El 17 de marzo de 2019, Nilda Rosario Francisco de la Cruz, quien cursaba el noveno semestre de la carrera de veterinaria zootecnista en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sostuvo su última conversación telefónica con su padre, a quien informó que iría a comprar su vestido de graduación. Sólo su cadáver pudo ser localizado el 18 de marzo de 2020 en un predio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, después de que sus padres intentaran localizarla inútilmente en Michoacán y en la vecina entidad de la región sur de México.

La madre de Nilda contó a buzos que el asesino de su hija, identificado como Nicolás “N”, fue sentenciado únicamente a seis años de prisión porque ella y su esposo llegaron a un acuerdo con el juez para que el crimen fuera calificado como homicidio doloso; para evaluarlo como feminicidio, el victimario debió revelar el paradero de Nilda, lo que no realizó.

Este suceso y la falta de voluntad política de las autoridades, tanto del Gobierno Federal como de los estatales y municipales, son una muestra de la extrema debilidad del sistema judicial mexicano, denunció la madre de Nilda, quien se dedicó a buscar a su hija durante un año antes de localizar su cadáver.

En agosto pasado se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; y decenas de miles de mexicanos demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que su gobierno actuara en los trabajos de búsqueda de los ciudadanos desaparecidos.

En las múltiples marchas organizadas en las principales ciudades del país, participaron madres y padres que cumplieron 20 años buscando a sus hijos y también los que en las semanas recientes se incorporaron a esa dramática tarea, como el caso de los familiares de cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

Esta desaparición ocurrió el pasado 11 de agosto después de que los jóvenes salieran de una fiesta nocturna y ya no se supiera más de ellos. El domingo 13 de agosto fue localizado el automóvil en que viajaban; el martes 15 fue hallado un auto incendiado con un cuerpo en su interior y varias armas.

El 16 de agosto, a cinco días de desaparecidos los cinco jóvenes, circuló por redes sociales un video en el que se observa a un grupo de hombres armados que obligan a unos jóvenes, con las características de los desaparecidos, a matarse entre sí; la Fiscalía General del Estado confirmó que eran ellos, pero no sus muertes.

Estas imágenes se difundieron nacional e internacionalmente. En su conferencia de prensa mañanera del 16 de agosto, cuando se solicitó al Presidente una opinión sobre estos hechos, sólo sonrió burlonamente y luego cortó con esta expresión: “vamos a desayunar ya, ya (con balbuceos). Mañana lo vemos”.

Los jóvenes fueron identificados como Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández. Ni ellos ni sus victimarios han sido localizados.

Más de 100 mil desaparecidos

En la República Mexicana existen más de 100 colectivos de personas buscadoras que, por falta de apoyo gubernamental, arriesgan sus vidas. María Ivón Gutiérrez González, fundadora de la organización jalisciense Buscando Corazones, informó que el gobierno se comprometió a apoyarla para localizar a su sobrina, pero ésta nunca llegó; y ella, junto con otras madres, ha realizado los hallazgos independientemente.

Contó incluso que, cuando acudieron a reportar una posible fosa clandestina, la “Fiscalía nos dijo que no hay nada. Regresamos al lugar y sí la localizamos”. Por ello recomendó a los familiares que busquen por su cuenta y no estén esperanzados a que el gobierno les devolverá a sus familiares, “porque eso nunca va a pasar”, concluyó indignada.

Karina Mariela Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó en el foro Género y Desapariciones, organizado por el Seminario Universitario de la Cuestión Social, que los motivos de las desapariciones son distintos y deben ser estudiados profundamente.

El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, liderado por Ansolabehere, proyectó un mapa con el que se indican las entidades en las que hay más desaparición de mujeres: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Aguascalientes, debido probablemente a los flujos migratorios.

“No es un fenómeno nuevo en México; pero lo que sí observamos es que, a partir de 2007, las desapariciones de mujeres se elevan; y las de hombres son consistentes”, reconoció, para luego precisar que el mayor número de víctimas son niñas pobres con edades entre 10 y 14 años.

