La disputa por la posesión de mil 306 hectáreas (ha) entre las comunidades de Malinaltepec y Alacatlatzala, Guerrero, data de hace medio siglo; pero en los últimos dos meses se han registrado seis intercambios de balazos con varios heridos, saqueos e incendios de viviendas.

A esta violenta confrontación entre campesinos humildes se agrega la indiferencia criminal de los gobiernos Federal y estatal, encabezados respectivamente por Andrés Manuel López Obrador y Héctor Astudillo Flores, quienes se niegan a intervenir en el conflicto.

Es tal la desesperación de los pobladores de las comunidades que, en días pasados, convocaron a una conferencia de prensa en Chilpancingo, la capital del estado, para exigir no solo la intervención del Estado en el conflicto, sino también para demandar la presencia de la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal para que cesen las hostilidades.

El pasado miércoles siete de octubre, comuneros de Alacatlatzala, encabezados por el comisario Francisco Candia Galindo, responsabilizaron a los titulares de los gobiernos Federal y estatal, al alcalde Abel Bruno Arriaga, al Tribunal Unitario del Distrito 12 y al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, por las muertes que puedan suscitarse debido a su indiferencia, ante lo que está ocurriendo en ambas poblaciones de la región de la Montaña.

Candia informó que, en septiembre de este año, sostuvieron una reunión con Moisés Carbajal Millán, subsecretario de Gobierno y Asuntos Agrarios, quien se limitó a declarar que no había recursos para atender el conflicto, y que no hay posibilidad de enviar a elementos de la GN y de la Policía del Estado para que eviten más enfrentamientos armados, los cuales están ocasionando el desplazamiento de familias.

Los comuneros aseguran que cuentan con un título virreinal del año 1700, que acredita su propiedad legítima sobre ese predio; un documento de 1852 de una demarcación a su favor y un mapa oficial muy antiguo que aclara que dichas tierras forman parte de Alacatlatzala y que este núcleo agrario es un pueblo independiente y no una delegación municipal de Malinaltepec.

Dos semanas después, el 20 de septiembre, comuneros de Malinaltepec irrumpieron violentamente en la comunidad de Yautepec, que pertenece a Alacatlatzala, donde incendiaron una vivienda y lesionaron a Bruno Hilario. Ése fue el cuarto ataque ejecutado, y los afectados cuentan con testimonios fotográficos de esa agresión.

Por su parte, el presidente de Bienes Comunales de Alacatlatzala, Zenaido Cano Galindo, negó acusaciones de los comuneros de Malinaltepec, de que ellos están invadiendo sus tierras. “Los que han creado colonias sin tomar en cuenta la demarcación. Saben que tienen una confirmación y titulación de Bienes Comunales con fecha 10 de febrero de 1993, donde se les demarcó y se les entregó de manera oficial las tierras que les corresponden, por parte del Tribunal Unitario de Distrito 12”.

Además, hace dos meses, un grupo armado de aproximadamente 150 hombres, procedente de la cabecera del municipio de Malinaltepec, irrumpió en los bienes comunales de Alacatlatzala, destruyó el sistema de agua potable e intimidó a los habitantes con disparos.

El presidente de Bienes Comunales cuestionó que el gobierno estatal no haya intervenido en el conflicto agrario y que no exista comunicación con el Ayuntamiento, porque el presidente municipal, que pertenece al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ahora está concentrado en su reelección.

Un día común

“La vida cotidiana en Alacatlatzala es de zozobra constante, día y noche desde que era muy joven. Ya ni me acuerdo lo que es dormir tranquilo. En las mañanas salimos a trabajar y a realizar los trabajos cotidianos. En su mayoría los hombres nos dedicamos a sembrar maíz y frijol; las mujeres, a las tareas del hogar. El trayecto de las casas a las tierras de labor es escabroso y tenemos miedo de ser atacados por gente de Malinaltepec, que siempre está armada y al acecho. Es mentira que los de Alacatlatzala tengamos armas de grueso calibre, como se difundió en redes sociales a través de fotos amañadas”, explicó a buzos un comunero de 78 años quien, a pesar de su edad, continúa sembrando sus tierras de labor igual que cualquier joven.

En su rostro, con surcos por los años, se refleja la preocupación constante que el pueblo padece por el problema con sus vecinos. “No tenemos un solo minuto de tranquilidad; cuando logramos dormir, despertamos abruptamente y lo único que nos queda es ponernos en guardia para defender a nuestras familias y a nuestras tierras”.

