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“Transparencia limitada” es un eufemismo o una frase que suaviza la opacidad en el manejo de los recursos públicos durante el primer año del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T). La expresión “transparencia limitada” es del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe general a los legisladores Sobre la Revisión de la Cuenta Pública 2019, palabras que cita hoy el Reporte Especial de esta semana, cuando aborda las numerosas observaciones que la ASF efectuó a las administraciones federal, estatales y municipales del país; dichas observaciones, en su conjunto, revelan un manejo muy turbio, muy oscuro de los recursos de la Nación; son aproximadamente 500 informes individuales del gasto público aprobado en 2019 para los tres niveles de gobierno. Tan solo en el caso de las administraciones estatales, los gastos sin justificar rebasan la cifra de 25 mil millones de pesos, de la cual se ha recuperado hasta la fecha una cantidad insignificante.
Cuando el Presidente, refiriéndose a la reciente cancelación de 109 fideicomisos, dijo que, en gobiernos anteriores, los recursos del erario llegaban a las dependencias encargadas de su aplicación pero nunca se entregaban a sus beneficiarios, no contaba con que las observaciones de la ASF pronto le darían la razón, demostrando que esto estaba ocurriendo en 2019, en su propio gobierno y con mandatarios y alcaldes emanados de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional.
Es escandaloso el monto del dinero “observado”, es decir del que no se informa en qué se gastó ni fue reintegrado a la Federación. Son cerca de cinco mil los procedimientos abiertos por este motivo y más de 14 mil los funcionarios involucrados en esta opacidad en el manejo de los recursos públicos.
La lista de irregularidades que se reportan es muy larga; algunos ejemplos de este manejo turbio son la violación a las reglas operativas de los programas, gastos sin comprobar, pagos excesivos, recursos no ejercidos, pero no reintegrados a la federación y transferencias a otras cuentas bancarias.
El gobierno que prometió combatir la corrupción de los servidores públicos y ofreció administrar los recursos del erario con honestidad y transparencia (características que, dijo el Presidente, son las más importantes en un funcionario) hoy se ve envuelto en un nuevo escándalo al darse a conocer toda una serie de irregularidades inocultables y que demuestran que varios gobernadores, alcaldes y funcionarios federales, principalmente morenistas, son tan corruptos como sus homólogos de gobiernos anteriores.
Entre las asociaciones delictivas que se han conformado en la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador están el Cártel de Caborca, en Sonora; la Unión de León en Guanajuato; y Pueblos Unidos en Michoacán.
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“Los abajo firmantes pedimos a los señores legisladores que reconsideren su apoyo al proyecto para evitar la extinción de los fideicomisos".
Escrito por Redacción