Pero frente a la evidente alza de las desapariciones, el Presidente siempre ha negado el fenómeno. El 31 de julio de 2022, por ejemplo, la prensa le preguntó en Cancún, Quintana Roo, qué opinaba sobre la demanda de los familiares que le exigían resultados. Su respuesta fue breve y molesta: “ya hablé con ellos; tengo convicciones, tengo palabra. Soy humanista, no soy como los otros”.

Del 1° de diciembre de 2018, cuando AMLO asumió la Presidencia, a la fecha, han desaparecido 101 mil 365 personas; cifra que se desglosa así: 48.6 víctimas diarias, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Las entidades con más desaparecidos fueron el Estado de México, con 14 mil 325; Jalisco, 11 mil 590 y Nuevo León, 10 mil 670.

A Dónde Van los Desaparecidos publicó un mapa donde los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (esta ciudad, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga) reportan la mayor alza en lo que va del sexenio; y una concentración del ocho por ciento de este problema social se desarrolla en Jalisco.

A decir del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en su informe Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo, emitido en febrero de este año, 17 pertenecen a México y nueve de ellas están en el top 10: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco. El promedio mundial de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 6.1; en América es del 17.2; y en México, del 28.0; es decir, en México ocurren casi cinco veces más homicidios que en el resto del mundo.

Pero lo peor es que, en alguna ocasión, el Gobierno Federal intentó engañar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que México avanzaba en la solución de este problema, según informa Edna Patricia Cepeda, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

Esta información fue desmentida inmediatamente por los colectivos de los familiares de personas desaparecidas, que exigieron a la Fiscalía General de la República crear y operar un “banco nacional de datos forenses (BNDF), tal como establece la Ley General en Materia de Desapariciones”.

Esta institución fue sugerida por Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio, un hombre que desapareció en Celaya, en 2017; Olimpia interpuso una orden de amparo, cuya resolución favorable incluyó un mandato para que la Fiscalía General de la República cree el BNDF; pero aquélla la impugnó con el argumento de que no es su responsabilidad.

El pasado 31 de julio, AMLO anunció la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas porque “la cifra de éstas es menor a la reportada en el censo”; pero la iniciativa resulta polémica, pues quienes realizarán esta tarea serán los Servidores de la Nación”, y los colectivos prevén que el objetivo consiste en “maquillar las cifras”.

A decir del Presidente, el censo será aplicado “casa por casa” por la Secretaría del Bienestar con la Comisión Nacional de Búsqueda. “Se está haciendo una actualización del censo de personas desaparecidas, porque se empezó a reportar que había personas que se consideraban desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares. Sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo; entonces decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa…”, explicó AMLO en su conferencia mañanera del 31 de julio.

Estas declaraciones provocaron que colectivos como el Movimiento por mis desaparecidos pidieran al Presidente la suspensión del censo hasta que se informe cuál es su metodología, pues las familias de las víctimas suponen que su intención es “revictimizarlas” con información demasiado genérica y falsa.

Revelaron, también, que desde abril han detectado movimientos irregulares en la actualización del registro, pues bajó el número de los desaparecidos a pesar de que se desconoce su paradero y dónde y cuándo “reaparecieron”.

Crisis forense desde 2007

Durante las últimas dos décadas, en el territorio de México hay desaparecidos todos los días; y en los anfiteatros, según datos oficiales, existen unos 52 mil cuerpos sin identificar.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación (Segob) informa que de 1964 a 2022 hubo 243 mil 240 personas desaparecidas o no localizadas; y que a la fecha aún están en esa condición 99 mil 80.

El organismo agrega que no está sistematizada la toma de muestras genéticas y que no existe una base de datos genéticos centralizada que permita su confrontación ordenada. Tampoco existe un censo de los cuerpos hallados en fosas comunes.

Los únicos datos oficiales indican que, hasta 2019, había 117 laboratorios y 263 anfiteatros en el país. Estas instalaciones sólo tienen capacidad técnica para identificar 20 por ciento de los cuerpos que reciben y tienen un sobrecupo promedio de 40 por ciento.

