El gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz cumplió 16 meses recientemente y la corrupción ya se expresa en varias dependencias estatales, entre las que sobresalen las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y Educación de Veracruz (SEV), así como el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En estas oficinas no ha habido hasta el momento una sola amonestación contra los presuntos responsables.

El posible acto de corrupción de mayores dimensiones salió a la luz el pasado tres de marzo, cuando la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (Acevac) denunció, en voz de su presidente Rafael Núñez Landa, que el secretario de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, porque en el sur del estado se adjudicó una obra pública a la empresa morelense Supervisión y Control Total S.A. de C.V. en sociedad con el Grupo Constructor Tcasa S.A. de C.V., de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con datos de compranet, el pasado 10 de diciembre de 2019 Loescon obtuvo 35 millones 710 mil 133 pesos por el contrato de proveedor para la obra de “construcción de pavimento hidráulico en vialidad principal (Carretera Costera del Golfo), entre la carretera Transístmica y retorno de la Carretera Costera del Golfo, en la cabecera municipal de Coatzacoalcos”.

Tal compromiso, según los datos disponibles, se adjudicó el 15 de julio de 2019 mediante licitación pública con el código 2143308; el documento establecía que los trabajos durarían solo 120 días naturales y que el gobierno entregaría 30 por ciento del monto previsto en anticipo, con recursos provenientes del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas 2019.

Sin embargo, según compranet, en enero, cuando la obra apenas tenía un avance de 35 por ciento, Loescon pidió más recursos. Este hecho fue el que indujo a la Acevac a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos (FDCSP), la Contraloría General del Estado (CGE) y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para que investigara esta acción y exigieron la renuncia del subsecretario de Obras Públicas, José Luis Lee Requena y del mismo Elio Hernández, por desplazar a las empresas locales que participaron en la licitación.

“Nuestro estado ya no soporta otro saqueo más como los del pasado. Vamos a estar insistiendo en que las obras las entreguen a las empresas que son de Veracruz y que si reúnen las condiciones para trabajar sean contratadas. Hay mucho desempleo y urge la inversión en obra. Hay miles de millones detenidos porque no vemos funcionarios capaces para ejecutarlos y eso es lamentable”, denunció el empresario constructor.

Cuando el diputado local Gonzalo Guízar Valladares condicionó al funcionario estatal, si consideraba que las constructoras de otras entidades serían más profesionales que las de Veracruz, como sugiere la mayoría de contratos, aquél respondió: “nunca había dicho que las empresas veracruzanas no sean capaces; si no les fueron asignadas obras, es porque no cumplieron con los requisitos que se pidieron en las licitaciones”.

En cuanto a la contratación de empresas locales, recordó que algunas tienen doble domicilio fiscal (en Veracruz y en otro estado); que las foráneas traen poca gente de fuera y dan trabajo a gente de Veracruz y reiteró que la SIOP seguirá buscando “que el recurso se quede en Veracruz y apoyando a las empresas”.

Celso Pulido Santiago, exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reveló que, en 2019, los 43 ayuntamientos veracruzanos del Sol Azteca quedaron fuera del programa de obras de la SIOP, por lo que conforma otra de las voces que pide la renuncia del funcionario titular.

El cambio en el DIF

Un área del gobierno estatal señalada por presuntos actos de corrupción es el DIF estatal. El 1° de marzo, la expanista Verónica Aguilera Tapia dejó la dirección y, en su lugar, llegó Rebeca Quintanar Barceló. Desde entonces, comenzaron las denuncias en su contra por malos tratos al personal y el nombramiento de amigos en cargos de la institución.

Una de sus designaciones más controvertidas fue la de Gilberto Zamorano Morfín, expriista porteño, en el área de adopciones a pesar de que es médico veterinario. Otra fue la de Héctor Fernando Ruz Santamaría en finanzas, pese a que está inhabilitado por Contraloría General del Estado durante tres años, ya que fue subdirector de Contratación y Control de Obra de la SIOP en el gobierno de Javier Duarte.

Otro asunto que le fue cuestionado a Aguilera Tapia fue el contrato que el DIF estatal firmó con Prometeo Proyectos Ejecutivos, S. A. de C. V., que obtuvo gracias a la licitación con número LPN-103C80801/001/2019, por 116 millones 248 mil pesos para cubrir el programa Desayunos Escolares Fríos, que llega a cientos de miles de niños veracruzanos. En la administración estatal, esta empresa vendió leche caduca.

“Durante mi encargo como directora del DIF Estatal, como a lo largo de toda mi trayectoria personal, profesional, empresarial y de servicio público, me he desempeñado en base a los valores formados por mis padres, honestidad, honradez, respeto, justicia. Principalmente amor por mis semejantes, versiones faltas de ética y profesionalismo acusan sin sustento anomalías y desorden en mi administración, tengo mi consciencia tranquila y acabo de realizar mi entrega recepción de acuerdo con lo estipulado por la ley, y siguiendo el procedimiento normal”, afirmó la hoy exfuncionaria estatal al negar un presunto desvío de 400 millones de pesos.

