“¿De qué quieren su nieve?, porque estoy atento a sus profundos argumentos, bien fundamentados”, declaró con burla, el 30 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en respuesta a una pregunta que incluía el cuestionamiento a sus mega-obras (refinería de Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto de Santa Lucía) y la propuesta de analistas y empresarios de destinar el dinero presupuestado a los proyectos en el rescate al empleo y la urgente atención humanitaria para la gente más pobre.

Las críticas a los proyectos “prioritarios” de AMLO se han centrado últimamente en Dos Bocas, Tabasco, proyecto que se convirtió en un pesado lastre que está hundiendo a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que en mayo de 2019, su presupuesto original fue calculado en ocho mil millones de dólares (mdd), cuando el dólar costaba 19 pesos, y ahora la turbulencia financiera se elevó a entre 10 mil y 12 mil mdd, justo cuando el dólar oscila entre 23 y 25 pesos.

La cuestionada inversión petrolera fue, asimismo, uno de los factores que más incidieron en la reciente descalificación crediticia que la agencia internacional Moody’s aplicó a Pemex, de acuerdo con una declaración de Nymia Almeida, su analista líder; pero de la reacción inmediata de AMLO se entiende que mantendrá este proyecto contra viento y marea a pesar de las reiteradas convocatorias a postergarla, porque no hay condiciones para su ejecución.

Políticos, organizaciones civiles y especialistas argumentan que el plan de la nueva refinería perjudica financieramente a Pemex por el notable incremento de su costo. En la misma situación ubican los proyectos del Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, donde también se advierten claras evidencias de inviabilidad técnica, social y ecológica.

Esos mismos actores sociales proponen a AMLO que los recursos financieros previstos para estas obras sean habilitados en el respaldo económico urgente a los más de 30 millones de trabajadores informales –que representan dos tercios de la Población Económicamente Activa (PEA), integrada por más de 56 millones de personas– que ahora se hallan sin ingresos diarios por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19.

Es decir, se le ha solicitado, en específico, que implemente un plan nacional para alimentar, de manera expedita, a varios millones de familias mexicanas que ahora padecen hambruna en las múltiples zonas rurales y urbanas de la República y que reconsidere su rechazo a apoyar financieramente a los seis millones de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que son las principales empleadoras del país y ahora están en riesgo de desaparecer.

Ninguno de estos argumentos ha logrado convencer a AMLO, quien reitera que no modificará sus planes porque considera suficientes los apoyos monetarios que sus programas sociales entregan a 22 millones de personas, elegidas y empadronadas por los “siervos de la nación”, activistas de su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Pero la cantidad de pobres en México son muchos más que los contabilizados por AMLO. El Instituto Belisario Domínguez del Senado estima que cerca del 50 por ciento de los 126 millones de mexicanos sobrevive en la pobreza. Es decir, los pobres en el país son 61.7 millones, casi tres veces más de los que “beneficia” el actual Gobierno Federal.

Entre los actores sociales y políticos que asumen una posición crítica hacia las decisiones del gobierno de AMLO destaca un grupo de empresarios del norte del país que, el pasado 25 de abril, conversaron con los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coahuila y Michoacán para acordar la forma de proponerle la cancelación de los proyectos de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, porque los consideran no prioritarios.

Empresarios y mandatarios coincidieron en la necesidad de modificar el Presupuesto Federal y aplicar los recursos financieros previstos para esos proyectos en la reactivación de la economía, que se halla muy afectada por la parálisis que generó el plan de atención a la emergencia sanitaria por el Covid-19; también proponen una revisión del Pacto Fiscal, porque afirman que la actual distribución del dinero público no es justa respecto a las aportaciones hechas por las 32 entidades federativas.

Dos Bocas: pesado lastre

La senadora panista Kenia López Rabadán manifestó, en la tribuna del Senado, el 22 de abril: “El Gobierno Federal no ha querido reconocer que la refinería de Dos Bocas es inviable y que la carga de esta obra sobre las finanzas públicas detonó la pérdida del grado de inversión de los bonos de Pemex, así como la reducción en la calificación de la deuda soberana (total de las deudas del país)”.

“Este gobierno debe aceptar su responsabilidad histórica y dejar de pensar como candidato en campaña. López Obrador debe abocarse a ser un Presidente responsable. Mientras siga dividiendo a los mexicanos, violentando a los periodistas y aferrándose a las megaobras estará muy lejos de ser un estadista”, expresó la legisladora.