En 2020, A Dónde Van los Desaparecidos reportó que en el país había más de 38 mil 500 cuerpos sin identificar en los Servicios Médicos Forenses, funerarias, escuelas de medicina y fosas comunes; y en 2021, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México informó que el número de no dentificados sobrepasaba los 52 mil.

El Gobierno de México reconoció, desde 2019, que el país atravesaba por una crisis de derechos humanos y una emergencia forense; pero desde entonces no ha intentado resolver seriamente estos problemas.

Virginia Garay Cázares, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, evidenció ante la CIDH que, después de la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2017, las supuestas estrategias de localización de personas desaparecidas han resultado nulas.

 “Lo indicado por organizaciones (es que) existen 52 mil personas sin vida sin identificar en manos de las fiscalías; y a la fecha no existe una cifra oficial del gobierno de México al respecto, lo cual es muy preocupante, pues se requiere este diagnóstico oficial para presentarlo a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales”, explicó.

Después de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; luego, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que involucra a organizaciones sociales y civiles, entre ellas el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que reúne a más de 90 colectivos de buscadores.

Este año, y a raíz de la visita de la CIDH y del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, el gobierno vigente anunció la creación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas y difundió un documento de 106 páginas editado por la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo contenido era desconocido por los familiares de personas desaparecidas.

Según los datos oficiales, la creación del Plan Nacional Búsqueda de Personas fue anunciada el ocho de marzo por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob; pero las familias de las víctimas únicamente se informaron al respecto cuando fueron recibidas por el titular de la CIDH en audiencia.

El MEIF fue creado en 2019 con autonomía técnico-científica para practicar peritajes en restos de personas no identificadas; pero su desempeño se suspendió por el propio Gobierno Federal. En octubre de 2022, el experto en materia jurídica, Édgar Cortez Morales, explicó:

“La causa de mayor peso para que este proyecto se malograra fue la carencia de respaldo político pues, como ya se mencionó, la apuesta efectiva del Gobierno Federal siempre fue el CNIH. Ahí se ha puesto todo el capital político, dejando al MEIF como un mero apéndice de la política de identificación humana y sin ninguna relevancia”.

En esa misma fecha, Cortez Morales y dos integrantes más del área jurídica abandonaron sus cargos; en diciembre de 2022 y en febrero de este año renunciaron otros dos, hasta que finalmente desapareció el organismo.

El CNIH nació muerto

En 2022, con el fin de enfrentar la crisis forense y para atender una recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, fechada en noviembre de 2021, el Gobierno Federal creó el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que quedó adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; pero éste, al igual que los demás organismos, no funciona completamente.

La iniciativa para su conformación se aprobó en mayo de 2022, en el Congreso de la Unión; y fue elogiada por todos los colectivos de búsqueda de personas, organizaciones civiles y organismos internacionales. La nueva institución cuenta, al menos en el papel, con los dispositivos técnicos para analizar los restos humanos no identificados recuperados de fosas comunes y otras inhumaciones clandestinas, mediante el uso de la metodología tradicional, masiva e híbrida.

Pero desde el momento mismo de su creación, los expertos anticiparon que el proyecto había “nacido muerto” porque se le asignó un presupuesto muy bajo y se preveía que recibiría aportaciones de las fiscalías generales y locales, inclusive de los centros de búsqueda de todos los niveles.

Las erogaciones de todas estas dependencias –destacaba el proyecto– “deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no se incrementarán sus respectivos presupuestos regularizables”.

Por ello, el senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Plural, denunció que el CNIH “desafortunadamente sólo quedó en la ley, porque no habrá recursos ni ahora ni en adelante, ¿entonces cómo creen que van a poder encontrar 52 mil cuerpos no identificados?

“Ahora habrá menos recursos que los que había con Enrique Peña Nieto para buscar personas… si identificar personas es prioridad, y no se dan recursos, es pura demagogia”, cuestionó entonces el legislador.

