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La relación bilateral, que se basó en la ubicación geoestratégica de México, evolucionó a un vínculo multitemático entre dos Estados desiguales que han sido adversarios políticos, aliados y socios, en cuya asimetría solo importa el interés de la superpotencia y sus élites. Por ello, los acontecimientos en Estados Unidos (EE. UU.) afectan transversalmente la vida de los mexicanos y sus instituciones; además de que se profundiza el debate sobre su mayor integración o dependencia hacia el país vecino, sea con presidentes demócratas o republicanos.
Para México, la elección del titular del Ejecutivo en EE. UU. somete la política exterior a una prueba de fuego, pues se trata de su relación más estratégica. La prioridad de Washington ha sido mantener la estabilidad y seguridad en su frontera. Para imponerse históricamente, ha recurrido a la persuasión y a todo tipo de presiones políticas.
A su vez, el actual gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) parece dispuesto a cumplir con el deseo de su vecino, convencido de que así se le permitirá ampliar su margen de autonomía. Sin embargo, todo indica que no comprende a cabalidad el gran poder e influencia de las élites estadounidenses en la diplomacia que diseña la Casa Blanca hacia México.
Este otoño 2020, México se presenta ante la superpotencia militar como un país desindustrializado, cada vez menos agrícola y sin autosuficiencia alimentaria, cuya economía y comercio son cada vez más dependientes de EE. UU. Así lo revela el estudio Relaciones Económicas EE. UU.-México: Tendencias, Asuntos e Implicaciones que en junio pasado emitió el Servicio de Investigación del Congreso de aquel país.
Ahí se explica la presión de la Casa Blanca sobre México para rediseñar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), que condujo a su nueva versión, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que las élites corporativas de EE. UU. impusieron condiciones como indispensables para garantizar su desarrollo y prosperidad.
La superclase
Hoy, el capitalismo neoliberal, financiero y global impone el momento histórico que devaluó el trabajo, destruyó las relaciones humanas y subordinó a los Estados. La élite es una clase capitalista trasnacional que se organiza en gremios privados con el objetivo de obtener subvenciones y garantías del Estado para su existencia.
La clase corporativa trasnacional impone políticas para “vaciar sin precedentes a la democracia” con mecanismos que doblegan la voluntad de las mayorías, señala el analista catalán Joan Herrera I. Torres.
Estas élites cubren todos los ámbitos del país más rico, poderoso e influyente de la Tierra para que respondan a sus intereses. Son grupos de poder cuyos miembros parecen omnipotentes. Analizar su actuación es necesario para comprender cómo funciona el sistema político de EE. UU. y su sociedad que, como toda organización viva, evoluciona y mantiene sus intereses con la toma de decisiones trascendentes; no es homogénea, sino plural en su forma y capacidad para impactar y decidir sobre la agenda gubernamental. Estas élites dominan todas las instituciones: dictan su política interna y externa, redistribuyen el ingreso a su arbitrio, imponen valores y modos de vida a su sociedad y al mundo.
En contraste, los ciudadanos carecen de esos atributos. Por ello, en EE. UU. no existen democracias sino poliarquías, es decir, una combinación de liderazgos con control de grupos de interés sobre los líderes políticos, indica el politólogo Robert Alan Dahl.
Tal como en los años 50, el sociólogo estadounidense sacó a la luz el rol protagónico de las élites en su país, en los primeros 20 años del Siglo XXI se constata cómo la élite del poder domina en las instituciones, porque es una clase capitalista organizada en asociaciones privadas.
Para identificar a las élites y conocer su dimensión trasnacional basta ver, en la revista Forbes, la lista de las 100 corporaciones estadounidenses más grandes. Esos negocios multisectoriales acaparan el 40 por ciento del comercio mundial, por lo que detentan un peso específico en la economía que ningún presidente, el Congreso o la Corte Suprema pueden soslayar.
En las pasadas décadas impusieron un orden económico con métodos nuevos para explotar mejor la mano de obra y de especulación con el crédito de los ciudadanos. Por esa razón actúan en el gabinete económico-financiero y los representan los secretarios del Tesoro, de Comercio y la presidencia de la Reserva Federal.
Es claro que mientras las nuevas élites adquieren mayor poder e influencia, están más lejos que nunca de garantizar los intereses de las mayorías. Es la “superclase” que tiene autoridad sobre la política de la Casa Blanca a través del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores), otros think tanks (tanques de pensamiento), universidades privadas y corporaciones transnacionales.
El analista Hans F. Sennholz advierte que, aunque a veces esa élite aparenta estar en desacuerdo entre sí y en constante confrontación, cuando hay riesgo para sus intereses, actúa en unidad e íntegramente para defenderlos. Hay dos tipos: Una que se orienta a definir políticas públicas y sus miembros se transmutan en funcionarios públicos o ejecutivos privados para beneficiar a su gremio, describe el analista Joel Ruiz Sánchez.
