Ciudad de México. – Las mujeres, jóvenes, discapacitados, indígenas, migrantes y asalariados del sector agropecuario, son los sectores más vulnerables del país  hacia la precariedad laboral, reveló el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

De acuerdo al estudio, al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad de estos grupos frente a la situación de la población trabajadora que no presenta esas características, identificó problemas para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, atributos del derecho al trabajo digno.

Asimismo, al considerar la dimensión de efectividad en el disfrute del derecho al trabajo digno, observó que los tres pilares que deberían garantizar su vigencia plena y evitar la desigualdad en el acceso a la protección por parte de la población (la justicia laboral, la inspección del trabajo y el libre ejercicio de los derechos colectivos) muestran serias fallas de diseño e implementación que requieren atención.

Las mujeres aun padecen la brecha más importante en el mercado laboral mexicano con respecto a los hombres, a pesar un un leve incremento entre 2009 y 2017, que pasó de 41.6 por ciento a 42.8 por ciento. En este último año, la participación fue mayor en las áreas más urbanizadas (47.2 por ciento) y en el área urbana media (46.7 por ciento), mientras que en el área rural tan solo 31 por ciento de las mujeres participó en el mercado laboral.

Adicional a lo anterior, en México las mujeres destinan 20.5 horas semanales al trabajo remunerado frente a 44.9 horas en el caso de los hombres. En el trabajo no remunerado, la diferencia es mayor: 54.1 horas  que destinan las mujeres frente a 19.5 horas que destinan los hombres. Estas diferencias representan obstáculos para que las mujeres puedan participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres.

Mientras, el principal problema que enfrenta la población joven es la falta de oportunidades de empleo. Además, tienen una mayor presencia entre los desempleados (tasas de desempleo de más del doble que los adultos). En 2017, 5.9 por ciento de las personas entre 15-29 años se encontraban desempleadas. Este grupo también reporta los mayores porcentajes de informalidad con 60.6 por ciento.

El desempleo afecta en mayor medida a la población con discapacidad respecto a la que no la presenta. En 2010, la tasa de desempleo en general era de 4.5 por ciento, mientras que para quienes tenían una discapacidad este porcentaje era de 6 por ciento.

A su vez, la población asalariada del sector agropecuario es muy marcadas respecto al no agropecuario. En 2017, 8.5 por ciento de las personas asalariadas, se encontraban en el sector agropecuario. En cuanto a sus remuneraciones, 74.6 por ciento percibe hasta dos salarios mínimos generales y la mitad solo hasta uno. La población indígena es el grupo que se encuentra en la peor condición, por ejemplo, ocho de cada diez nunca han contribuido a la seguridad social.