Pero la crisis de desaparecidos no sólo afecta a los mexicanos, sino también a los indocumentados de otras naciones, ya que numerosos migrantes de Centro y Sudamérica incursionan en territorio nacional.

Las organizaciones Fundación para la Justicia, Bloque Latinoamericano sobre Migración y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso han afirmado incluso que México “es el país que desaparece más personas migrantes”.

“En total, mil 801 personas extranjeras de 55 distintas nacionalidades han sido desaparecidas en México, de acuerdo con la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (con corte al 24 de agosto de 2023), cifras que están lejos de reflejar la realidad”, revelaron las asociaciones a través de un comunicado.

En este documento se informa también que en el CNIH predomina un subregistro de migrantes desaparecidos, porque el Proyecto Frontera del Equipo Argentino de Antropología Forense reporta que el número real de estos asciende a dos mil 59 personas.

Pese a esto, las cifras de aquella institución indican, en 2022, un incremento anual de más de 43 por ciento de “personas en situación irregular”, cuando se detectaron 444 mil 439; además, como en el caso de las mujeres, uno de cada cuatro migrantes desaparecido en México es menor de edad, según la Comisión Nacional de Búsqueda.

Por país de origen, Honduras encabeza las desapariciones, con 347 casos; le siguen, Guatemala, 307; Colombia, 169; El Salvador, 147; y Nicaragua, 76. La entidad donde desaparecen más migrantes es Tamaulipas, con 330 casos; le siguen Ciudad de México (219), Chiapas (117), Baja California (99) y Sonora (96).

Las organizaciones acusaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de clasificar “erróneamente” los casos como secuestros, después de que el organismo reportara 70 mil migrantes que fueron víctimas de secuestro y trata entre 2011 y 2020.

En México, actualmente hay 111 mil personas desaparecidas, de las que mil 801 son extranjeros, en su mayoría migrantes; y la Fundación para la Justicia exhorta a crear una comisión especial dedicada a investigar las masacres y las desapariciones de personas migrantes.

A pesar de esta situación crítica, el Presidente pretende convencer a los mexicanos de que su gobierno respeta la vida y los derechos humanos de los migrantes; y en alguno de sus discursos declaró: “en todos los casos hay completo y absoluto respeto a los derechos humanos de parte de los servidores de migración, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa”.

Sin embargo, no solamente los extranjeros, sino los mismos mexicanos, saben que las autoridades judiciales del país están estrechamente vinculadas al crimen organizado, como lo denunció, entrevistada por buzos, María Ivón, la buscadora que confesó tener “más miedo a los de la Fiscalía que a los del crimen organizado.

“Con el crimen organizado nunca hemos tenido problema alguno de que nos hagan o nos asusten o nos corran de los lugares donde hemos realizado búsquedas; hasta el momento no. De los que sí tenemos más miedo es de la Fiscalía, pues a veces llegan con protocolos, dicen ellos. Pero eso no es verdad; toman fotografías al lugar donde vamos, a las personas que vamos; y eso no es parte del protocolo, porque nada más es de que llegan ellos, aseguran, levantan registro y una entrevista. Nada más están tomando fotografías a las personas que van”, denunció la buscadora.

La renuncia de Karla Quintana

El pasado 23 de agosto, Karla Quintana Osuna presentó su renuncia a la dirección de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la que era responsable desde febrero de 2019. Después de su salida, inmediatamente se difundieron datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que durante el sexenio no se habían publicado.

La base de informes completa reporta 292 mil 525 casos de desaparición; de los cuales 111 mil 45 continúan sin ser localizados; 168 mil 256 fueron encontrados con vida y 13 mil 224 han fallecido.

El día en que Karla Quintana renunció, no explicó los motivos, pero adujo que lo hacía “en virtud de los contextos actuales”; aunque trascendió que lo hizo porque se negó a depurar el padrón de personas desaparecidas, acción ordenada por AMLO en mayo pasado.

Fuentes consultadas por A Dónde Van los Desaparecidos informaron que la renuncia de Quintana fue solicitada por autoridades “más arriba de la Segob”.