Entre los problemas más agudos del país y que requieren inmediata solución, está la desigualdad. Hace poco, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evidenció que el 10 por ciento de los mexicanos con más ingresos captan el 49 por ciento de éstos y el uno por ciento más rico absorbe el 21 por ciento, mientras el 52.8 por ciento de la población se ubica en la línea de la pobreza por ingresos, según estudios de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Para revertir esta situación, el gobierno de México tiene en sus manos la posibilidad de usar el presupuesto, pero en vez de diseñar un gasto responsable con base en metas realizables, persiste en lograrlo mediante algunos de los programas estelares del Presidente, como se observa en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 (PPEF 2022). Tal es el caso, por ejemplo, del incremento presupuestal de 98 mil 22 millones de pesos (mdp) que tendrá la Secretaría del Bienestar (SB); de esta cifra, 97 mil 31 mdp serán destinados al programa de pensiones monetarias para adultos mayores.

En 2018, el 53.5 por ciento de la población era vulnerable en seguridad social, un problema que está asociado a las altas tasas de informalidad laboral, que representa el 56.7 por ciento de la Población Económica Activa (PEA). El PPEF 2022 busca aumentar el ingreso de las personas de la tercera edad, pero las pensiones que entrega el gobierno no alcanzan a cubrir a buena parte de la población en edad de jubilación.

Desde el inicio del sexenio, la edad mínima para recibir el apoyo se redujo de 68 a 65 años; se le declaró universal para que todos los adultos mayores lo recibieran y cada año ha aumentado el monto del apoyo. En 2018, el Consejo Nacional de Población (Conapo) contabilizó 9.1 millones de mexicanos mayores de 65 años, cifra equivalente al 7.2 por ciento de la población total; ese año, la pobreza afectaba al 41.9 por ciento de los mexicanos y al 41.1 por ciento de los mayores de 65 años. Es decir, este sector estaba ligeramente por debajo de la media nacional en pobreza; y es a este programa al que la SB piensa destinar en 2022 el 80.18 por ciento de su presupuesto.

De acuerdo con los análisis del Coneval en 2020, la población vulnerable en seguridad social era del 52 por ciento, lo que implicó que los programas sociales del Gobierno Federal solo lograron reducir en 1.5 por ciento el número de pobres con esta característica. Este resultado demuestra el mal desempeño de los programas, ya que su diseño carece de un propósito redistributivo, además de que los apoyos monetarios no llegan a los mexicanos que más lo necesitan: los pobres.

Asignar recursos por edad y no por situación socioeconómica permite que gran parte del dinero llegue a personas de la clase acomodada. El Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (IESD) encontró que el decil más rico recibió, en 2020, el ocho por ciento de los recursos financieros destinados a los programas sociales, en comparación con el cuatro por ciento que recibía en 2018; mientras que el decil más pobre ahora recibe el 10 por ciento de los programas, en contraste con el 18 por ciento que lo recibía antes.

El diseño de las políticas públicas debe procurar que los recursos de estos programas lleguen a quienes más los necesitan y que sean progresivos para sus beneficiarios. Mientras el gobierno no dote a estos programas con un propósito redistributivo, la lucha de los pobres debe consistir en que los apoyos no sean asignados a quienes no los necesitan.