Hasta el pasado 24 de abril, el coronavirus (Covid-19) había infectado a 81 personas, de las cuales seis fallecieron; esto provocó el cierre parcial de decenas de empresas automotrices como la General Motors, BMW, Goodyear, Automotive, Toyota, entre otras; además dejó en la incertidumbre a decenas de miles de obreros potosinos.

El brutal impacto del coronavirus ha perjudicado a la mayoría de la población, pero también ha generado beneficios para unos cuantos en San Luis Potosí; la contingencia sanitaria cayó como “anillo al dedo” para algunas empresas en las que desde el primer trimestre de 2019 habían bajado las ventas y se hallaban con problemas de sobreproducción. Es el caso de las grandes compañías automovilísticas extranjeras, que el año pasado solo comercializaron 638 mil automotores nuevos en México, el volumen más bajo para un periodo similar durante los últimos cuatro años.

Esta contracción en la demanda las obligó a realizar varios paros técnicos, durante los cuales redujeron salarios y horarios, cambiaron turnos laborales y negociaron prestaciones vitales como las vacaciones. A raíz de la contingencia sanitaria, las trasnacionales están recurriendo a esta misma figura laboral para aplicar descuentos salariales del 30 al 50 por ciento a sus empleados.

Esta circunstancia provoca enorme incertidumbre en los trabajadores, pues temen que la pandemia se prolongue, reduzca más sus ingresos, propicie más desempleo y que la crisis de crecimiento económico pase del 0.1 por ciento, en 2019, a mucho más del tres por ciento negativo que las instituciones financieras pronostican para 2020. 

Es decir, los trabajadores están conscientes de que son los principales afectados en la contingencia sanitaria por el Covid-19 y que la pandemia cargará la mayor parte de sus efectos económicos sobre sus espaldas. Luis G. “N”, obrero de la General Motors (GM), informó a buzos que, como ocurrió en las crisis de 2008-2009 y 2018-2019 (entonces por problemas de sobreproducción), la empresa declaró el paro técnico por la pandemia.

“En esta ocasión se nos informó que debido a las medidas preventivas por la contingencia sanitaria del coronavirus nos iríamos a paro técnico. Éste se inició el 20 de marzo del presente y estaba contemplado que los empleados regresemos a laborar el lunes 13 de abril”, explicó el obrero, quien además comentó que los empleados de la armadora no son los únicos afectados por el paro, sino también los trabajadores de más de 50 empresas proveedoras de la GM. 

La misma preocupación mostró el señor Luis, también obrero de esta empresa, quien procede de Ahualulco, municipio de alta marginación donde vive con su familia, la cual está integrada por esposa y tres hijos.  Su mayor tensión está en la posibilidad de que el paro técnico se alargue y se reduzcan sus ingresos. “Si bien estamos al tanto de la contingencia por esta pandemia, también nos preocupa el pago del salario, ya que no se nos pagará al 100 por ciento, de por sí es poco el sueldo que percibimos, con esta situación, nuestra economía se verá seriamente afectada”.  

Don Luis percibe hasta ahora el mismo ingreso, pero teme que, en breve, se vea en la misma situación de otros trabajadores, cuyos patrones alcanzan arreglos con los sindicatos para negociar disminuciones del 30 al 50 por ciento de los salarios o la percepción normal de éstos a cuenta de las vacaciones laborales. Es decir, les están tomando como “vacaciones” los paros técnicos generados por la pandemia.

Con desánimo y decepción por lo que está ocurriendo, el obrero advirtió a buzos: “Nos piden que nos cuidemos, que no salgamos de casa, lo comprendemos. Pero hay que salir a comprar la comida, los víveres, el jabón, lo que se ajuste con lo que nos van a pagar, que en realidad es muy poco, estamos al día como muchos de los trabajadores potosinos”.

Acerca de los paros técnicos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Gustavo Puente Orozco, confirmó que, en efecto, se han incrementado los paros técnicos, así como las reducciones de turnos para que las empresas no recorten sus plantillas laborales, ya que esto sería de mayor costo para ellas.

Puente Orozco explicó que las fábricas evitan despidos porque los finiquitos serían muy altos y porque después tendrían que capacitar a los nuevos obreros. “Por lo pronto no se tiene información de que se consideren recortes de personal, al menos hasta los plazos que se han acordado en estos paros técnicos. De ser así esperemos que sea el menor número de empresas que se vean en la necesidad de rescindir los contratos laborales”, precisó.

El funcionario afirmó que se vislumbra un escenario económico muy complicado para San Luis Potosí y todo el país. Reconoció que, en este año, no habrá crecimiento en México y compartió el pronóstico de que la economía nacional descenderá dos o tres por ciento.

Trabajadores informales

En San Luis Potosí, como en gran parte de la República, hay otros trabajadores urbanos que se encuentran en peores condiciones que los obreros fabriles: los trabajadores informales que, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), representan el 55 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en la entidad; viven al día y carecen de ingresos fijos, atención médica y prestaciones de seguridad social.

Hoy, en las calles del Centro Histórico de la capital potosina, deambulan solo algunos comerciantes, la mayoría mujeres y ancianos; se ven cabizbajos, tristes y decepcionados porque no hay gente a quién vender sus mercancías. Muchos de ellos están padeciendo hambre; la miseria extrema y la indigencia se ciernen sobre ellos.

Este semanario entrevistó a varios de ellos para preguntarles por qué no han atendido la principal recomendación de la contingencia sanitaria. “¿Quedarnos en nuestras casas? ¡No, porque si nos quedamos en nuestras casas, si no nos mata el virus, nos mata el hambre y nuestros hijos, nietos, no merecen ese final!”, fue la respuesta común de los entrevistados.