En las tardes, mujeres y niños ahora permanecen en sus casas debido a que la pandemia del Covid-19 impide a éstos ir a la escuela. “Pero salimos de casa es un ir y venir con incertidumbre, porque no sabemos si vamos a regresar, y en las noches tenemos miedo de que entren al pueblo a quemar nuestras casas… el ruido de las balas es incesante. Lamentablemente, las autoridades no han atendido este conflicto agrario que ha dejado una estela de dolor e incertidumbre durante más de cinco décadas”, denuncia nuestro entrevistado.

El alcalde Abel Bruno Arriaga anda en plena campaña y está más preocupado por reelegirse en los comicios de 2021, que en buscar solución a este conflicto.

Para protegerse de los ataques armados, los comuneros de Alaclatatzala cierran la carretera para evitar que los agresores accedan más fácilmente a su pueblo y realizar con mayor frecuencia sus ataques.

En su resolución más reciente, el Tribunal Agrario ratificó que Alacatlatzala es un barrio o comunidad de Malinaltepec, pero los alacatlatzalapenses la rechazan con base en los documentos históricos, a los que atribuyen un valor legal vigente y se resisten a ceder a las pretensiones de dominio político de sus vecinos.

Por ello, el pasado 11 de agosto, a las 11:00 horas, los comuneros de Malinaltepec rodearon el cerro conocido como La Lucerna y causaron daños al sistema de captación y conducción de agua entubada que utilizan los bienes comunales de Alacatlatzala y que también abastece a los anexos de Monte Olivo.

Fue en esa fecha cuando se renovaron las agresiones a balazos, saqueos, incendios, instalación de retenes e intimidaciones verbales, las cuales no cesan desde entonces.

Los comuneros de Alacatlatzala negaron poseer armas de alto calibre, como se difundió en un video de dos minutos con 17 segundos, donde un hombre identificado como “El 701”, quien viste pantalón de mezclilla y chamarra verde olivo; oculta su rostro con lentes oscuros, pasamontañas y gorra camuflada; sostiene un rifle de asalto y una rielera con cartuchos, mientras afirma que se fue a trabajar a Sinaloa y que allá tiene su jefe.

En el video se escuchan insultos lanzados contra los comuneros de Malinaltepec; y el sujeto que habla, advierte que él y sus compañeros disponen de un millar de armas. Pero los comuneros de Alacatlatzala desmienten que el hombre del video pertenezca a su pueblo.

En junio de este año hubo un acuerdo con el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Guerrero para que cesaran ataques y se reubicaran los habitantes asentados en el predio en disputa. Pero no se cumplió.

La versión de Malinaltepec

El 30 de agosto, gente armada de Alacatlatzala secuestró a Saúl Morán Oropeza y a Abad Cantú Gómez, integrantes del Consejo de Comunidades Indígenas de La Montaña, quienes permanecieron retenidos durante tres días y fueron liberados luego de dos días de negociaciones con representantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y el presidente municipal Abel Bruno Arriaga.

La liberación fue un gesto de voluntad para continuar el diálogo entre las dos comunidades, señalaron los vecinos de Malinaltepec, quienes recurrieron al abogado de los comuneros de Alacatlatzala para negociar con base en los acuerdos firmados ante los funcionarios del Gobierno Federal y estatal y esperar la resolución que emita el TUA número 12.

Los comuneros de Malinaltepec propusieron que, en caso de que la resolución sea desfavorable para alguno de los núcleos, intervenga de manera inmediata el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para otorgar la respectiva compensación a la parte afectada.

Las familias me’phaa (tlapaneco) y las comunidades agredidas demandan el desarme inmediato de los comuneros de Alacatlatzala, ya que, según ellas, han intentado matar y secuestrar a personas de las localidades La Ciénega, Obispo, San Antonio, El Mesón, Loma de Faisán, Laguna Seca y Malinaltepec.

Alacatlatzala, perteneciente al pueblo indígena na savi (mixteco) y el municipio de Malinaltepec, que pertenece al pueblo tlapapaneco, disputan, desde hace muchos años, la posesión de tierras y, en el pasado reciente, el conflicto ha sido llevado por el TUA del Distrito 12 en Chilpancingo, Guerrero, donde el juicio está vigente y en espera de que la institución emita una solución al conflicto.

El TUA realizó recomendaciones de paz y el cese inmediato a las agresiones, sin que a la fecha se logre la conciliación entre hermanos indígenas de La Montaña, región reconocida como una de las más pobres y marginadas del país desde tiempos ancestrales.

Malinaltepec tiene aproximadamente 26 mil habitantes que solicitan una investigación del proceso judicial, porque éste inició hace mucho tiempo en la Tribuna Agraria y presumen que su dilación se debe a posibles actos de corrupción, omisión o negligencia. También exigen que se investigue al comisariado de Bienes Comunales de Alacatlatzala, Zenaido Cano Galindo, porque, según ellos, incita los ataques armados contra los comuneros de Malinaltepec que transitan por la carretera federal.

