otras áreas conurbadas que no han resuelto la mayoría de los problemas de seguridad pública, y citó los casos de las áreas metropolitanas de Guadalajara, donde están integradas Zapopan y Tala; la de Monterrey, asociada a los municipios General Escobedo, Santa Catarina, Guadalupe, Garza García y San Nicolás de los Garza y la del puerto de Veracruz, al cual se han fusionado Boca del Río y Medellín.

El pasado 14 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC), Alfonso Durazo, difundió cifras de homicidios dolosos que no son para celebrar porque su número continúa en alza, ya que en los primeros nueve meses llegó a 25 mil 890, cuya media diaria es de 94.8 asesinatos.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo Proyecto Ciudadano para la Paz en México, 191 de estos crímenes fueron cometidos en el Estado de México (Edomex) durante el mes de septiembre. En ese mismo lapso, los delitos con mayor incidencia fueron el robo a vehículos, a hogares y negocios y sumaron 29 mil 791; hubo 17 mil 421 acciones de violencia familiar; los lesionados fueron 13 mil 730 víctimas y los narcomenudistas capturados ascendieron a cinco mil 937.

La CDMX y el Edomex reportaron nueve indicadores en rojo –coincidentes también en la comisión de homicidios, extorsión, narcomenudeo, lesiones, violación, violencia interfamiliar y feminicidios– y el estado de Hidalgo siete.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (Envipe), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en 2018 se cometieron 33 millones de delitos en todo el país, asociados a 24.7 millones de víctimas; el 42 y el 41 por ciento se cometieron en la CDMX y el Edomex, respectivamente. En el 93.2 por ciento de los delitos “no hubo denuncia o la autoridad no inició una carpeta de investigación”.

“Sobre mi cadáver”

Para buena parte de las personas que cotidianamente, por razones de trabajo o estudio, tienen que viajar a la CDMX y la ZMVM los problemas de inseguridad son permanentes. Tal es el caso de Deyanira N., habitante de la alcaldía Álvaro Obregón, quien ha sido víctima de robos a transporte público en tres ocasiones. Cuenta que en los dos primeros asaltos le quitaron dos celulares cuyo precio rebasaba los mil 500 pesos cada uno, por lo que optó por adquirir un “chicharito”, es decir, un teléfono móvil que cuesta 250 pesos.

“Resultó peor, los delincuentes creyeron que escondía un teléfono más moderno, así que me esculcaron la bolsa, me manosearon y como no encontraron nada, azotaron mi cabeza contra el asiento. Escuché dos disparos, por un segundo creí que me matarían, pero los hicieron al aire. Desde entonces ya no me siento segura en ningún lado. Tuve que dejar mi trabajo y comencé a vender dulces en escuelas para tratar de sobrevivir”, contó a buzos.

En el municipio de Chicoloapan, ubicado en el oriente mexiquense, Antonieta N. ha padecido problemas de inseguridad aún más graves, pues en una ocasión intentaron arrebatarle a su hijo: “Fui a la tienda a comprar pan a una cuadra de mi casa y no quise dejar a mi niño solo, así que me lo llevé. Ya en la tienda me di cuenta que unos seis tipos la estaban asaltando, que los empleados decían que no tenían dinero porque acababan de hacer corte de caja; pero los maleantes amenazaron con quitarme a mi pequeño y a otra niña que estaba ahí. Obviamente empezaron a llorar, yo abracé a mi hijo con todas mis fuerzas y cuando nos encañonaron pensé que la única manera como se lo podrían llevar sería sobre mi cadáver. Fueron minutos que parecían eternos; nadie nos ayudó, los tipejos huyeron; después, cuando los vimos rondando la zona, alertamos a los policías, pero no lo encontraron”, explicó Antonieta.

Al respecto, la socióloga egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) y profesora de la Escuela Superior de Bellas Artes de Texcoco, Rosa Torres, comentó que, en los años 90, cuando se acentuó la presencia del modelo económico neoliberal en el país, las jornadas laborales de muchos trabajadores se alargaron y con ello se prolongó también su ausencia como padres de familia en sus hogares. En la mayoría de los casos los obreros o empleados de servicios viajan hasta tres horas para llegar a sus centros de trabajo; salen a las cinco de la mañana y llegan las 10 de la noche. En todo ese lapso, los menores están solos y no tienen una mano que los guíe.

“En psicología existe algo denominado parámetros sociales; es decir, son los límites que tiene cualquier individuo; pero hoy en día están dejando de existir porque gran parte de los jóvenes se la pasan en la calle o viendo la televisión, la que es una mala niñera que les enseña narco-novelas o narcocorridos. Las redes sociales, mal utilizadas, también influyen en la descomposición social y en la normalización de la violencia; por eso es común ahora ver a los niños que jueguen al sicario”, advirtió.

En junio de este año circuló un video donde niños con pistolas de juguete se amenazaban y escondían en el barrio de Tepito en la CDMX, simulando que se hallaban en una balacera. En otro video, difundido en octubre de 2018, se observó a niños que “secuestraban” y “decapitaban” a dos niñas. En mayo de 2015 un perturbador juego infantil le arrebató la vida a Christopher Raymundo Márquez, pequeño de seis años, quien fue golpeado, secuestrado y enterrado por otros cinco menores.