La señora Ernestina Gutiérrez, quien se dedica al comercio ambulante desde hace 15 años, describe el dramático panorama social que ahora enfrentan los ambulantes del centro de San Luis capital a causa de la contingencia sanitaria: 

“Somos muchos los potosinos que nos dedicamos a esta labor, porque no hay empleos y los que hay son muy mal pagados y con largas jornadas laborales. Con esto no quiero decir que tenemos los mejores sueldos; no es así, porque la vamos librando día a día. Pero de esta manera podemos estar al pendiente de nuestras familias, tenemos altas y bajas, pero al menos para la comida del día sacamos. Éste no es un modo de vida sencillo, frecuentemente somos amedrentados por las autoridades o por el comercio establecido, como lo son las grandes comercializadoras, que criminalizan nuestra labor cuando lo único que hacemos es salir adelante por nuestras familias. Ahora, por si no fuera suficiente, nos enfrentamos a esta contingencia generada por el coronavirus; algunos compañeros han optado por retirarse y buscar otras zonas de la ciudad para lograr vender su mercancía.

“Las ventas han bajado irremediablemente, entendemos que son indicaciones nacionales. Sin embargo, no todos tenemos la posibilidad de quedarnos en casa; tenemos que salir a buscar el sustento de cada día, y más si hay niños en las familias, ¿qué podemos hacer? Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han mencionado apoyos para nosotros; nos han olvidado. Urge que atiendan a este sector de la población, somos miles de trabajadores informales en el país”, declaró la afectada.

Al igual que la señora Ernestina, hay muchos otros trabajadores en el abandono y la incertidumbre, porque necesitan salir a las calles en busca de trabajo informal: lavacoches, boleros, recolectores de basura, albañiles, empleadas domésticas, cargadores, entre otros; a quienes aún no les alcanza el desarrollo económico.

 En esta coyuntura crítica, una de las mayores causas de la incertidumbre de mucha gente pobre es formulada con estas  preguntas: “¿Cómo los pobres podríamos enfrentar de otra forma la contingencia sanitaria creada por el  coronavirus? ¿Sobreviviremos a la pandemia y al caos económico que el Covid-19 está provocando?”.

Hasta ahora, los gobiernos estatal y federal no brindan respuestas claras; los datos duros de la realidad económica sugieren que el futuro inmediato no es promisorio. En el caso del estado de San Luis Potosí se sabe que, de sus dos millones 845 mil 959 habitantes,  el 44.3 por ciento vive niveles de pobreza (un millón 260 mil 759); que el 36.2 por ciento está en pobreza moderada; que el 7.3 por ciento se halla en miseria extrema y que su población vulnerable se incrementó al 27.7 por ciento de su población, según las más recientes mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En SLP hay numerosos sectores sin drenaje ni agua potable, cuya dotación resulta indispensable para cumplir con una de las recomendaciones sanitarias de mayor difusión para evitar los contagios del Covid-19: lavarse constantemente las manos, desinfectar ropa, superficies y mantener la casa limpia, etc. En gran parte de los barrios urbanos pobres y los ejidos rurales, el abasto de agua se realiza con camiones cisterna (pipas), y el líquido se almacena en tambos, tinacos y cisternas improvisadas.

En la mayoría de los repartos de agua, las amas de casa deben organizarse en brigadas para “cazar” a la pipa de agua; y siempre ocurre que ésta no es suficiente para cubrir las necesidades de las familias. Y mientras esto sucede en las áreas marginadas, como es el caso de la comunidad de Escalerillas, en los comercios, el agua embotellada, el papel higiénico, los jabones y gel antibacterial son acaparados de inmediato por las personas de mayor poder adquisitivo.

Los habitantes de Escalerillas, comunidad potosina que irónicamente se ubica entre las presas el Peaje y San José,  padecen, desde hace muchas décadas, la falta de redes de agua potable y drenaje, pese a que sus vecinos han reclamado constantemente la cobertura de la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e Interapas, y han cuestionado a las autoridades: “Ahora con la contingencia por la presencia de coronavirus, ¿cómo le hacemos para seguir las recomendaciones de salud, si ni siquiera  tenemos agua para beber o para hacer nuestros alimentos”.

Ana Isabel Castro, dirigente del Movimiento Antorchista Nacional (MAN) en esta comunidad, denunció que la pandemia del Covid-19 aumentó la dificultad de la situación ya crítica para población de Escalerillas, porque carece incluso de agua para consumo y la mayoría de sus habitantes sufren enfermedades intestinales, respiratorias y alergias cutáneas, entre otras, precisamente por la falta del líquido vital.

“Las autoridades municipales no deben negarse a dar el servicio de agua potable distribuida en pipas, la que además anteriormente se otorgaba; se les olvida que éste es un derecho estipulado en el Artículo 4° Constitucional, que dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, destacó la lideresa social, quien insistió en que la crisis sanitaria es mucho mayor en este tipo de comunidades marginadas.

“La gente de esta zona y otras tantas que se encuentran en condiciones similares, no tienen la posibilidad económica de enfrentar un caso de contagio por coronavirus, ya que otra de sus carencias es el servicio de atención médica, el sistema de salud público apenas y se da abasto para atender a los enfermos con padecimientos comunes, y los hospitales privados tienen costos muy elevados. Con la crisis, las zonas marginadas realmente están desamparadas.

“El punto aquí es: ¿cómo van a enfrentar, los más pobres entre los pobres, la crisis por la pandemia del Covid-19? ¿Qué expectativas tienen de sobrevivir? Sin trabajo, sin sustento, sin agua, sin drenaje, sin servicios médicos…son los olvidados ante una grave crisis sanitaria y económica. Aquí queda claro que la diferencia de clases permite a unos vivir y a otros los deja morir”, denunció la dirigente.