Tras la descalificación crediticia de la agencia Fitch Ratings el viernes 17 de abril, surgió una segunda, aplicada ahora por Moody’s, que redujo su calificación de aa3 a ba2 con la que los bonos de Pemex fueron etiquetados como especulativos –basura, los llaman algunos analistas–. Con este estatus, la paraestatal perdió su grado de inversión, está orillada a solicitar más créditos externos con intereses más altos y obligada a recibir más dinero del Gobierno Federal para poder operar.

El 20 de abril, Nymia Almeida, vicepresidenta de Fianzas Corporativas de la agencia Moody´s, declaró que los principales problemas de Pemex son su elevada deuda y el plan de negocios diseñado por el Gobierno mexicano que no prioriza actividades que generen utilidades sino otros objetivos, como la construcción de una refinería con un fuerte peso sobre el plan de inversiones de la petrolera, pese a su débil situación financiera.

La analista de Moody´s precisó que ahora Pemex se verá obligada a contratar nuevas deudas, porque tiene compromisos de pago de créditos en 2021 por seis mil mdd. Almeida advirtió que podrían ayudarla en algo las inversiones farmouts, con las cuales Pemex aceptaría capital privado y compartiría riesgos en los proyectos de explotación –esquema con el que ya opera en México el multimillonario fondo internacional de BlackRock–; pero aclaró que no serían suficientes para brindarle autonomía financiera.

Este hecho obligará a Pemex a contratar más deuda externa y sostenerse con base en dinero invertido por el gobierno, ya que la degradación crediticia la afectará por lo menos cuatro o cinco años. A este problema se agregó, de acuerdo con Almeida, el recorte de 100 mil barriles de petróleo pactado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El 20 de abril, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA-México, precisó que el desplome de los precios internacionales del petróleo crudo, la reducción en la demanda mundial de combustibles y la carencia de infraestructura de almacenamiento suficiente son factores que refuerzan la necesidad de que el gobierno de AMLO suspenda los planes de incrementar la producción petrolera y construir una nueva refinería en Dos Bocas y reoriente esos recursos a la atención de la pandemia del Covid-19 y la recuperación de la economía, devastada por ésta.  

El analista del sector petrolero David Schields declaró a buzos que el notable incremento en el costo del proyecto de Dos Bocas –derivado de la devaluación del peso frente al dólar– la hace más inviable y la convierte en un grave problema para las finanzas de Pemex: “Hay un agravamiento en la situación financiera y operativa de Pemex, que parecería volver imposible la realización del proyecto de Dos Bocas, un proyecto que tiene muchas deficiencias de concepto y técnicas.

El especialista destacó que el costo del proyecto en pesos se eleva en una proporción equivalente al 25 por ciento, respecto a su presupuesto original. Esto propicia que el dinero de la Secretaría de Energía se quede corto y que el Gobierno Federal disponga de menos ingresos provenientes del petróleo para afrontar sus gastos.

“Creo que sí hay un problema… hay una clara voluntad del gobierno de ir adelante con ese proyecto insignia de AMLO. Creo que es el más representativo de sus proyectos, entre la refinería, el Tren Maya y el Aeropuerto. Pero es un problema muy grave en todo lo relacionado con la salud financiera de Pemex.

“Los proyectos de Pemex son inviables a este precio, empezando por la producción de crudo, el costo para Pemex, al precio de mercado, es de 14.25 dólares por barril en este momento; eso apenas cubre el costo de producción y no se están cubriendo todos los demás gastos que tiene Pemex como el pago de impuestos, salarios, mantenimiento y operación de sus plantas, el pasivo laboral (pensiones)”, explicó Shields.

Los precios internacionales del petróleo crudo se desplomaron a niveles insólitos, incluso llegan a números bajo cero. El 20 de abril de 2020, el barril West Texas Intermediate (WTI) reportó un histórico precio cuando rompió la barrera imaginaria de los cero dólares, ubicándose en -37 dólares el barril de crudo, insólito desplome del 300 por ciento. El WTI corresponde a uno de los precios de referencia, es decir, sirve para fijar otros. El barril de crudo mexicano se ubicó ese día en -2.37 dólares.

Especialistas aseguraron que los precios del petróleo se recuperarían, como de hecho sucedió, pero advirtieron que no había nada claro respecto al tiempo que durará la volubilidad del mercado. En este escenario se halla el precio de los combustibles derivados del petróleo, también dependientes, por ahora, de la inmovilidad ciudadana impuesta por la contingencia sanitaria.

