El Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, carece hoy del equipo, igual que del personal médico especializado necesario para atender con eficacia a sus derechohabientes de los 20 municipios de la Huasteca Potosina, así como a los pacientes de los municipios vecinos de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.

Esta situación ha desembocado en numerosos reportes de negligencias médicas en el último trienio, incluidas algunas que derivaron en la muerte de pacientes, a pesar de que en 2021 el entonces director del IMSS, Christian Alemán Muñiz, anunciara que el nosocomio ya contaba con un tomógrafo con capacidad para realizar hasta 63 cortes que permitirían el análisis integral de embarazos complicados y la reconstrucción de traumatismos severos.

El funcionario público anunció que, con este equipo de alta tecnología médica, se realizarían hasta 16 estudios diarios, más de 100 por semana; y esto facilitaría la reconstrucción de tejidos y órganos gracias a las imágenes en tercera dimensión; destacó también que este avance beneficiaría a la población indígena y de bajos recursos.

“Es un aparato muy potente, quizá el mejor de la Huasteca; y servirá para nuestra atención más frecuente, que son mujeres embarazadas; y en segundo lugar, para pacientes que presentan traumatismos por accidentes. Muchos pacientes llegan con traumatismos craneoencefálicos severos que requieren una evaluación por tomografía; y con este equipo tendremos imágenes de gran nitidez y calidad que servirán de apoyo al equipo de neurocirugía; además, para estudios en pacientes con Covid-19”, aclaró entonces el funcionario.

Sin embargo, después de este optimista anuncio, las denuncias de pacientes contra el hospital se incrementaron, ya que se quejaban de que no se les realizaban algunos estudios médicos, del constante desabasto de medicinas y de que la nueva directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica, maltrataba a trabajadores, personal médico y enfermeras, a pesar de que ella es médica.

Al respecto, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que el cambio en la dirección general del nosocomio se debió a la infinidad de quejas que se habían acumulado durante la gestión de Alemán Muñiz; y concluyó (imitando sin disimulo al Presidente) que se debía a la “herencia maldita que dejaron los anteriores gobernantes”.

Sin embargo, los resultados de la doctora González Mojica fueron peores que los de su antecesor; además de la descuidada atención sanitaria que hoy brinda el Hospital General del IMSS; las quejas de muchos pacientes sobre cobros indebidos se han multiplicado.

Pocos meses después de que llegara González Mojica a la administración del hospital, en agosto de 2022, renunciaron médicos especialistas en cardiología, ginecología y cirugía, la jefa de enfermeras y la subdirectora del turno vespertino. Durante ese periodo también perdieron la vida dos niños, uno de 13 años y un recién nacido, debido a negligencias médicas.

El primero de estos decesos ocurrió en mayo de 2022, cuando Ángel, adolescente originario del Barrio Cristo Rey, perteneciente a la comunidad Apetzco, del municipio de Xilitla, llegó con traumatismo craneoencefálico severo, pero no fue atendido en el Hospital de Ciudad de Valles por falta de equipo y de médico especialista y cayó en coma.

Fue hasta el lunes 16 de mayo cuando el padre de Ángel, desesperado, buscó apoyo de las autoridades de salud en el municipio; y el menor fue trasladado hasta la capital del estado, donde fue intervenido inmediatamente, pero horas más tarde falleció.

Ángel se cayó en su domicilio, se golpeó en la cabeza e inicialmente había sido trasladado al Hospital Básico Comunitario, de donde fue enviado al Hospital General de Ciudad Valles. Hoy, sus padres exigen justicia y piden la intervención de las autoridades del estado.

Diagnósticos equivocados

Otra de las víctimas, cuyo caso ocurrió también en mayo, fue un hombre de la comunidad de San Antonio, que acudió al Hospital General para ser atendido de un fuerte dolor; los médicos únicamente le dieron una pastilla y lo regresaron a su domicilio, en donde se recostó y duró mucho tiempo sin despertar.

Cuando sus familiares notaron este problema, pidieron apoyo a la Jurisdicción Sanitaria VI, cuyo personal envió una ambulancia para que lo llevara a Ciudad Valles. Ya en el hospital recuperó el conocimiento, se le practicaron los estudios pertinentes y radiografías, y el médico determinó internarlo.

Otra negligencia médica fue padecida por una joven vallense quien se debatió entre la vida y la muerte a causa de un mal diagnóstico y la pésima atención médica que recibió. Juan Humberto Velázquez Ventura, familiar de la joven paciente de 30 años, informó que, en abril de 2022, ingresó a su hermana por una neumonía, a los tres días fue intubada y a partir de ese momento su estado de salud se agravó.

El problema no fue la neumonía, sino una mala canalización; cuando el personal se percató de que sus venas estaban dañadas, trataron de introducir un catéter central, pero le perforaron la vena yugular: sus pulmones se llenaron de sangre y tuvo que ser ingresada a terapia intensiva.

Después de varias semanas de incertidumbre, sus familiares pidieron un diagnóstico y su traslado a otro hospital, pero se les negó esta alternativa, por lo que denunciaron esta situación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; sólo así obligaron al IMSS a practicarle los estudios correspondientes.

 

 

El pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, suscrito en 1966, advierte en su Artículo 12:

1.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Los objetivos específicos del Pacto y las medidas que aplicará son las siguientes: A) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños; B) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; C) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole; D) La creación de las condiciones necesarias que garanticen a todas las personas los servicios médicos en caso de enfermedad. (ONU, 1966).