La otra es la élite corporativa con fundadores, propietarios y socios de compañías y sociedades que producen bienes o prestan servicios para conseguir beneficios en común. El poder de influencia de los consejos ejecutivos de estas transnacionales es enorme dentro y fuera de EE. UU.
En México
La relación bilateral es desigual y su efecto fue adverso para nuestro país. En ese vínculo, una parte (México) es mayoritariamente dependiente de la otra (EE. UU.), y este proceso incluye el rol de las élites del vecino país. Por ello, en su análisis Socios desiguales el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales afirma que nada mejoró en México pese a 150 años de evolución en las políticas de sus élites.
Para el diplomático Jorge Eduardo Navarrete, México ofrece a su vecino-socio un “panorama de desastre”. Su incapacidad para satisfacer las necesidades de educación, salud y empleo obligó a millones de ciudadanos a emigrar.
En reacción con este fenómeno, las élites de la superpotencia impusieron a sus gobiernos la seguridad como asunto prioritario en su agenda con México. Esta presión se proyectó en la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la aplicación de la Iniciativa Mérida. En ambos instrumentos se observa la influencia del grupo de presión armamentista, el más estratégico en la relación con México. Su labor de cabildeo en el Congreso influyó en la política antidrogas conjunta.
A la par se fortaleció la cooperación de inteligencia en materia de inmigración ilegal, seguridad fronteriza, tráfico de drogas y personas. En 2013 se conoció la existencia del Centro de Fusión México, con agentes del Pentágono (Departamento de Defensa) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que opera en la embajada de EE. UU. en México.
Su misión es dar apoyo analítico adicional, según el memorándum del Departamento de Defensa que obtuvo el Archivo de Seguridad a través del Acta de Información. En 2014, el Pentágono erogaba más de 15 millones de dólares (mdd) para capacitar a tres mil miembros del Ejército mexicano, pilotos de la Fuerza Aérea y la Armada.
La razón, según el periodista Jim Michaels, radicaba en que el gobierno de Barack Obama no confiaba en nuestras fuerzas armadas. Entonces, intelectuales y organizaciones lanzaron una campaña a favor de esa capacitación, insinuando las ventajas de pertenecer al Comando Norte, explica el analista David Shirk, del Wilson Center.
Al mismo tiempo, empresas privadas capacitaron, durante nueve años, a dos mil oficiales del 70 por ciento de aduanas mexicanas. Esa red de compañías mantiene un órgano de inteligencia a partir de su alianza con instituciones públicas, según informes de la Cámara de Comercio EE. UU.-México.
Este acercamiento desató tal polémica en México que, en febrero de 2017, el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. advirtió que su vecino del sur “podría enfrentar un cambio político radical”.
Influencia y fortunas
La coincidencia de intereses entre las élites de ambos países aceleró el proceso de integración económico-comercial de México con EE. UU; constata el cabildeo de intelectuales y grupos de interés estadounidenses a favor del TLCAN, a través de sus think tanks, para beneficiar a las élites corporativas; e hicieron lo mismo con el T-MEC.
Congresistas hostiles
Pese a esta influencia de las élites corporativas en México, el dos de octubre, en una misiva a Donald Trump, 43 legisladores de EE. UU. denunciaron la política energética del gobierno de México. Rechazaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) esté aplazando o cancelando autorizaciones a petroleras y denunciaron que la actitud del Gobierno Federal socava el T-MEC, pues “amenaza” sus inversiones y su acceso al mercado.
Los congresistas de ambos partidos, miembros activos de fuertes grupos de presión, califican la posición mexicana de “patrón de obstrucción”, e instaron a Trump a presionar a su homólogo mexicano para que “preserve” las condiciones de la reforma energética que les abrió las puertas. Además, acusaron al Presidente de México por instar a las instituciones reguladoras nacionales para proteger a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las corporaciones estadounidenses en México fueron las beneficiarias que, en la pasada década, tuvieron un crecimiento económico y desarrollo sin precedentes. En el ciclo 2018-2019 obtuvieron beneficios por 677.3 mil mdd.
Además, ninguna universidad privada en México admite que, en 2019, el 51 por ciento de las patentes registradas en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) fueron de compañías estadounidenses. ¡Otro éxito estratégico para esas élites!
A ello se suma el intenso cabildeo de petroleras como Chevron-Texaco y Standard Oil para influir en la reforma energética de nuestro país. Los efectos son claros: en 2019, México exportó a EE. UU. petróleo crudo por 12 mil 46 mdd e importó derivados del petróleo por 19 mil 967 mil mdd. Además de esa colosal dependencia en petroquímicos, se importan alimentos por 20 mil mdd.