La socióloga Torres, quien tiene un posgrado en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que además de empleos con buenos salarios y prestaciones sociales, a los mexicanos les hace falta más cultura, educación, deporte, contar con una visión crítica de la realidad y, sobre todo, apagar la televisión: “Tengo alumnos en la ESBA de Texcoco que provienen de Torreón, Coahuila, quienes aseguran que si se hubieran quedado allá estarían drogándose, en la cárcel o muertos; es el círculo social en el que están inmersos”.

Aseguró que se requieren leyes para beneficiar a todos los mexicanos y acciones que vayan más allá de lo inmediato. El país está inmerso en un sistema capitalista donde el desarrollo está pensado para favorecer a quienes detentan el poder económico, de ahí que planteamientos como los contenidos en la “ley metropolitana” resulten muy limitados y accedan a la búsqueda de soluciones más profundas.

“Al reducir los tiempos de traslado, los trabajadores van a aumentar sus horas extra por la difícil situación económica que viven; por el contrario, al ejercer cambios en la movilidad se aumenta la producción de productos; también proyectan un ordenamiento territorial, en vez de pensar en construir más zonas habitacionales. Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia por el hartazgo de la sociedad, pero lo que piensa es muy diferente a lo que sucede en México, como si viviera en un mundo aislado. Lo que deben hacer es generar más fuentes de empleos para que la gente ya no pierda tanto tiempo en el transporte público y dotar de servicios a las comunidades. El Presidente debe recapacitar o la bomba social le explotará en la cara”, declaró la socióloga.

Por su parte, el profesor en economía de la UNAM, Eduardo Peralta Villegas, afirmó que en México prevalece la economía informal porque 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA) se dedica al comercio informal o callejero. Con base en cifras del Inegi, Peralta expuso a esta revista que 29 por ciento de los trabajadores mexicanos ganan de cero (propinas) a un salario mínimo; 67 por ciento es retribuido con dos, tres, cuatro y hasta salarios mínimos (menos de 15 mil pesos) y que solo cuatro por ciento gana más de cinco salarios mínimos. A esta situación se agrega la pérdida de 85 por ciento en el poder adquisitivo del salario, la cual se inició en los años 80.

“Los trabajadores tienen menos prestaciones y bajos salarios; ya no alcanza para comprar muchas cosas; así que para sobrevivir buscan otras maneras que conocemos como válvulas de escape: el empleo informal, que en sentido estricto se traduce en desempleo; migración y violencia (delincuencia, narcotráfico, trata de personas y secuestros que generan una economía ilegal-criminal). Todo ello lleva a una violencia creciente, por ejemplo, en Michoacán, Guerrero y Sinaloa, por mencionar algunos estados. Incluso en la UNAM hay bandas que se dedican a la venta de droga, que son grupos de los cárteles; por ello empezaron a haber asesinatos y disputas. Todo esto es una expresión de que la estructura económica del país no da para más, ya que no está aumentando el empleo ni la educación”.

Peralta afirmó que, con los tratados de libre comercio, México pasó de una política industrial –la cual generaba productos destinados al mercado interno– a la libre competencia entre los grandes consorcios nacionales y extranjeros que además de “comerse” a las pequeñas empresas y los recursos naturales del país, aprovecharon la mano de obra de nuestros trabajadores, y se llevaron gran parte de la riqueza nacional. “Ésta es la estructura que no funciona, genera salario bajo y desempleo; las ganancias se las han quedado las mineras canadienses, los bancos españoles, las automotrices alemanas, entre otras”.

El economista puntualizó que una de las mayores violencias de cara a los mexicanos son precisamente los salarios bajos y el desempleo. Para cambiar el rumbo del país se requiere mayor libertad económica; es decir, que haya ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas con un salario mínimo que debería oscilar entre 15 mil y 17 mil pesos mensuales.

Con respecto a la Ley de Desarrollo Metropolitano, opinó que hay muchas maneras de generar vínculos entre los municipios, pero debe enviarse más allá del ámbito gubernamental básico para responder a cuestionamientos como los siguientes: ¿Con quiénes se establecerán los contratos? ¿Qué empresas están detrás de ellos? ¿La legislación propuesta realmente es para favorecer la movilidad de las personas o para propiciar una mayor ganancia de las empresas?

Es decir, Peralta comentó finalmente, se requiere un análisis más profundo sobre las relaciones económicas y políticas implicadas en esa iniciativa de ley. “Además –agregó para concluir– en la actualidad se está viendo un problema a nivel mundial de recesión y México tiene una economía completamente abierta al exterior. La crisis económica será más profunda que en 2008 porque no estamos produciendo; lo que realmente necesitamos es impulsar un mercado interno y regresar a una política industrial que tenga el control de los sectores estratégicos: automotriz, petróleo y telefonía; generar fuentes de empleo y mejorar los salarios”.