Más costos que beneficios

En una evaluación del proyecto de Dos Bocas elaborado por la organización civil Instituto Mexicano para la Competitividad (Diagnóstico IMCO Refinería Dos Bocas), Jorge Andrés Castañeda, coordinador de proyectos del IMCO y la investigadora Ana Thais Martínez, exponen:

“El IMCO concluye que la refinería de Dos Bocas traerá más costos que beneficios para Pemex y para México, al tener una probabilidad de apenas dos por ciento de rentabilidad, a partir del análisis de 30 mil escenarios financieros, a diferencia de la evaluación de un solo escenario exigido por la SHCP (…).Estos recursos no podrán ser utilizados dentro de Pemex en actividades más rentables que incrementen la viabilidad financiera de la empresa estatal, o para otros fines como educación, salud u otras obras de infraestructura que son necesarias en el país.

“Un descalabro financiero en Pemex puede generar una grave crisis de las finanzas públicas. La empresa necesita un plan de negocios coherente y realista para salir de su delicada situación. Este proyecto es un serio obstáculo para alcanzar ese objetivo (…)” dice el informe.

Kristóbal Meléndez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó a este semanario que el proyecto de Dos Bocas tiene la mayor relevancia política para AMLO y que, por lo mismo, es probable que no vaya a ordenar su suspensión. “Políticamente no sería viable la suspensión del proyecto, por lo cual no se va a dar”. Meléndez declaró que es posible la renuncia a otros proyectos, pero a éste no.

El especialista rechazó la posibilidad de que el Gobierno Federal pudiera echar mano de los recursos, incluidos los del fondo pensionario del país, que asciende a cuatro billones de pesos y está administrado por la banca internacional, que opera en México. Meléndez descartó esta medida con la previsión de que cualquier intento en ese sentido, provocaría un grave conflicto con la banca, que maneja los recursos de las Administradoras de los Fondo del Retiro (Afores) de los trabajadores mexicanos.

En los hechos, parece confirmarse lo que Kristóbal Meléndez afirma sobre los planes del Gobierno Federal vigente: que AMLO tiene la mirada fija en invertir en Pemex. El martes 21 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una nueva asignación monetaria a Pemex por 65 mil mdp de recursos públicos, efectuada mediante una reducción en la tasa de Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que representa el impuesto que la empresa paga por la cantidad de petróleo extraído. Esta decisión tiene como objetivo que Pemex invierta en exploración y extracción de crudo.

Tras las históricas pérdidas reportadas por la petrolera en 2019, cuyo monto fue de 346 mil mdp, analistas criticaron a AMLO por forzar a Pemex a incrementar su producción, pese a la caída de los precios internacionales del petróleo, al elevado costo de producción y a los problemas de almacenaje de hidrocarburos y combustibles en el país.

Ninguno de estos elementos críticos indujo a AMLO a renunciar a lo que considera su proyecto insignia y, según él, su principal apuesta política sexenal. Si se cumplimenta la construcción de Dos Bocas, sería la séptima refinería mexicana en funcionamiento junto a las seis que ya existen y que, según analistas, operan a un 30 por ciento de su capacidad inicial hace muchos años, aunque tanto AMLO como su Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguren que, con su activación, se hará posible sustituir el consumo nacional de combustibles de alta proporción, procedentes de consorcios petroleros texanos.

Durante la actual emergencia sanitaria, Petróleos Mexicanos Comercio Internacional (PMI) continuó con la compra habitual de gasolina importada (según analistas, el 85 por ciento se importa, aunque el Gobierno Federal difunde que solo es el 77 por ciento), de tal forma que se ha generado un “cuello de botella” en el almacenamiento de estos combustibles.

Al cierre de esta edición, entre 67 y 70 buques con capacidad de entre 200 y 300 mil barriles se hallaban varados frente a los principales puertos del país en el Golfo de México, específicamente en las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, porque no podían descargar, ya que los almacenes de Pemex estaban llenos al tope.

Se trata de 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto de combustibles de Pemex, cuya capacidad total es de 11 millones de barriles de combustible, la cual ahora se halla saturada debido a la inmovilidad ciudadana generada por la contingencia sanitaria que ha reducido la demanda de combustibles entre 60 y 80 por ciento.

Cuando una situación así se presenta, la empresa vendedora de la gasolina aplica sanciones de hasta 30 mil dólares diarios por la inmovilización de cada uno de sus barcos. Según el cálculo de los especialistas, Pemex ha acumulado penalizaciones por 200 millones de dólares hasta el momento. El Gobierno buscaba, al cierre de esta edición, la forma de descargar la gasolina en otros buques rentados o apelar a la cláusula de “causa de fuerza mayor” de los contratos para evitar las multas.