De igual forma, las élites tecnológicas de EE. UU. bloquean el uso de Internet libre. De ahí el polémico pacto de cinco años para el desarrollo digital del actual gobierno con Microsoft, que supondrá mayor subordinación.
Desde su canal CNN, Ted Turner III, miembro notorio de la élite estadounidense, decide qué noticias reciben los mexicanos y difunde su rechazo a Trump. Desde miles de sus tiendas, la familia Walton, la más rica del planeta, que controla la mitad de acciones de Walmart, decide el precio y calidad de los productos que millones de mexicanos consumen.
Igual sucede con el mercado en línea que controla Amazon, de Jeff Bezos y que, según reveló un estudio del Congreso de aquel país, resulta “apabullante” la cantidad de archivos con datos personales que controla esa empresa, y que expone gran información de sus clientes dentro y fuera de su país.
Élites institucionales
En EE. UU., el poder se distribuye, más que en ningún otro país capitalista, entre las élites, a pesar de estar organizado en grandes instituciones privadas, públicas o semipúblicas, que cubren desde lo económico, educativo, ocupacional, militar y religioso, explica el abogado español Miguel Jerez Mir.
Esas élites se distribuyen en la Presidencia –que lidera la burocracia civil y militar– el Congreso y el Tribunal Supremo; además de los gobiernos locales y corporaciones que presionan con el cabildeo (intergovernment lobby).
En primer sitio están los amigos del presidente en turno (Kitchen cabinet); le sigue el ejército, que presiona con su poderío bélico y con dos millones de personal militar en activo. Por eso, EE. UU. militarizó su vida cotidiana, como denunció, hace años, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, J. Williams Fulbright.
Hoy, los titulares del Departamento de la Defensa y del Departamento de Seguridad Interior definen los contenidos y el espíritu de su relación con México. El Departamento de Estado se ocupa de las formas diplomáticas.
Los directivos de agencias de inteligencia y seguridad ejercen presión. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su red de empresas, universidades y asociaciones forman el “grupo especial”, como lo llama G. William Domhoff en su estudio: ¿Quién gobierna América? Esa élite formula la política exterior de la Casa Blanca.
También opera el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como grupo de presión elitista, al que el analista Fred J. Cook llama “un Estado dentro de otro Estado”, y cuyos miembros, al fin de su gestión, emigran al sector empresarial y gubernamental. Lo mismo sucede con las élites que dominan los Comités del Congreso.
Las élites se subdividen en urbanas, rurales y costeras, a las que Trump criticó por favorecer a los demócratas. Este subgrupo domina la costa este a través de la Ivy League, conjunto de ocho universidades, de las que egresan los futuros miembros del gabinete y el Tribunal Supremo. Los miembros del Tribunal Supremo egresan de las universidades de Yale, Harvard o Cornell; ellos decidirán de acuerdo con sus intereses, en caso de un eventual juicio postelectoral.
Los medios de comunicación son otro nicho para que los grupos de interés modelen la vida pública. Un estudio de la Universidad de Arkansas y Psycology Today, determinó que el 44 por ciento de altos cargos en The New York Times estudió en una universidad de élite y que la proporción en The Wall Street Journal es del 50 por ciento.
En contraste, desde 2004 han cerrado más de mil 800 diarios locales en EE. UU. y hay condados que carecen de medios, por lo que sus habitantes están expuestos al “apagón informativo”. Es interesante señalar que Trump obtuvo el doble de votos en esos condados y, hoy, una encuesta del Pew Research muestra que solo el 10 por ciento de simpatizantes del magnate confía en la prensa corporativa.
Esta semana, buzos ofrece a sus lectores el análisis de tan reñida contienda electoral en que el voto popular se impuso y cómo los enemigos acérrimos de este triunfo han tenido que reconocerlo.
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Los habitantes de nuestra época tienen una obsesión por consumir y por la apariencia. ¿Qué consecuencias puede traer a la salud mental de la población esta obsesión por consumir y aparentar? Veamos.
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Orbám destacó la importancia de su encuentro con el presidente ruso, al tiempo que acentuó que ningún líder europeo quiere que se desencadene un conflicto.
Jesús Zambrano aseguró que la designación de Lenia Batres Guadarrama en la SCJN confirma que AMLO quiere una dictadura en México al contar con todos los poderes subordinados a él.
Vivimos en sociedad bajo un orden político específico.
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Para Tokio 2020, el gobierno federal aprobó un presupuesto de 2 mil 766 millones de pesos. En 2016, tuvo un presupuesto de 2 mil 825 millones de pesos.
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Escrito por Nydia Egremy
Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.