El presidente del municipio, Abel Bruno Arriaga, a quien se acusa de indolente, aseguró que el asunto no es de su competencia y que ha tratado de propiciar la reconciliación entre comuneros; pero que, lamentablemente, los periodos de tranquilidad son muy breves.

Explicó que el TUA ha demorado la resolución, situación que agrava el conflicto y la tensión, porque los pueblos confrontados se encuentran muy cerca, ya que los dividen lugares como Encino Roble y Plan de Natividad. También colindan Yautepec y El Mezón, que están separados por solo 100 metros, distancia preocupante porque “las balas llegan. La inquietud es que gente de ambos bandos se siguen armando, lo que representa un grave riesgo para la población en general, que no tiene nada que ver en el conflicto”.

En resumen

Malinaltepec y Alcatlatzala viven una especie de “normalización de la violencia”, en la que muchos de los habitantes de ambos bandos se han acostumbrado a andar armados y a enfrentarse a balazos, lo cual, en cualquier momento, desencadena muertes, y todo esto frente a las autoridades federales y estatales, a las que claramente no les interesa resolver el asunto.

La intervención de los gobiernos Federal, estatal y municipal no llega, y es urgente que las autoridades agrarias cumplan su tarea para que la delimitación de las tierras y el respeto a las áreas de uso común se cumplan.

Respecto a este asunto, entrevistamos al secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero, Evencio Romero Sotelo, quien afirmó que el problema radica en que los tribunales agrarios han sido muy evasivos en la solución del conflicto, el cual, puntualizó, no solo es agrario, sino también político, porque los comuneros de Alacatlatzala no se sienten parte del municipio de Malinaltepec y en 2019 promovieron un juicio de reconocimiento como comunidad.

Oficialmente, Alacatlatzala representa un anexo de Malinaltepec y no puede independizarse y, para esto, la Sedatu, a través de la Cosomer, debe instalar mesas de trabajo para negociar una solución definitiva y, en el caso de llegar a un acuerdo, compensar a la parte afectada con una superficie de tierra.

El secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero, Evencio Romero Sotelo, lamentó que, hasta el momento, la Federación no haya actuado con más determinación en el caso, que puede tener un desenlace fatal, ya que no se visualiza una posible solución.

Por su parte Bernardo Rayo, representante jurídico de los comuneros de Malinaltepec, coincidió en que se declaró improcedente la denuncia en la que Alacatlatzala exigía tierras que no le pertenecen y, actualmente, están en disputa mil 306 ha. El planteamiento inicial, hace 50 años, fue por tres mil 200 ha.

En Alacatlatzla hay unas 40 o 50 viviendas, que están en riesgo constante por los enfrentamientos, igual que varios anexos de Malinaltepec por su cercanía con el área del conflicto, el cual no se ha resuelto por “la falta de atención oportuna, de visión y de profesionalismo de las autoridades agrarias”, reiteró Bernardo Rayo.

Pobladores de comunidades de Malinaltepec presentaron recientemente un pliego petitorio en el que destacaron que nadie trabajará en el área del conflicto; pero demandaron respeto a los acuerdos, que se sancione a quien no acate las disposiciones, que se reparen los daños provocados por los ataques recientes, que se reubique a otro predio de los vecinos de Alacatlatzala, que se dé seguridad en la zona, que cesen los disparos y que se llegue a la conciliación.

El presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales, Juan López Castro, llamó a las autoridades federales y estatales a dar seguridad y proteger a familias de Encino Roble, El Obispo, San Agustín, entre otras comunidades para que los constantes tiroteos no obliguen a la gente a dispersarse en el monte en busca de resguardo. Destacó también que, en ocasiones, acuden elementos de la GN o de la Policía del Estado a la zona del conflicto, y los comuneros de Alacatlatzala suspenden los disparos; pero que una vez que los elementos de seguridad se retiran, se reinician los ataques.

Hay alrededor de 500 familias que viven en los límites de la zona en conflicto, que se guarecen de los disparos con armas de alto calibre en débiles viviendas. Sostuvo, además, que existe el temor de que envenenen los mantos de agua, porque ya lo han hecho desde el cerro denominado La Lucerna.

En esa región, los disparos, que no cesan, mantienen en zozobra a dos mil 500 comuneros de Malinaltepec, a 50 familias de Alacatlatzala y a pobladores de otras comunidades que nada tienen que ver con el asunto, pero que forzosamente transitan por el tramo carretero Tlapa-Marquelia.