El derecho a la salud es un componente sustantivo de otros tratados internacionales; entre ellos la Segunda Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

“Se solicitaron informes porque no se tenía un diagnóstico correcto. Encontramos nulo apoyo por parte de la institución; la dirección y subdirección nos indicaron que se tenía que subrogar a la Beneficencia Española, pero que no se podía porque mi hermana se puso mal, porque no la aceptaban con ventiladores. Pero todas las versiones eran diferentes y eso encendió nuestras alarmas. Hablamos a la Beneficencia y nos dijeron que ellos sí aceptaban con ventilador, pero con costo extra; nos hicieron ver que quien canceló la cita fue el mismo instituto.

“Cuando tenía que ser trasladada a San Luis capital, debía ir a bordo de una ambulancia con asistente médico, con tanques de oxígeno, respirador y otros insumos más. Pero no fue así; ya que la mandaron en ambulancia normal y sin asistencia, poniendo en riesgo su salud. Su saturación bajó y repercutió en daños neurológicos, teniendo que ingresarla en un hospital de emergencia; y ahí se estabilizó, pero como no se envió la información completa… faltando las interpretaciones de los estudios, se tuvo que regresar a Ciudad Valles”, detalló Velázquez Ventura, quien reveló que la joven vallense entró al Hospital General del IMSS sola, y que a pesar de que “fue conectada a varias máquinas” no se le hizo un diagnóstico adecuado y el tratamiento que se le aplicó empeoró su estado crítico.

Este pésimo cuidado obliga a algunos pacientes a buscar atención médica en clínicas particulares, sobre todo cuando requieren una intervención quirúrgica urgente, ya que el mismo personal médico opina que este nosocomio público no tiene equipo médico y que no hay cirujanos especializados, sobre todo los fines de semana.

Continúa la negligencia

El Secretario de Salud en la entidad, Daniel Acosta Díaz de León, informó, en marzo pasado, que el Hospital General de Ciudad Valles tiene 33 años operando, reconoció que se encuentra técnicamente rezagado e informó que el gobierno del estado ha dispuesto una inversión de 140 millones de pesos (mdp) para mejor su estructura física, equipos e insumos médicos.

Este anuncio, sin embargo, no ha evitado que los pacientes y sus familiares exijan a las autoridades federales que volteen a ver la situación en que se halla el hospital; y que éste debe brindar atención al segundo municipio más poblado de la entidad potosina, con 136 mil 351 habitantes, y el de mayor actividad económica después de San Luis capital.

En agosto, la prensa local informó a algunos familiares de pacientes hospitalizados que el tomógrafo no funciona desde hace mucho tiempo, que hay más de mil 700 estudios pendientes y que la dirección debe subrogar endoscopías, colonoscopías y logo-audiometrías a un laboratorio particular.

Los afectados denunciaron que la mala administración del Hospital General ha cobrado la vida de muchas personas de los 20 municipios de las huastecas en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, cuyos pacientes deben pagar altas sumas a laboratorios especiales subrogados; y que la dirección del nosocomio tarda de tres a seis meses en pagárselos y que no lo hace al 100 por ciento. La mayoría de los pacientes o sus familiares son trabajadores con bajos ingresos, recordaron a las autoridades, y esto los desanima para ejercer su derecho constitucional a la salud que este gobierno se comprometió a respetar, apoyando “primero a los pobres”.

Las familias afectadas de Ciudad Valles han denunciado públicamente el “pésimo servicio de salud que ofrece el Hospital General y que no cumple con el principal objetivo, que es ofrecer un servicio de calidad a los usuarios ni con lo más mínimo, que es proveer de medicamentos básicos”.

También recordaron que los centros de salud deben garantizar los servicios, porque en éstos está prohibida la discriminación, ya que la salud es un derecho humano fundamental establecido desde 1948 por la Organización de las Naciones Unidas y que en México se incorporó este precepto en 1983 al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Derecho a la Protección de la Salud.

En el territorio nacional hay alrededor de 10 millones de personas sin acceso a los servicios de salud; en el campo casi la tercera parte de los menores de cinco años tiene talla baja; la mortalidad materna es la más alta entre los países agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos); el país con más habitantes con problemas de obesidad en el mundo y los más altos índices de mortalidad por algunos tipos de cáncer, diabetes mellitus, hipertensión y males cardiovasculares.

La mayoría de estos pacientes son personas con menos recursos socioeconómicos; y a pesar de que México es 14ª economía mundial, hay 53.3 millones de personas en pobreza multidimensional; casi la mitad de la población mexicana (el 45.5 por ciento) es pobre, igual que hace 20 años. Como resultado de esto, siete de cada 10 mexicanos se encuentra en inseguridad alimentaria.

Además, el más reciente informe de Oxfam, elaborado por el economista e investigador Gerardo Esquivel Hernández, indica que el uno por ciento de la población posee 43 por ciento de la riqueza del país; y que mientras el Producto Interno Bruto se incrementa al uno por ciento anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplicó por cinco en menos de 20 años.

A todos estos problemas que pesan sobre las espaldas de los ciudadanos, se suman hoy los indicios de una nueva crisis económica que están evidenciando las grandes desigualdades sanitarias, educativas y de servicios urbanos en la población rural, indígena, femenina e infantil.

Por ello, es necesario recordar cuáles son las obligaciones del Estado en materia de salud con un enfoque de derechos humanos: la primera estipula que los servicios de salud pública jamás deben descuidar el uso óptimo de los recursos disponibles destinados a garantizar el derecho a la salud.

La segunda: todas las acciones de atención médica deben estar diseñadas con base en los criterios de eficiencia, productividad y el reconocimiento de que todas las personas son sujetos a este derecho primordial.

Y tercera: la propuesta de crear un sistema de atención universal sólo puede plantearse si existe realmente la capacidad para brindar estos servicios públicos a quienes lo requieran, independientemente de su capacidad para pagar y no sólo de quienes pueden pagarlos.