En noviembre de 2019, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) y varios institutos y universidades tecnológicas presentaron una denuncia por posible daño patrimonial por mil 75 millones 224 mil 348 pesos y 73 centavos. La propia SEV presentó 41 demandas contra quienes resulten responsables ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). A la fecha se desconocen los avances de la investigación.

Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron a la SEV y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) porque les adeudan seis millones de pesos. En conferencia de prensa, Procopio Francisco Montoya López demandó que únicamente los aplazan para no cumplir con ese compromiso. “El gobierno del estado de Veracruz ha incumplido con su obligación laboral de contratar aseguradoras para el pago de los seguros de vida y de riesgos de trabajo”, advirtió.

La diputada local Judith Pineda Andrade ha pedido al Orfis, a la CGE y al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que auditen y supervisen inmediatamente el ejercicio del gasto de 2019 hecho por las dependencias del Ejecutivo para verificar si respetaron la Constitución Federal y la del Estado, así como el marco normativo aplicable en adquisiciones gubernamentales.

“Al gobierno de Veracruz se le autorizaron más de 128 mil millones de pesos (mdp) para ejercer en 2019. Al 30 de septiembre, según el informe trimestral del gasto, realizaron ampliaciones por más de siete mil millones, cerrando con casi 136 mil millones de pesos que debieron ejercer para el año pasado”, agregó.

El diputado local Gonzalo Guízar Valladares también solicitó al Orfis un informe financiero de los recursos públicos aplicados en la construcción del Hospital de Alta Especialidad de Coatzacoalcos, así como un reporte del estado y avance real de la obra.

También demandó a la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) para que le informe qué servicios dará este nosocomio, así como los procedimientos utilizados en la adquisición de equipo médico, la contratación de personal, la definición de las cuotas de recuperación y la explicación de las causas técnicas, legales y financieras por las que no ha sido puesto en funcionamiento.

“Llama la atención la inoperatividad del hospital, así como el manejo del dinero público destinado para su edificación, toda vez que no existe información oficial al respecto, ni fecha de apertura de este nosocomio, a pesar de que durante el año 2019 quedó formalmente entregada la obra por parte del constructor”, comentó el legislador.

El diputado local Juan Manuel de Unánue Abascal propuso reformar las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Orgánica del Poder Ejecutivo para establecer la obligatoriedad de los fideicomisos a realizar, por lo menos una sesión trimestral pública para trasmitirla por los medios de comunicación, incluido Internet.

Aclaró que en Veracruz hay 25 fideicomisos instituidos y financiados por el gobierno estatal; que más de 60 por ciento no tienen estructura orgánica y que en el primer informe de labores de Cuitláhuac García no se notificó el alcance de sus objetivos, ni sus resultados a pesar de que tienen un patrimonio de tres mil 908.4 mdp.

“En ambos casos, la información de los fideicomisos es limitada lo que pareciera ser un incumplimiento al Artículo 22º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, reveló.

¿Qué hace la Contraloría?

El pasado 13 de septiembre, el gobernador García Jiménez efectuó el primer cambio en su administración al sustituir a Leslie Mónica Garibo Puga por Mercedes Santoyo Domínguez en la Contraloría General del Estado. La nueva funcionaria fue criticada por no poseer el perfil técnico adecuado para ocupar dicho cargo; es ingeniera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Querétaro) y maestra en control de calidad y administración de la producción por la Universidad Chu-San-Ren en Osaka, Japón.

Después de esta graduación ingresó al Politécnico de California, Estados Unidos (EE. UU.), donde durante dos años realizó prácticas profesionales en liderazgo empresarial, producción, calidad, administración e investigación. Es decir, en ninguna de estas actividades aprendió o practicó el combate a la corrupción. El pasado 11 de marzo, Domínguez declaró que ha aplicado 200 sanciones administrativas y algunas inhabilitaciones y que actualmente se investigan presuntos daños patrimoniales.

“Es tanto lo que hay que lo que tenemos que ver; es primero poner todo en la mesa e ir clasificando lo que todavía está activo y lo que no esté activo, irlo cerrando y lo que no hayan cerrado en otras administraciones. Lo importante es estar en ese camino. Estamos tratando de clasificar lo que está y tener ya el sistema para decir en dónde está”, explicó.

Andy Uriel Hernández Sánchez, vocero del Movimiento Antorchista en Veracruz, lamentó que, mientras esto ocurre, la pobreza, la inseguridad, la carencia de servicios básicos, la falta de agua, el poco acceso a la salud, las carencias en la educación y muchos otros males más, se agravan.

“Quien paga los platos rotos por tener gobiernos indiferentes y corruptos siempre es el pueblo trabajador. Ha llegado el momento de desechar por completo a la vieja clase política que nos ha gobernado por años, entre quienes se encuentran muchos neomorenistas, para llevar al poder a personas surgidas de las entrañas del pueblo trabajador, que conozcan sus necesidades y que junto a éste hayan librado muchas batallas en contra de la opresión y la injusticia”, aseveró Hernández Sánchez.